9 de febrero de 2017 00:00

12 burócratas de Petroecuador no justificaron USD 6,7 millones de sus patrimonios

También es investigada por la Contraloría la gerencia de Transporte y Abastecimiento de Petroecuador. Foto: Archivo / EL COMERCIO

También es investigada por la Contraloría la gerencia de Transporte y Abastecimiento de Petroecuador. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Gabriela Quiroz
y Sara Ortiz 
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Desde junio del 2016, un mes después de que se destapó el escándalo de corrupción en Petroecuador, la Contraloría envió a la Fiscalía 12 informes con indicios de responsabilidad penal de funcionarios y exfuncionarios de la petrolera.

Ocho meses después, nueve de estos casos por posible enriquecimiento ilícito y perjurio siguen en indagación previa y son reservados. Apenas en tres casos se formularon cargos y pasaron a instrucción fiscal, que es la fase pública.

Los servidores públicos no pudieron justificar el origen de bienes y/o transferencias e ingresos por USD 6,7 millones, como parte de los exámenes especiales a sus declaraciones patrimoniales juramentadas.

Entre los casos que siguen en indagación previa está el de Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, quien no informó en sus declaraciones la apertura de su ‘offshorepanameña, Horgan Investments INC., en octubre del 2012.

Este proceso se conoció el 30 de noviembre pasado, en la comparecencia del contralor, Carlos Pólit (con licencia) en la Asamblea. Ahí explicó que cuando “un funcionario no declara un bien, una empresa que poseía en Panamá, eso configura un posible delito de perjurio”. Ese mismo día, Merizalde negó haber cometido un delito. De hecho, calificó este caso como una “omisión involuntaria” y ha reiterado que la empresa no tuvo movimiento y fue cerrada tras el pedido del presidente Rafael Correa. Su caso está en indagación desde el 28 de octubre pasado.

Esta empresa se abrió a través del abogado Frank Chatburn, quien consta como intermediador de 25 ‘offshores’ de paraísos fiscales, en los ‘Panama Papers’. De estas, en 25 se han identificado firmas relacionadas con Álex Bravo, Arturo Escobar, exfuncionarios de Petroecuador. También, de los empresarios Fabrizzio Yannuzzelli, Ramiro Luque y Glenda Meza. Todos procesados por presunto cohecho.

Otro exgerente de la petrolera, cuyo nombre no se puede publicar porque la investigación aún es reservada, no informó ni justificó transferencias fuera del país por USD 221 540 ni la apertura de una póliza por 45 280, que realizó su cónyuge. Por esto se indaga un presunto enriquecimiento ilícito. Este Diario accedió al flujo migratorio de los investigados y se observó que tres estarían fuera del país y seis no registran salidas (ver cuadro).

Los tres exfuncionarios a los que ya se les formuló cargos son: Álex Bravo, exgerente de Petroecuador; Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos; y Michael Manzano, exabogado de la petrolera y con orden de prisión. Bravo tiene audiencia preparatoria de juicio por supuesto enriquecimiento hoy, 9 de febrero, a las 09:00. En el examen de Contraloría no justificó más de USD 1 millón. Su abogado ha reiterado su negativa de hablar con la prensa.

info Petroecuador

8 contratistas indagados

Los informes con indicios de responsabilidad penal se extendieron también a ocho empresas contratistas, tras la revisión de los procesos precontractuales, contractuales, de ejecución, supervisión y liquidación de contratos firmados con Petroecuador.

A excepción de un contrato de servicios de vigilancia de instalaciones, la mayoría de acuerdos está relacionado con la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

De las ocho empresas indagadas, los representantes de dos constan en un proceso abierto por peculado y otros dos están vinculados con el caso de cohecho. De estos casos, siete continúan en indagación previa por peculado, aunque fueron remitidos desde febrero del 2016 a la Fiscalía.

EL COMERCIO consultó a la Fiscalía las acciones realizadas en cada caso, pero hasta el cierre de esta edición no tuvo una respuesta. Entre estos informes con indicios de responsabilidad penal está señalada la empresa que fiscalizó y gerenció la rehabilitación de la Refinería. La Contraloría también halló evidencias de un posible peculado durante el análisis a los gastos por servicios contratados por la Gerencia de Refinación, excepto los de mantenimiento.

También es investigada por la Contraloría la gerencia de Transporte y Abastecimiento de Petroecuador. Allí, el órgano de control examinó las transferencias de una cuenta y halló inconsistencias.

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