Esta semana la agenda política girará nuevamente en torno a los trabajadores. Alianza País tiene previsto realizar un evento de respaldo al Régimen, el sábado, para presentar su proyecto de reformas laborales.
El oficialismo espera congregar a 100 000 personas en la Av. 9 de Octubre, en Guayaquil. En el evento conmemorarán la revuelta obrera del 15 de noviembre de 1922, que culminó en la masacre de cientos de personas a orillas del río Guayas.
El documento será entregado por el presidente Rafael Correa al bloque legislativo oficialista, para que inicie su trámite en la Asamblea Nacional. Por eso, este sábado no se realizará el tradicional enlace sabatino.
El proyecto reemplazará al nuevo Código del Trabajo, que preparaba el Ministerio de Relaciones Laborales. La decisión de no introducir una normativa completamente nueva fue tomada por el Gobierno después de la marcha de las sindicales obreras, del pasado 17 de septiembre. Esto pese a que el oficialismo, y el mismo Mandatario, aseguran que en la concentración opositora solo hubo unas 4 000 personas.
Ese mismo día Alianza País organizó un evento de respaldo a la revolución ciudadana, como respuesta. Según la información oficial, a la Plaza de la Independencia acudieron unos 12 000 ciudadanos.
Esto, sin embargo, contrasta con las cifras de los sindicalistas agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). De acuerdo con sus cálculos, solo en Quito hubo unas 35 000 personas en su marcha, que se replicó en 22 provincias sumando un total de 80 000 manifestantes.
Pero pese a que el oficialismo afirma haber obtenido cuatro veces más apoyo popular en aquella jornada, la decisión de retirar el proyecto de Código Laboral está tomada. El presidente Correa dijo que si los trabajadores no quieren una nueva normativa pueden quedarse con la actual, que data de hace 70 años.
Al igual que con el proyecto de Código, no se sabe cuál es el alcance total de este nuevo paquete de reformas laborales. Sin embargo, el Jefe de Estado ha adelantado que incluirá la figura de despido nulo, para proteger a las mujeres embarazadas de posibles despidos intempestivos, y mayores indemnizaciones cuando se despida a alguien por su orientación sexual.
No obstante el resultado del 17S no fue solo ese. Hace un mes, el Mandatario también anunció la revisión del proyecto que reduciría las utilidades de los trabajadores de las telefónicas del 15% al 3%. El 16 de octubre, indicó que el plan sigue en marcha pero que están buscando un sistema más justo y equitativo.
Los sindicalistas también organizan una nueva marcha, para el miércoles 19 de noviembre, en la que rechazarán el proyecto de enmiendas constitucionales y exigirán el trámite de su propio proyecto de Código del Trabajo, que fue presentado en la Asamblea Nacional hace dos años.
Las enmiendas del oficialismo incluyen modificaciones en aspectos laborales. Se trata de los artículos 229 y 326 de la Constitución, que describen la administración pública y las formas de trabajo, más la disposición transitoria en la que se busca unificar a los servidores y obreros del sector público bajo el mismo régimen, la Ley Orgánica de Servicio Público.
A los trabajadores se sumarán nuevamente las organizaciones sociales y civiles que respaldan su lucha y tienen además sus propias demandas. Para este jueves, 13 de noviembre, está prevista una reunión de preparación con todas estas agrupaciones, en Cuenca, convocada por la Unión General de Trabajadores.