Guillermo Lasso llegó a la diligencia acompañado por quien fue su compañero de fórmula, Andrés Páez, y varios de los legisladores, exlegisladores y parlamentarios andinos del movimiento Creo. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO
Guillermo Lasso, expresidenciable del movimiento Creo, compareció la mañana de este miércoles 14 de junio de 2017 ante la Fiscalía de Fe Pública, en Quito. La diligencia se efectuó dentro de la investigación del caso Cedatos, por presunta falsificación y uso de documento falso.
Lasso ingresó a las 10:00. Y cuando salió de la Fiscalía, cerca de las 11:00, calificó al proceso como una persecución política por parte del Gobierno.
Agregó que Rosana Alvarado fue designada ministra de Justicia precisamente por haber planteado la denuncia en contra de la encuestadora. “Esa es la prueba clara de que se trata de un proceso político y del continuismo del correísmo”.
“Los números que presentó la encuestadora Cedatos contravienen el propósito del crimen perfecto, dejan en claro las irregularidades que sucedieron el pasado 2 de abril”, en la segunda vuelta presidencial, dijo el político y rechazó que se “persiga” a Polibio Córdova, titular de la empresa, porque se quiere “construir un delito donde no existe ninguno”.
Lasso aprovechó la ocasión para dirigirse al presidente Lenín Moreno y pedirle que pase “de los dichos a los hechos”. Cuestionó que no presente proyectos legales que deroguen o modifiquen el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, la Ley de Comunicación y el Código Monetario.
El expresidenciable estuvo acompañado por quien fue su compañero de fórmula, Andrés Páez, y varios de los legisladores, exlegisladores y parlamentarios andinos del movimiento Creo.
Páez coincidió en que se trata de una persecución “demencial” para tapar un supuesto fraude electoral. Confirmó que también fue llamado a comparecer, pero que no se ha concretado la cita.
Además descartó que el movimiento se haya puesto de acuerdo con la encuestadora para alterar los resultados del exit poll, calificó la acusación de “ridícula”. Aunque espera que el caso se lleve con rigurosidad jurídica y no en beneficio del Gobierno.