11 de March de 2010 00:00

El Estado garantiza la actividad de las camaroneras en el país: Nathalie Cely

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Redacción Negocios

Luego de dos horas de una reunión a puerta cerrada con  la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, ayer en Quito,  los camaroneros salieron de las oficinas de la entidad sin mirar atrás.
 
Solo César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), al no llegar a tiempo al ascensor, se detuvo a explicar a los medios  que “mañana (hoy), en Guayaquil, la asamblea de camaroneros, que reúne a varios gremios, se reunirá para debatir y tomar una posición conjunta sobre las consideraciones que nos dio la Ministra”.
 
Por su parte, Cely aseguró que en ningún momento el Decreto Ejecutivo 261, que limita las áreas de cultivo de los camaroneros en toda la Costa, tuvo el afán de ser cortapisas a la actividad. “Se interpretó erróneamente el alcance del Decreto. No hemos pensado que si un hermano tiene 50 hectáreas de camarón y el otro hermano tiene otras 50 se les expropiará a alguno de ellos. Solo tratamos de mantener un control sobre las concesiones”.
    
Los camaroneros en sus protestas realizadas el pasado martes, señalaban que el Decreto prohibía que los camaroneros tengan más de 50 hectáreas cada uno y que no tengan vínculos familiares. “No es así. No se expropiará ni se impedirá la actividad a las personas naturales y familias que viven de esta actividad”, dijo Cely.

Otro punto de conflicto entre las camaroneras y el Estado es el relativo a la extensión tope de las zonas de producción. El decreto otorga un permiso, como máximo, de 50 hectáreas a las personas naturales y de 250 a las personas jurídicas (empresas).
 
Al respecto, Cely explicó que, en el caso de las personas jurídicas, se empezará a realizar un estudio técnico, que durará un año, en donde se establecerá el tope máximo de las áreas productivas.  Eso sí, se reafirmó que nadie se quedará en las zonas consideradas como reservas naturales.
 
Por último, la Ministra dijo que se conservará en 10 años el permiso de una concesión, en lugar de los cinco años que se estipulaba en el Decreto Ejecutivo.
 
“Todos los  problemas no se hubieran dado si en los diálogos anteriores con los camaroneros nos hubieran hecho observaciones”.

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