17 de July de 2009 00:00

El Gobierno, tras los medios locales

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Redacción Política
politica@elcomercio.com

Los grandes  medios no están en los planes de comunicación del Gobierno y, más bien, el Régimen propiciará el desarrollo de los canales de televisión y radiodifusoras regionales y comunitarias.



 76 emisoras
se enlazan   para reproducir las ruedas de prensa   de los ministros de Estado.Ese fue el mensaje  del flamante secretario general de Comunicación, Fernando Alvarado, a los representantes de estos medios, que en la mañana de ayer se reunieron en el Salón de Banquetes de la Residencia del Palacio de Carondelet.

El argumento de Alvarado para excluir a los medios con cobertura nacional es que este sector “trabaja con agenda propia y responden únicamente a sus bolsillos y a sus intereses económicos”.
 
En la reunión, a la que estuvieron invitados 70 representantes, pero llegaron 40 delegados, el Régimen expuso los planes para “mejorar la comunicación” en las comunidades y en  regiones alejadas en las grandes ciudades. 
 
El primer paso es acceder a la información gubernamental. Para ello, el Régimen cuenta con la Radio Pública, Ecuador TV y el periódico
El Ciudadano, que es de circulación quincenal y un portal donde permanentemente se actualiza la información relacionada con  la gestión del Régimen.
 
El interés del Régimen es que estos medios  locales y comunitarios  reproduzcan estos contenidos, pues la Radio Pública  y el canal estatal no tienen cobertura nacional.

Otro puntal será la agencia de noticias que está en  proceso de constitución. Para los próximos días está previsto que viaje a Argentina un equipo de comunicadores de la Presidencia  para conocer una experiencia similar que funciona en ese país.
 
La meta es, a decir de Marco Antonio Bravo, subsecretario de Medios,  que este sea un medio donde se conozcan todos los rincones del Ecuador.

La Secretaría de los Pueblos trabajará en   “alianzas” con estos sectores de la comunicación regional a través de la suscripción de convenios de cooperación.

También nombrará coordinadores de comunicación en cada provincia, con el objetivo de que sean los enlaces de las autoridades provinciales con estos medios.

Tras la exposición, los invitados plantearon varias interrogantes, principalmente relacionadas con la pauta publicitaria. 
Gissella Dávila, de la Coordinadora de Radios Populares, planteó el tema de la pauta publicitaria, pues considera que debe existir transparencia y equidad en el manejo de estos recursos.

Camilo Ponce, presidente del Colegio de Periodistas de Imbabura, también planteó que haya “transparencia” en la selección de los profesionales que participarán en los cargos públicos que se crearán en las provincias.

“No queremos que ocurra como pasó en la designación de un puesto de la Senplades, en Ibarra. Pidieron al Colegio de Periodistas que presente  postulaciones, pero resulta que sin esperar ninguna carpeta ya escogieron  para ese cargo al hermano de una ex asambleísta de Alianza País. ¿De qué meritocracia habla el Gobierno? se preguntó.

Ramiro Cueva, director de Ecotel TV, de Loja,  comentó que los medios de comunicación regionales tienen equipos propios de comunicación para trabajar en temas que son de interés de esas localidades.

Para el comunicador, un tema pendiente, y que no se trató en la reunión, es la concesión de las frecuencias de radio y televisión. Sostuvo que en la zona fronteriza las estaciones deberían tener más potencia para que la señal de estos medios.

Punto de vista
Hugo Carro/ Periodista

'Con productos  profesionales’

Me parece bien que el Gobierno busque esos acuerdos,  siempre que los productos sean  profesionales.  Lo peligroso es la generalización. No creo que todos los medios sean  irresponsables al cumplir su función profesional.

Es recomendable que el motivo fundamental sea el interés común de la gente -lo que da la importancia de la noticia o mensaje-. Que eso  sea el argumento para que un medio se integre o no a una transmisión oficial o difunda un producto del Gobierno.

Hasta las  cadenas nacionales deberían ser para situaciones de excepción, pero como algunos medios  por diferencias políticas con el Gobierno no difunden los hechos, la autoridad se ve en la obligación de hacer cumplir la ley y hacer integrar la cadena.

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