3 de noviembre de 2014 20:31

Gustavo Jalkh: 'No es sana una exposición mediática de los casos que aún no tienen sentencia'

Gustavo Jalkh presidente del Consejo de la Judicatura. Foto: EL COMERCIO

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Estefanía Celi R. Redactora (I)
eceli@elcomercio.com

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó, el lunes anterior, a grupos sociales que demandan una falta de independencia judicial en Ecuador. Las críticas se enfocaron en gran parte en el Consejo de la Judicatura (CJ), órgano administrativo de la Justicia en el país. Gustavo Jalkh, presidente de la institución, asegura que una de las garantías para la actuación de los jueces es la elección por concurso y la carrera judicial, así como el hecho de que ya no haya jueces temporales y que todos tengan mejores salarios.

Las críticas en la CIDH se dieron en dos ejes: por un lado, ciertos casos polémicos, y por otro, la capacidad sancionatoria del CJ. ¿Cuál es su respuesta?

Los representantes del Estado ante la CIDH son la Procuraduría y la Cancillería. Por lo tanto nosotros no hemos enviado, ni se nos ha pedido, una respuesta, en el marco justamente del respeto a la independencia de funciones.

Se expusieron casos como el de los 10 de Luluncoto, Mery Zamora, el caso Mejía. Son procesos que han generado polémica...

La presentación de casos individualizados realmente es inadecuada porque primero tienen que agotarse las instancias nacionales pertinentes para que esto pueda significar una activación internacional. Es extemporáneo, demasiado temprano. Además, si se habla de casos específicos, lo que se debería hacer es denunciar la falta de independencia de un juez en un caso, por la razón que sea, pero tiene que probarse. Eso es lo que no vemos en ninguna de las denuncias presentadas ante la CIDH.

¿No se puede hablar de una injerencia de actores políticos externos en los fallos? El presidente Rafael Correa, por ejemplo, pidió investigaciones para los jueces que ratificaron la inocencia de Mery Zamora...

Los diferentes actores ganan y pierden juicios, y en función de eso emiten opiniones. En algunos casos les gustan las sentencias y en otros casos no. Me refiero a actores políticos de una u otra tendencia, periodistas, gente de la opinión pública. Todos opinan sobre las sentencias. De ahí a hablar que haya una injerencia política tendría que probarse. Yo creo que no es sano que exista una exposición mediática de cualquier estilo de casos que se encuentran todavía en tramitación de la Función Judicial. Lo deseable es que todos dejen en la mayor tranquilidad a los jueces para que decidan.

Pero una opinión del Presidente obviamente tiene su peso. ¿No se puede tomar como una amenaza?

No es solo el Presidente de la República. Lo hacen también los periodistas, actores de opinión pública y política. Pero si hay una sentencia que no es satisfactoria para una parte procesal, puede interponer un recurso, que para eso están. Y eso es lo que se debería hacer.

Justamente las sanciones fueron el otro eje de las críticas. El uso de una figura como el error inexcusable para la remoción de jueces, cuya eliminación fue recomendad por la Veeduría encabezada por Baltasar Garzón.

Esto sería una reforma ilegal mientras esté dentro de las potestades constitucionales del CJ la de órgano de gobierno administrativo y disciplinario, y mientras conste en el Código de la Función Judicial. Eliminar esta figura sería incluso denegar justicia a quienes presenten una queja sobre error inexcusable. Las recomendaciones de la Veeduría pueden ser interesantes, pero mientras las cosas estén en la Ley, el Consejo tiene la obligación de aplicarlas.

En la otra audiencia en la CIDH, que abordó los derechos de los pueblos indígenas, se denunció la sentencia en el caso ‘La Cocha’, de la Corte Constitucional. Se habló de denegación de la justicia indígena.

El reconocimiento de la justicia indígena en nuestra Constitución es realmente un avance democrático. Pero no es que existen dos sistemas jurídicos divorciados, sino que tenemos la justicia ordinaria y la indígena. En este caso, la Corte determinó que los delitos contra la vida deben ser juzgados por la justicia ordinaria, pues la Constitución señala que la justicia indígena aplica para conflictos internos de las comunidades.

El movimiento indígena se ha declarado en desobediencia civil ante esta sentencia. ¿Qué pasa si no cumplen lo establecido por la Corte en algún caso?

Lo que actúen no tendrá ningún efecto jurídico. La Fiscalía seguirá siendo la competente para investigar ese delito.

¿Ha habido diálogo con la dirigencia indígena?

Nuestras conversaciones con comunidades indígenas son permanentes. Esta semana (la última de octubre) hubo una reunión con la dirigencia de Cañar. Así que el diálogo es abierto para la coordinación. Lo que sí es cierto es que falta la Ley de Coordinación. Ese tema está pendiente, y será algo que ayude mucho.

Hoja de Vida

Su trayectoria

Tiene un doctorado en Derecho Internacional en la Universidad Sorbona de París. Es el titular de la Judicatura desde el 2012. Antes fue Secretario de la Presidencia, Ministro de Justicia y Ministro de Gobierno.

Su punto de vista

Las denuncias de casos específicos ante la CIDH son extemporáneas porque no se han agotado todavía todas las instancias nacionales dentro de esos procesos.

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