23 de marzo de 2017 00:00

Guillermo Lasso propone una reforma judicial; Lenín Moreno ofrece consolidar la carrera

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Geovanny Tipanluisa
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El último informe de la Judicatura dice que el país ahora tiene más jueces. Por ejemplo, el 2016 cerró con una tasa de magistrados de 12,60 por 100 000 habitantes, mientras que en el 2012 esa tasa era de 8,44. Igual sucede con el número de fiscales y defensores en Ecuador. Por eso, las autoridades han dicho que el sistema judicial mejoró en este Gobierno.

De hecho, el 25 de enero del 2010, el presidente Rafael Correa dijo que meterá la mano en la justicia, “para mejorar las cortes con las que nadie puede estar satisfecho”. ¿Qué tiene eso de extraño?, se preguntó.

Esa declaración desató críticas, pero en mayo del 2011 el país aprobó la consulta popular para cambiar la justicia. Un mes después comenzó a operar la Judicatura de Transición, con Paulo Rodríguez (ingeniero electrónico), al frente, como delegado del Ejecutivo.


El trabajo de este ente terminó en el 2013 y en su evaluación hubo “cifras positivas”: 80% de causas evacuadas, concurso para jueces de la Corte Nacional (antes del 2008 se llamada Corte Suprema de Justicia), 70% de delitos sancionados.

Pero para entonces también había cuestionamientos por casos como el de Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro ‘El Gran Hermano’, quienes fueron condenados a pagar USD 1 millón de indemnización al Primer Mandatario (06/02/2012).

Ese año, la Corte Nacional también ratificó la condena contra El Universo, que obligaba a cubrir USD 40 millones al Presidente de la República.

En ninguno de los dos casos se concretó el pago, pues fueron perdonados por Correa.

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En julio del 2014, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (de Colombia) y el Instituto de Defensa Legal (de Perú) publicaron un informe y concluyeron que el Gobierno presiona a los jueces dentro de juicios de relevancia política.

Correa restó legitimidad al informe y la Judicatura insistió en que la Justicia no depende del Ejecutivo. Además, en el 2015 dijo que en un año han sido destituidos 110 jueces, pero por negligencia, error inexcusable, retención de bienes, etc.

Ahora, la Judicatura señala que la productividad de los jueces también mejoró. Mientras en el 2012 se despacharon 146 785 causas penales en el país, en el 2016 subió a 367 922.

En la página oficial de Alianza País están publicadas declaraciones que se atribuyen al presidente de la CorteIDH, Roberto Caldas. Allí se dice que él “elogió la reforma judicial en el Ecuador” y la “calificó como la más importante de los últimos años a nivel mundial y que debe servir como un ejemplo en toda América Latina”.

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La vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, Yolanda Yupangui, dice que la independencia judicial se perdió por las políticas aplicadas.

Las propuestas de los candidatos

El 5 de febrero pasado, en el Diálogo Presidencial, el candidato de Creo, Guillermo Lasso, habló de “la independencia de poderes, del fortalecimiento de la función judicial”.

Adelantó que pedirá ayuda a la ONU, “para llevar a cabo una reforma técnica de la justicia y que funcionen los organismos”.
Llamará a una consulta popular para que el país decida si continúan o no en sus cargos los funcionarios de la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Superintendencias, “que han estado ciegos, sordos y mudos durante los 10 años de gobierno de Alianza País”.

En su plan de gobierno, Lasso dice que “es indispensable, que quienes hacen las leyes, quienes ejecuten y quienes velan por su cumplimiento, sean independientes y responsables de su propio rol”.

En cambio, el candidato Lenín Moreno (AP) plantea la necesidad de asegurar que las instituciones y funciones del Estado trabajen “con autonomía, pero sin las broncas del pasado, sino asegurando la gobernabilidad del país”.

En la página 71 de su plan de gobierno ofrece impulsar “mejor atención y mayor eficacia en el sistema judicial, con servicios de calidad y calidez, basados en la transparencia y la rendición de cuentas con participación ciudadana”.

Propone trabajar en procesos de capacitación a jueces, abogados, estudiantes de Derecho en la oralidad procesal.

Además, cree necesario consolidar la carrera judicial, “como base de la independencia judicial”, fortalecer la Defensa Pública, extender las judicaturas y fiscalías a la zona rural.

En contexto

La reestructuración del sistema judicial, encabezada por la Judicatura de Transición, fue vigilada por el exjuez español, Baltasar Garzón. En un informe reveló inconsistencias y falta de reglas claras en el proceso de evaluación de los servidores judiciales.

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