10 de julio de 2015 18:15

Gobierno de Obama trata de revivir en Nueva Orleans sus medidas migratorias

La iniciativa del presidente estadounidense, Barack Obama, fue bloqueada el 16 de febrero del 2015. Foto: Shawn Thew/ EFE.

La iniciativa del presidente estadounidense, Barack Obama, fue bloqueada el 16 de febrero del 2015. Foto: Shawn Thew/ EFE.

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Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos presentó el 10 de julio del 2015 a los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, uno de los más conservadores del país, sus argumentos para poder implementar las medidas migratorias y regularizar a cerca de cinco millones de indocumentados.

Esta iniciativa del presidente estadounidense, Barack Obama, fue bloqueada el pasado 16 de febrero por el juez federal de Texas Andrew Hanen y desde entonces, el Gobierno se ha abocado a una batalla legal que tuvo hoy, por el momento, su último episodio.

Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentaron ante los tres jueces del tribunal, los conservadores Jennifer Walker Elrod y Jerry Smith y la progresista Carolyn Dineen King, que la Constitución ampara las medidas que Obama pretende impulsar.

Por su lado, el estado de Texas, que encabeza una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos y opuestos a la regularización de indocumentados, pidió a los jueces que mantengan la suspensión dictada por Hanen, decisión que forzaría el traslado del caso al Tribunal Supremo.

"Cuando los estados operan en el ámbito de la política migratoria, están operando en un campo cuyas competencias son exclusivamente federales", argumentó Benjamin Mizer por parte del Gobierno, al cuestionar la legitimidad de la coalición opositora para poner en duda la legalidad de la regularización.

"Texas cree que puede arrastrar al Gobierno a los tribunales y evitar que se realicen cambios en la política migratoria", agregó el letrado. Scott Keller, abogado de la Procuraduría General de Texas y representante de la coalición opositora, respondió a Mizer: "No estamos tratando de bloquear las competencias federales. Todo lo contrario, queremos que el Ejecutivo respete las competencias del Congreso".

Según Keller, la implementación de la propuesta presidencial supondría "uno de los mayores cambios en la política migratoria de la historia de Estados Unidos", por lo que su aprobación requiere el visto bueno del Congreso, actualmente en manos de los republicanos y opuesto al programa.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU., con sede en Nueva Orleans y con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Arkansas, está considerado como uno de los más conservadores del país y en mayo ya rechazó una petición de urgencia del Gobierno que buscaba levantar la suspensión temporal de las medidas migratorias.

Los jueces Elrod y Smith promovieron esa decisión. "La petición de urgencia era un alivio extraordinario que se pedía al tribunal, la barrera legal que tenía que saltar el Gobierno de Estados Unidos era muy alta", opinó a Efe la abogada Nora Preciado, del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC).

Para Preciado, quien asistió hoy a la audiencia en Nueva Orleans, esta es la "primera oportunidad" que tiene el Gobierno después de la decisión tomada en febrero por Hanen para demostrar que la regularización de indocumentados "no es una medida ilegal". Los magistrados no dieron pistas sobre la fecha en la que emitirán su decisión.

Con un fallo favorable, la Administración Obama aspira a implementar la ampliación de la Acción Diferida (DACA), un programa de 2012 que desde entonces ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes.

También el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que pretendía amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente. Un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI) cifra en 5,2 millones el número total de beneficiados: 3,7 millones elegibles para la DAPA y 1,2 millones para la DACA, de los que 300.000 serían nuevos candidatos tras la ampliación del programa.

Si los magistrados mantienen la suspensión, como auguran muchos analistas basándose en la composición del tribunal y los precedentes, el caso saltará al Tribunal Supremo, que no escuchará argumentos hasta la próxima primavera y no fallará hasta el verano, en plena campaña para las elecciones presidenciales.

Pese a que el Alto Tribunal tiene mayoría conservadora, recientemente tomó decisiones favorables al Gobierno en asuntos clave como el matrimonio entre homosexuales o el programa de subsidios para pagar seguros médicos conocido como "Obamacare". 

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