12 de January de 2010 00:00

El Gobierno de Argentina sufrió otro revés jurídico

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Santiago Estrella Garcés
Corresponsal en Buenos Aires

La jueza María José Sarmiento prolongó aún más el incómodo momento político, jurídico y económico que vive el país. Ayer resolvió que las causas por  uso de las reservas del Banco Central (BCRA) para el pago de la deuda y la destitución de su presidente, Martín Redrado, se transformen en juicios ordinarios.

Hasta que las partes, oposición y Gobierno,  contesten y profundicen  respectivamente la apelación de sus fallos de la semana pasada, quedan congelados los USD 6 500 millones del Fondo del Bicentenario. Redrado permanecerá en su cargo, al menos por unos días. 

Lo más probable es que el próximo lunes, en la Cámara de lo Contencioso Administrativo,  se vuelva a tomar el tema, pero ya no con la urgencia que corresponde a una medida cautelar.
 
Fue un lunes inusual de verano. Desde temprano, las horas transcurrían con intensidad por la incertidumbre. Redrado salía de su domicilio “para continuar protegiendo las reservas y los ahorros que son de todos los argentinos”, dijo. Pero llegaba al BCRA, con el anuncio formal del directorio de que no podía tomar ninguna decisión de trascendencia.

No todo ha sido malo para el Gobierno. El juez Norberto Oyarbide (quien sobreseyó a los Kirchner por enriquecimiento ilícito) habilitó la vacancia judicial, que debería durar todo enero, para tratar la denuncia penal del Gobierno contra Redrado por “incumplimiento en sus deberes de funcionario público”. Aun antes de conocer la resolución de Sarmiento, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner insistió nuevamente en que se trataba de “una formidable  maniobra política, mediática y de algunos sectores judiciales. Para que haya   politización de la Justicia es porque hay jueces que deciden tomar decisiones políticas y no jurídicas”.
 
Si la Justicia local asestó un golpe al oficialismo, también el Gobierno debía  mirar hacia Nueva York. El grupo de abogados que defiende al BCRA contra los “fondos buitres” (tenedores de deuda en conflicto judicial), mediante el juez Thomas Giesa, pudo interponer un embargo, si los fondos del BCRA pasaban al Tesoro.

 “No seremos los más simpáticos, pero les puedo asegurar que cuando se trata de los intereses del país, contra otros intereses, que no son malos pero que son intereses de la Argentina, tengan la certeza de que no aflojamos ni  bajo el agua”, añadió la Presidenta.
 
Además,  explicó que el objetivo de los Fondos del Bicentenario se debe a que “Argentina necesita salir imperiosamente del ‘default’ (año 2001) para que las empresas puedan conseguir el financiamiento más barato del mundo.

La diputada oficialista Diana Conti sostuvo “que es extraño que un juez norteamericano (sic) adelante una medida de embargo. Es parte de la maniobra que se trata de instalar para quienes, en lugar de defender intereses nacionales, parece que defienden más los intereses de los fondos buitres”.

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