8 de noviembre de 2017 11:45

16 puntos clave para entender la glosa de USD 41 millones a Marcela Aguiñaga

La entonces ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, en una conferencia en junio del 2011. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La entonces ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, en una conferencia en junio del 2011. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Javier Ortega

La Contraloría ya notificó a Marcela Aguiñaga y a otros siete funcionarios respecto a la glosa de USD 41 millones que fue fijada por la adquisición de los 66 terrenos del Issfa (seguro social militar), en lo que hoy es el Parque Samanes de Guayaquil.

A continuación, los puntos más importantes sobre esta millonaria glosa:

1) La negociación de esos lotes se remonta al 7 de diciembre del 2010. Ese día, ante el notario cuadragésimo de Guayaquil, y bajo juramento, los representantes del Ministerio del Ambiente, entonces dirigido por Aguiñaga, y del Issfa aceptaron las 11 cláusulas del contrato de compraventa.

2) El precio se fijó en USD 48,2 millones por los 66 terrenos. El Ministerio del Ambiente y el Issfa estuvieron de acuerdo y se suscribió el contrato.

3) Cinco años después, en el 2015, el entonces gobierno de Rafael Correa aseguró que hubo un pago en exceso de USD 41 millones por los predios.

4) Ese mismo año, la Procuraduría General del Estado intervino en la disputa, tomando en cuenta que en una de las cláusulas del contrato se fijó que de haber posibles controversias, deben resolvérselas a través de un procedimiento de mediación de este organismo.

5) El 18 de noviembre del 2015, el Procurador suscribió un informe en el que pidió que se “rectifique o modifique” el proceso de compraventa “con la finalidad de que se calcule la diferencia pagada en exceso”.

6) La recomendación no tuvo efectos y, en el 2016, el Gobierno de Correa anunció el débito de los 41 millones de las cuentas del Issfa.

7) El 5 de febrero del 2016, Correa destituyó al entonces Alto Mando de las Fuerzas Armadas, luego de que los generales se pronunciaran en contra del descuento.

8) El 11 de febrero de ese año, Alexis Mera, entonces secretario jurídico de la Presidencia, reconoció que “hubo errores de buena fe” de parte del Ministerio del Ambiente, al pagar los 41 millones demás.

9)
El 12 de febrero, Marcela Aguiñaga también se pronunció sobre este tema. “Como guayaquileña, que ama su ciudad y a sus habitantes, dediqué muchísimas horas para sacar adelante el Parque Samanes. En efecto, es un logro de mi gestión, del cual me siento sumamente orgullosa”, dijo por aquel entonces.

10) En el 2016, la Contraloría intervino en la pugna y analizó la compra de los terrenos, a través del examen especial DAPYAF-0007-2016.

11) 18 meses después, el ente de control confirma que hubo un sobreprecio en la adquisición de esos 66 lotes.

12) Según la Contraloría, a la hora de suscribirse el contrato debió tomarse en cuenta el avalúo catastral del Municipio de Guayaquil, que tasó los predios en USD 7,1 millones; y no el dato de la Dirección Nacional de Catastros (Dinac), que lo fijó en 48 millones.

13) Tras recibir la notificación, Aguiñaga aseguró que se trata de una persecución y que la zona en donde están los predios fue declarada área protegida, por lo que no debía intervenir la autoridad seccional (Municipio de Guayaquil), sino solo el Gobierno Central.

14) La legisladora y el resto de funcionarios señalados tienen 60 días para presentar un recurso de revisión al informe de la Contraloría.

15) Sin embargo, ese trámite es solo administrativo y allí se analizan aspectos de forma, por ejemplo, los tiempos en los cuales se presentó el borrador del informe y otros documentos.

16) Los funcionarios observados pueden recurrir a instancias judiciales, fuera de la Contraloría (Tribunal Contencioso Administrativo, Corte Constitucional) para anular la glosa.

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