Desde 1979, el padre José Carollo organizó actividades y servicios sociales bajo la estructura de la Fundación Tierra Nueva, ubicada en el sur de Quito. Eso con el propósito de ayudar a las personas de escasos recursos económicos de ese sector de la ciudad capitalina. En un inicio, la institución fue constituida como Asociación Banco de la Providencia y en 1992 su nombre se modificó llamándola fundación. “La Fundación Tierra Nueva no trabaja por fines de lucro, todo es por solidaridad”, decía Carollo.
Tierra Nueva presta servicio de guarderías, casas parroquiales, centros juveniles y, hasta el momento, el servicio de consulta externa del hospital Un canto a la vida. Este servicio se inauguró el 12 de diciembre de 2006 y atiende a un promedio de 60 000 pacientes por año. Además de las especialidades, los pacientes pueden realizarse exámenes de laboratorio, electrocardiogramas, suturas, vacunas y curaciones. Las obras sociales del padre Carollo fueron respaldadas con ayuda extranjera.
Para el padre, quien falleció en mayo de 2005, Tierra Nueva quería vivir una misión, “Ser para todos, especialmente para los más pobres, una esperanza de vida y una vida digna”.
Entrevista a Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente
‘El Gobierno no puede concentrar más medios’
Redacción Política
¿La comunicación estuvo en la agenda política inicial de Alianza País?
Sí, definitivamente.
¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática?
En el Plan de Gobierno fuimos categóricos al proponer un país con medios de comunicación que presenten de forma objetiva e independiente los sucesos nacionales e internacionales. Medios el que el análisis de la calidad de vida de la sociedad sea la primera prioridad de la información, en el que la denuncia de la corrupción no sea un simple escándalo, en donde el respeto a la honra ajena sea práctica normal.
A su juicio, ¿cuándo surgió esta necesidad política de buscar regulaciones para los medios de comunicación?
No puede haber ningún sector al margen de la Ley. La comunicación y los medios de comunicación no son una excepción.
¿Está usted de acuerdo con una ley que ponga regulaciones a los medios de comunicación? ¿Cuáles serían estas áreas reguladas?
El gran objetivo de la Ley es garantizar la libertad de expresión de toda la ciudadanía, no solo de quienes hacen comunicación social como profesión. Esto implica establecer normas que aseguren el acceso equitativo de la ciudadanía a los medios de comunicación, la democratización de estos y la transparencia que ayude a que estos objetivos se cumplan. Esto lleva, por ejemplo, a eliminar estructuras oligopólicas o monopólicas en la propiedad de los medios de comunicación; ninguna persona debería tener más de cinco frecuencias, para mencionar algo concreto.
¿Por qué está aquí?
Su experiencia. Fue uno de los mentalizadores del proyecto político de Alianza País. Se preocupó para que dentro de este programa también constara el tema de la comunicación. Es crítico de varias resoluciones adoptadas por la mayoría de la Asamblea Nacional. Está alejado del oficialismo.
¿Y el Gobierno?
No puede concentrar medios de comunicación; los medios de comunicación públicos deben ser también regulados. Así, los medios que controla el Estado a través de la AGD deberían pasar a ser manejados por las principales universidades públicas del país. Por igual hay que establecer las condiciones para el funcionamiento de este servicio público, asegurando su universalización…
¿La revisión de las frecuencias debe ser parte de la Ley?
En la Ley hay que establecer mecanismos claros para revertir inmediatamente la concentración de frecuencias de radio y TV. Este se dio en clara violación de los preceptos constitucionales y legales vigentes. Fue un proceso de apropiación indebida de bienes públicos.
¿Cómo lograr que la Ley que se debate en la Asamblea no se circunscriba únicamente entre los medios y el Gobierno?
Abriendo el debate. Desterrando todas aquellas actitudes que lo frenan. No se puede tolerar la prepotencia del Régimen. Tampoco es aceptable la manipulación de algunos medios de comunicación, sobre todo los más grandes e influyentes, que enrarecen la discusión, por ejemplo catalogando a priori el proyecto de ley de Comunicación como ley mordaza, cuando en realidad parece que para los dueños de esos medios este proyecto sería una ‘ley bolsillo’ en tanto afectaría a sus intereses particulares…
¿Al Estado le corresponde establecer las políticas de comunicación?
Eso manda la Constitución de Montecristi, aprobada por la mayoría de la población.
¿Está usted de acuerdo con la creación de un órgano de regulación, en este caso un Consejo de Comunicación?
Totalmente de acuerdo.
¿Cómo evitar que este Consejo de Comunicación responda a las coyunturas políticas gubernamentales?
Eso se asegurará en la medida que sea la ciudadanía la que integra mayoritariamente dicho Consejo.
¿Es necesario que dos representantes del Gobierno Nacional estén en este Consejo de Comunicación?
Con un representante sería más que suficiente.
¿Cree usted en la autorregulación de los medios de comunicación, como plantean algunos sectores?
No nos engañemos, en arca abierta el justo peca… Además, muchos medios de comunicación defienden intereses de grupos oligárquicos, no son garantes de la libertad de expresión.
Varios organismos internacionales coinciden en que la profesionalización de los comunicadores atenta contra la libertad de expresión.¿Cuál es su opinión al respecto?
Coincido con esa apreciación. Lo que sí creo indispensable es la incorporación de artículos que aumentan las protecciones a los comunicadores y las comunicadoras. Hay que fortalecer su estabilidad laboral, sus ingresos y sus mecanismos de defensa sindical. Debería promoverse la constitución de consejos editoriales y de redacción en cada medio de comunicación. Hay que impedir que la precarización laboral sea una de las causas de la desinformación y la manipulación de la información.