6 de octubre de 2015 20:49

Gobierno Rousseff busca aplazar dictamen que puede derivar en juicio

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Agencia DPA

El gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, recurrió este martes 6 de octubre al Supremo Tribunal Federal para que interceda y suspenda el análisis en el Tribunal de Cuentas (TCU), previsto para mañana, de las finanzas públicas relativas a 2014, que habrían presentado irregularidades, informaron medios locales.

En la sesión prevista para mañana, el TCU analizará las irregularidades detectadas en la rendición de cuentas, y votará si recomendará al Congreso aprobarlas o reprobarlas.

Si el Legislativo las reprueba, la presidenta puede enfrentar un juicio y ser destituida. Según la agencia oficial de noticias "ABR", el pedido fue presentado por el titular de la Abogacía General del gobierno, Luís Inácio Adams, quien alegó que el reglamento del TCU no permite que se voten las cuentas estatales antes de que se juzgue otro pedido realizado el lunes por el Ejecutivo, que fue el de reemplazar al relator del proceso, Augusto Nardes.

El gobierno acusa a Nardes de haber violado la Ley Orgánica de la Magistratura al haber dado a conocer públicamente que votará a favor de la reprobación de las cuentas. Adams recordó que la ley orgánica prohíbe a los jueces "manifestar opinión sobre un proceso pendiente por cualquier medio de comunicación".

En su opinión, si mañana miércoles se vota el análisis de las cuentas, sin evaluar la sustitución de Nardes, el TCU estaría violando el Reglamento Interno del tribunal y el Código del Proceso Civil. La "guerra" entre el relator y el abogado del Ejecutivo comenzó el fin de semana, cuando se supo que el relator recomendaría a los ocho colegas que integran el TCU la reprobación de las cuentas de Rousseff.

En respuesta al pedido de que fuera cesado, Nardes advirtió que no se "acobardaría" ante lo que calificó como un intento de intimidación por parte del gobierno, y negó haber "anticipado el voto", como se lo acusa.

Entre otras irregularidades, el TCU cuestiona el uso de las llamadas "ruedas fiscales", maniobras mediante las cuales el gobierno retiene recursos que debe enviar a los bancos públicos para pagar beneficios sociales, con lo cual "maquilla" los balances. De comprobarse esas prácticas, entre otras que también fueron listadas por Nardes, Rousseff puede ser acusada de violar la Ley de Responsabilidad Fiscal, y sería retirada del poder.

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