20 de December de 2009 00:00

La hacienda Timbre, en Esmeraldas, se repartió

valore
Descrición
Indignado 1
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El discurso de Alberto Raad fue emotivo.   “Muchas personas murieron aquí, luchando por un pedazo de tierra. Por eso, hoy les agradezco en nombre de los que están y de los que se han ido”.

Con esas palabras, el  líder campesino agradeció la entrega de garantías de posesión por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las beneficiarias fueron 1850 familias de   Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí.

La ceremonia se realizó, el domingo en la tarde,  en la hacienda Timbre, ubicada en el sur de la capital esmeraldeña. El acto fue parte del Plan de Tierras que impulsa el Gobierno Nacional y busca entregar los terrenos improductivos a la comunidad.  

Raad, de 78 años, mientras hablaba, mostraba su mano derecha, con tres dedos cercenados. “Es la secuela de los enfrentamientos entre campesinos y sicarios, por la posesión de las 900 hectáreas de la hacienda”. 

El predio fue de propiedad del empresario bananero Folke Anderson y estuvo en manos de los hermanos Isaías y de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD). En los últimos años estuvo abandonado.

Hasta la hacienda Timbre  llegaron cientos de campesinos de la Sierra y de la Costa, vestidos con sus mejores trajes.

Todos querían ser testigos del denominado Plan Tierras. El domingo pasado, se entregaron 12 000 hectáreas de las 70 000 que están manos del Estado.

El ministro de Agricultura, Ramón Espinel, insistió en que el  acceso a la tierra no parará hasta que se cumplan 2,5 millones de  hectáreas entregadas a las familias campesinas. “Está planificado que se lo haga en cuatro años”. 

Aunque no explicó dónde están ubicadas  las tierras a redistribuirse, el anuncio aumentó los aplausos y los gritos de los asistentes, la mayoría pequeños y medianos agricultores.

Uno de ellos es Jefferson Zambrano, socio de la Fundación Justicia Verde, que tiene 119 integrantes. Zambrano considera que el Gobierno debe revisar los latifundios. “Hay empresas y ciudadanos que tienen 5 000, 10 000 y 20 000 hectáreas, mientras otros campesinos no tienen nada”.

Labriegos como Gustavo Vera, miembros de la Federación Campesina del Litoral, denunciaron que muchas de estas grandes propiedades se consiguieron ilegalmente con la complicidad de funcionarios del INDA y del propio Ministerio de Agricultura.

Por esa razón,  el Ministro se comprometió a revisar y a  reestructurar dichas dependencias.
Alberto Raad aclaró que la posesión de la tierra es apenas el primer paso para impulsar  la producción. El acompañamiento es otro de los ejes previsto en el plan gubernamental.
Dentro de este marco, Ramón Espinel anunció que presidirá el Banco Nacional de Fomento, para alinearlo con las políticas del Ministerio de Agricultura.

Aseguró  que se entregarán créditos, pero solamente a través de las instituciones financieras campesinas. “Hay 200 bancos comunitarios y cajas de ahorro que están identificadas, pero se deben crear más”. 

Luego de los discursos, a ritmo de Marimba,  se inició la distribución de los certificados de garantías de posesión. En el  galpón,  donde funciona la escuela Folke Anderson, se desató en una fiesta.

Uno a uno fueron  convocados, a través de los alto parlantes, los representante de las organizaciones campesinas de varias provincias, para recibir los certificados.

De esta manera, la hacienda Timbre se repartió en parcelas,  a favor de los socios de la compañía  Nueva Timbre, la asociación 21 de febrero y la Fundación Deportiva Amenaza Verde.

Dentro del Plan Tierras, el martes 22 de diciembre, técnicos del Ministerio de Agricultura y de las organizaciones campesinas visitarán el predio San Esteban, del cantón Cayambe. Ahí se entregarán 300 hectáreas a  110 familias campesinas de la zona.

También se sumará la entrega de la hacienda San Antonio de Valencia, del cantón Mejía, en Pichincha, que estuvo en litigio 22 años. Pero, ahora pasará a manos de los campesinos.

Al igual que en el resto de predios redistribuidos, los campesinos se comprometieron a trabajar apegados al mandanto constitucional del buen vivir y de la seguridad alimentaria. Es decir, dar prioridad al cultivo de alimentos.

El Ministerio de Agricultura realiza un censo en 34 haciendas que pertenecen a los bancos públicos en liquidación. El propósito es verificar quiénes son los campesinos que laboran y viven en esas  tierras estatales. También qué productos cultivan y cómo se financian para las cosechas.

El informe final  servirá como herramienta legal para entregarles certificados de posesión.

Las fincas son administradas por organizaciones que agrupan entre 60 y 140 familias ubicadas en Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro. Los campesinos buscan que se garantice la posesión de las tierras, por temor a que los anteriores dueños o invasores los desalojen  y se queden sin nada.
 

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)