¿La Comisión Ocasional de Comunicación ha propiciado el debate necesario para formular la ley?
No ha existido debate sobre la ley ni sobre el tema de comunicación. Lo que ha existido es una polarización de posiciones de sectores interesados.
¿A qué sectores se refiere?
Los medios de comunicación y el Gobierno son los sectores que han polarizado el tema. No se dio un debate sobre la ley ni sobre los contenidos. Lo que se dio en un conflicto de intereses.
¿Qué efectos produce la falta de este debate?
Una ley sin rumbo. Las propuestas han sido recogidas, licuadas y el producto es un híbrido de pareceres, que no recoge los principios constitucionales ni garantiza el derecho de la población a la comunicación. No es asunto de licuar propuestas, se debe discutir el derecho a la comunicación, los principios constitucionales y plasmarlos en una ley ejecutable.
Ud. es miembro del Foro de Comunicación, ¿sus propuestas fueron incluidas?
El Foro presentó su propuesta de Ley a través de Pachakutik. Sin embargo, la Comisión adoptó la metodología de recibir muchas propuestas y licuarlas; no generó un proceso participativo real. Por otro lado, la mayoría de miembros de la Comisión no entiende de comunicación.
¿Que es lo más grave de una ley mal formulada?
Lo más grave es que habremos perdido una oportunidad de oro en el país para debatir y discutir sobre el derecho de la población a la comunicación y cómo cada sector se involucra en este proceso. Además, se genera una ley que no va a servir para nada, que reproducirá leyes incompletas, defectuosas y con vicios que no permitirán ejercer el real derecho a la comunicación.
¿Cuáles son esas leyes defectuosas y viciosas?
Hablar de una ley de medios como una ley de comunicación es una aberración. La ley de medios es parte de una Ley Orgánica de Comunicación. No se puede entender a los medios como los únicos sujetos de control ni como únicos generadores de comunicación. Además, la ley concibe a la población como una masa receptora de información y no como un sector activo dentro de la comunicación.
¿Qué reflexiones hace usted en las aulas sobre la ley?
La reflexión más importante es replantearnos cuál es nuestro papel en los distintos escenarios y campos profesionales de la comunicación, ya que se habla de la comunicación como oficio y no como profesión.
¿Cómo ve la creación de un Consejo de Participación con atribuciones de control ilimitadas?
Me preocupa la institucionalización de la participación ciudadana individual. Soy partidaria de las participaciones colectivas y democráticas de las organizaciones sociales. El rompimiento del reconocimiento de las organizaciones a través del Consejo de Participación Ciudadana podría generar problemas de captación de este poder ciudadano por parte de las fuerzas de poder que se manifiesten en la coyuntura. No obstante, la intención de subir la participación ciudadana a un poder del Estado me parece buena. Pero no se puede hablar de un poder ciudadano cuando existe captación del poder.
El presidente Rafael Correa vetó la Ley de Participación para que el Consejo vigile la rendición de cuentas de los medios de comunicación. ¿Existe algún riesgo?
Si el Consejo de Participación Ciudadana se convierte en un ala de ejercicio del poder gubernamental, eso sería un serio riesgo para la libertad de expresión y de opinión.
¿A qué se refiere?
A que la expresión de los medios estaría siempre sometida al ejercicio del poder y a lo que este pueda determinar como normativa para el control. El Gobierno puede controlar las frecuencias pero no los contenidos. Sin embargo, no comparto la manera en que los medios se han apropiado de esta libertad.
Para este veto el Presidente aduce que la comunicación es un servicio público. Pero la ONU y la Constitución dicen que es un derecho ¿Cuál es su lectura?
La comunicación es un derecho. Pero los que permiten que este derecho se cumpla realizan un servicio público y por lo tanto deben rendir cuentas a la población. En este sentido, se deben establecer formas de control ciudadano. Lo que debemos evitar es que estas formas estén unidas a cualquier tipo de poder que pueda generar procesos de coerción a la opinión.
Una reflexión final sobre la ley de Comunicación.
Soy pesimista sobre la ley por los procesos que se han generado. En este sentido, hago un llamado a todos los sectores para generar un debate crítico, que garantice el real derecho del ejercicio de la comunicación.