25 de octubre de 2016 09:28

Galo Chiriboga: ‘Antes de las acciones de Fiscalía, los procesados dejaron el país’

Galo Chiriboga Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Entrevista al fiscal general del Estado. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Arturo Torres
Javier Ortega

Entrevista a Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado, quien habla de la investigación penal realizada hasta el momento sobre el caso Petroecuador.

El 3 de octubre, la Fiscalía anunció la vinculación del exministro Carlos Pareja y otras 16 personas más al proceso penal por cohecho.¿Cómo entender que dos días después, antes de que el juez se pronunciara sobre este tema, el secretario de la Presidencia, Alexis Mera, haya entregado detalles de la investigación en rueda de prensa?

Esa información ya constaba en el expediente desde el 29 de septiembre. Estábamos en instrucción fiscal, ya era información pública. Alexis Mera es abogado denunciante e interviene en el proceso. No es que hubo una información privilegiada para el Ejecutivo ni mucho menos.

El viernes pasado, 18 días después, recién se oficializó la vinculación y se ordenaron las prisiones. ¿Por qué no se fijó la fecha antes, si ya había evidencias suficientes? ¿Por qué la Fiscalía no insistió?

Nosotros insistimos en que se adelantara la fecha, lamentablemente la agenda del juez no lo permitió. Hubo muchos días de diferencia entre el pedido y la realización de la audiencia. Pero insisto: antes de las acciones que realizó la Fiscalía, todas estas personas, vinculadas con los delitos que se investigan, ya habían salido del país, desde mayo a septiembre.

¿No hubo retrasos?

No, no contábamos con el reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que nos llegó el 15 de agosto, ni con la Asistencia Penal de Panamá, que se incorporó al proceso el 29 de septiembre. Apenas supieron lo de Álex Bravo, que fue detenido el 17 de mayo, los sospechosos empezaron a abandonar el país.

Entonces, la Fiscalía no tenía elementos suficientes para evitar que estas personas salgan del país?

No. Solo tuvimos pruebas cuando recibimos la información de la UAF y la Asistencia Penal de Panamá. Si formulamos cargos sin evidencias, los jueces la pueden rechazar.

Sin embargo, la Comisión de Justicia de la Asamblea ha criticado a la Fiscalía por no haber solicitado medidas cautelares oportunamente.

El informe que nos envió la Comisión de Justicia no se relaciona específicamente con los contratos de Petroecuador, sino con inconsistencias en la declaración de bienes de Carlos Pareja. El informe se aprobó el 9 de agosto, y el 2 de septiembre Cristian Viteri (integrante de esa mesa legislativa) los envía al fiscal Franklin Bravo. Insisto, allí no se hace referencia a las transferencias recibidas por la empresa Capaya, desde la cuenta de Girbra, cuyo dueño es Álex Bravo. No se menciona porque eso no se conocía. El informe de la UAF es del 15 de agosto; es decir seis días después.

Galo Chiriboga video

De todas formas, ese informe muestra algunas evidencias, ¿Por qué no se tomaron en cuenta?

En el caso de Carlos Pareja, la Fiscalía no puede actuar si no tiene un informe de la Contraloría, con indicios de responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito. Actualmente se investigan varios delitos: la vinculación de Pareja es al caso de cohecho, no al de enriquecimiento ilícito. El cohecho se presume con base en los informes de Panamá, que evidencian que contratistas de Petroecuador tienen negocios con la empresa Girbra, de Álex Bravo, y con Arkdale, de los hermanos Baquerizo. De las cuentas de Girbra se transfieren fondos a Capaya, a familiares de Pareja, y a la firma Escart, de Arturo E., asesor de Pareja.

El Defensor Público también ha dicho que hubo demoras. Cuestionó que no se haya pedido, por ejemplo, la prohibición de salida del país de Pareja.

El Defensor Público sabe que no se puede pedir prohibición si no hay un proceso en firme. Respeto el trabajo del Defensor, pero sus declaraciones salen del ámbito jurídico a un ámbito distinto.

Precisamente, el Defensor Público sostiene que este y otros casos demuestran que solo se persigue a los pobres y no a los ricos. Además habla de un abuso en la aplicación del procedimiento abreviado.

No se ha procesado solo a los pobres. La lista de casos es extensa. Por ejemplo, la asambleísta Esperanza Galván fue sentenciada por cohecho; en el caso Raúl Carrión hemos obtenido tres sentencias; en Cofiec, ocho personas tienen reclusión de ocho años. El problema no está en el procedimiento abreviado, sino en que la ley permite ese procedimiento. En el futuro, de todas formas, vale la pena que se revise esta normativa.

No solo es la Ley. Es la Fiscalía la que llega a un acuerdo con el procesado.

La Ley nos permite esa negociación; solo así hacemos ese procedimiento.

El 10 de noviembre se tramitará la audiencia para resolver el pedido de Álex Bravo, de acogerse a este proceso abreviado. ¿Van a negociar con él?

La Fiscalía no aceptará el procedimiento abreviado si él solo reconoce su culpabilidad. A nosotros nos interesa mucho más que mencione todos los nexos que puede tener esto. Pero ni aún con ese evento aceptaríamos el procedimiento porque la información ya la tenemos.

Otro tema que se cuestiona es la fuga de Jaime Baquerizo. ¿Qué pasó?

Estamos investigando cómo Baquerizo salió por Perú teniendo orden de prisión.

¿Pero por qué la Fiscalía no pudo concretar la deportación de Baquerizo?

Perú consideró que no cabía su detención con fines investigativos. Hicimos varias gestiones, pero ese país, de forma injusta, no cooperó; aunque nosotros si lo hemos hecho.

Pero también se critica que usted esté al frente de la investigación, pese a haber creado en Panamá la offshore Madrigal Finance Corp.

Presenté todos los descargos de esa operación y lo justifiqué plenamente en la Asamblea. Aquí hay algo perverso porque es una empresa constituida hace 17 años, con un fin eminentemente jurídico. No he cometido ninguna infracción, según la investigación de las autoridades panameñas que yo solicité .

¿No hay ningún conflicto de intereses?

Ninguno. Esto es muletilla de todos los días. No he tenido ninguna inconducta en este caso. ¿Cuál es el argumento de los Papeles de Panamá? Que se crean empresas para evadir impuestos o para meter plata de robo. Hace 17 años yo no podía suponer que iba a ser fiscal del Estado. Tener una empresa en Panamá no es ningún delito o infracción.

Pero es el Gobierno el que está tratando de posicionar esa tesis, de que tener inversiones en paraísos fiscales es un delito.

Pero el tema es más de fondo: es un delito cuando el jefe de una banda delictiva constituye una empresa en Panamá para mandar sus recursos mal habidos. También cuando un funcionario público abre empresas para desviar recursos.

¿Se ha politizado todo este tema, que surgió tras la revelación de los Papeles de Panamá?

Es un hecho que tiene un fuerte ingrediente político, porque un alto funcionario del Gobierno está presumiblemente vinculado, y eso tiene una connotación política evidente; pero la Fiscalía no puede dejar politizar los casos, que politicen los que están en esa actividad. El tema es que la Fiscalía no puede dejarse influenciar por la situación política a favor ni en contra de nadie. Nosotros investigamos y vemos la evidencia. En función de eso nos pronunciamos.

¿Qué ha pensado hacer luego de que termine su gestión, el próximo año?

Volver a mi actividad profesional. Habrá una cantidad de acciones (en mi contra) y estaré aquí para dar la cara.

Galo Chiriboga Zambrano

Su experiencia
. Galo Chiriboga Zambrano es doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene estudios en Francia, España y Colombia.

Sus cargos.  Es fiscal general desde julio del 2011. También ocupó la presidencia de Petroecuador, entre el 2006 y el 2007. Fue ministro de Recursos Naturales No Renovables.

Frase.
"La Fiscalía no puede dejarse influenciar ni politizar los casos, que politicen los que están en actividad política”.

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