24 de agosto del 2016 00:00

Funcionarios del Estado participan como comisionados

El Cpccs avanzó ayer en los concursos para Consejos de Igualdad y Defensor. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Política
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politica@elcomercio.com

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ha designado, desde 2011, a 44 de las máximas autoridades del país, para ocupar los cargos titulares en 11 instituciones. Todos por concurso, con excepción de las Superintendencias, que salen de las ternas del Ejecutivo.

Ahora están en curso la selección de dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), de la Defensoría del Pueblo, los Consejos de Igualdad, la Contraloría y la Fiscalía. Cada uno en distintas etapas.

En julio del 2015, los propios miembros del Cpccs fueron renovados. Y de los siete funcionarios que salieron, apenas dos no tenían cercanía política con el Gobierno: Andrea Rivera y David Rosero. Por lo que la mayoría de concursos fue cuestionada por ellos.

Las críticas más marcadas a estos procesos fueron contra la conformación de las Comisiones Ciudadanas de Selección (CCS). Estas se encargan de llevar adelante los concursos y seleccionar a las nuevas autoridades. Están conformadas por 10 personas: cinco delegados de las funciones del Estado y cinco de la ciudadanía, elegidos también por concurso. “Hoy, las cinco funciones del Estado son cercanas al Gobierno, ya desde ahí hay problemas”, explica Rivera.

Agrega que ahora los siete consejeros que eligen a los comisionados también son afines al Régimen, por lo que “ya podemos imaginar estos otros cinco comisionados cómo van a ser”.

Juan Antonio Peña, consejero del Cpccs, defiende estos procesos y afirma que la ciudadanía participa de inicio a fin. Primero, con la veeduría, desde que comienza el concurso hasta que termina, después con la comisión de selección que lleva el concurso y en la etapa de impugnaciones.

Sobre la cercanía de los consejeros y los comisionados con el Gobierno, Peña responde que “si queremos hablar de más transparencia participemos más, mientras más participación, más transparencia”.

Pero Rivera agrega que estos procesos han generado desconfianza en la ciudadanía y que la participación es cada vez menor.

Los consejeros se estrenarán con la primera renovación parcial del TCE. El concurso fue suspendido en noviembre pasado. Por ende, los actuales magistrados están prorrogados en funciones. Pero el Cpccs espera finiquitarlo hasta noviembre. Peña aclara que esta comisión es la única que está en funciones.

El organismo está conformado por Santiago Ribadeneira Orti, Cecilia Bermeo Peralta, Francisco Calvas Preciado, Kenya Suárez Reyes, Gustavo Páez Romero, como ciudadanos. De ellos, Ribadeneira y Páez fueron funcionarios de la Vicepresidencia y Suárez trabajó en la Secretaría de la Política.

Por las Funciones del Estado están Andrea Quillupangui Velasteguí, Jorge Touma Endara, Gloria Gavilanes Rodríguez, Christian Machado Granda y María José Moreano Rodríguez.

Al concurso para elegir al Defensor del Pueblo, también las Funciones enviaron a sus delegados ya. Por la Electoral: Danilo Zurita Ruales y Barbara Moya Rubio, ambos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Por la Legislativa: Tatiana Torres Tapia y Pablo Vásquez Vásquez.

Por la Ejecutiva: María Noboa Tapia, del Ministerio del Trabajo, y Luis Jara Pullas, del Instituto de Patrimonio Cultural. Por la Judicial: Paola Chávez Rodríguez y Gerardo Morales Moncayo, ambos del Consejo de la Judicatura. Y de Transparencia: Fernando Jácome Jiménez, de la Contraloría, y Jimena Segura Martínez, de la Supercom.

Para la selección del Contralor, solo constan los delegados de la Asamblea. Ellos son Blanca Cáceres Cabezas y William Alfredo Carrillo. Y de la Función Electoral, Clara Quishpe Fuel y Alex Guerra Troya, ambos del CNE.

El segundo ya fue delegado, en junio del 2011, para la Comisión que designó al Defensor del Pueblo.

En contexto

El Consejo de Participación Ciudadana designa por concurso público a las autoridades del CNE, TCE, Defensorías, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, Fiscalía... Hay un proceso de veeduría para transparentar la selección.

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