8 de septiembre de 2015 22:43

Expresidente guatemalteco Otto Pérez a prisión preventiva por corrupción

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Agencia AFP

Un juez dictó este martes 8 de septiembre tres meses de prisión preventiva para el expresidente guatemalteco Otto Pérez, al abrir un proceso penal en su contra por su posible vinculación en un caso de defraudación fiscal que provocó su renuncia el 2 de septiembre.

El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del proceso, ordenó que Pérez sea procesado por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Pérez, un general retirado de 64 años, dijo tras la audiencia judicial que se siente “frustrado” y que no entendió la decisión del juez de abrir el proceso en su contra “sin tener ninguna prueba”.

Gálvez dio a conocer su decisión tras una extensa presentación de los argumentos que recibió de la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad (CICIG), que en su criterio vinculan a Pérez con una red que cobraba sobornos para evadir impuestos aduaneros.

Con ello, Pérez deberá permanecer recluido en el cuartel militar Matamoros, en el centro de la capital.

El exgobernante permanece en ese recinto militar desde el viernes pasado, cuando se le dictó un arresto provisional por riesgo de fuga.

La Fiscalía dispone de tres meses para investigar y fundamentar la acusación y llevar al expresidente a un juicio oral y público. Para ello, el juez programó una audiencia el 21 de diciembre próximo.

Gálvez explicó que existen “motivos racionales y suficientes para creer que el señor Otto Pérez ha cometido los delitos señalados por el Ministerio Público (Fiscalía)”.

Además, determinó la prisión preventiva porque “existe peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad”.

Gálvez aseguró que la intención de la red delictiva era tomar control de todas las aduanas guatemaltecas por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el ente encargado de la recaudación de tributos, para alterar las declaraciones y obtener un porcentaje de la recaudación.

La Fiscalía y la CICIG dieron a conocer la existencia de esa red el 16 de abril, lo que desató la indignación en la población que salió a protestar masivamente semanalmente desde entonces.

La exvicepresidenta Roxana Baldetti también guarda prisión preventiva bajo cargos de dirigir la red criminal junto a Pérez.

Pérez ataca a la CICIG 

Momentos después de escuchar la decisión del juez Gálvez, el mandatario guatemalteco insistió en su inocencia y arremetió contra la CICIG, un ente adscrito a la ONU creado para ayudar a fortalecer la justicia en Guatemala.

“No entiendo por qué estoy ligado a proceso y en prisión preventiva, no lo entiendo porque no hubo un argumento sólido que lo dijera”, dijo a periodistas en la sala de audiencia del juzgado.

“Me siento frustrado de ver cómo el Ministerio Público responde a la CICIG y cómo el juez responde a lo que le dice el Ministerio Público y la CICIG”, aseguró.

Acusó a la comisión de la ONU de presionar a la justicia guatemalteca para inculparlo en la red de corrupción.

Asimismo, consideró que esa entidad “tiene respaldos y responde a otros intereses incluso internacionales, pero no a los intereses nacionales. Nosotros lo que queremos es ver que los procesos se den como deben de ser, que haya jueces independientes, que haya cortes independientes”.

Aún así, Pérez dijo que está tranquilo porque “estoy seguro de no haber participado en ninguna red criminal (...), se va a probar que no tengo absolutamente nada que ver con esto”.

La audiencia se realizó dos días después que los guatemaltecos acudieran a las urnas a elegir a un presidente, un vicepresidente, 338 alcaldes, 158 diputados y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

En esos comicios el comediante Jimmy Morales ganó con 23,86% de los votos, mientras que la ex primera dama Sandra Torres (19,73%) y el magnate Manuel Baldizón (19,63%) se pelean el segundo puesto al contabilizarse el 98,55% de las mesas electorales.

Los guatemaltecos tendrán que volver a votar el 25 de octubre para elegir al nuevo gobernante entre los dos candidatos más votados debido a que ninguno obtuvo más del 50% de los sufragios.

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