15 de November de 2014 21:33

Las fumigaciones en Colombia alertan otra vez a los campesinos

500 familias de la frontera reciben un bono de reparación por las asperciones. Foto: El Comercio.

500 familias de la frontera reciben un bono de reparación por las asperciones. Foto: El Comercio.

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Ricardo Cabezas. Redactor (I)ricardo.cabezas@elcomercio.com

Cochas de Betano es un pequeño pueblo que está en el límite de la frontera norte. Solo el río San Miguel lo separa de Colombia. Allí viven 36 familias que levantaron sus casas de madera alrededor de la cancha de tierra para jugar fútbol.

El martes (11 de noviembre), este Diario entró a ese caserío luego de que en Quito, grupos de DD.HH. denunciaran que este y otros lugares de la frontera ecuatoriana son afectados por fumigaciones desde ese país.

Ese día, unos estaban en las casas y otros en el campo. Todos hablaban de esas aspersiones que son programadas para erradicar los cultivos ilícitos en el lado colombiano.

A cinco minutos del pueblo, en canoa, está un terreno que lo conocen como el cementerio del glifosato, porque están enterrados tres niños que murieron antes de nacer. Eso ocurrió en el 2003, bajo las fuertes aspersiones.

La gente recuerda que en “los últimos tiempos” no habían tenido señales de los químicos hasta que en estas semanas los niños comenzaron a sentir náuseas, vómitos y afecciones estomacales.

En otros pueblos sucede algo similar. Barranca es un ejemplo, se encuentra a 500 metros del río San Miguel, y separa Sucumbíos del Putumayo colombiano.

Una mujer cuenta que en esa localidad se escuchan los motores de las avionetas y helicópteros que vuelan en el día.Julio Rosero, propietario de la única tienda del poblado, asegura que en la última semana se terminaron los fármacos para frenar los vómitos y náuseas de los infantes. Pero no sabe si esas señales tengan relación con las aspersiones.

Los dos hijos de la profesora Alicia Lombeira también enfermaron. Por eso los sacó del lugar y los llevó a Lago Agrio. Pero prefirió no referirse a las causas del malestar.

El gobernador de Sucumbíos, Yofre Poma, reconoce que han recibido denuncias con relación al sobrevuelo de avionetas y helicópteros.

Incluso, el 7 de noviembre pasado, unos 150 manifestantes de comunidades colombianas llegaron al puente internacional sobre el río San Miguel para solicitar la intervención del Ecuador.

Durante la cita binacional con sus homólogos de Colombia efectuada en Tulcán, el director adjunto para los DD.HH. de la Defensoría del Pueblo, Patricio Benalcázar, dijo que hay preocupación en el país y pidió respetar los acuerdos. Estos tienen relación con que las aspersiones se realicen a una distancia de más de 10 kilómetros de la frontera con Ecuador.

Sin embargo, Benalcázar también explicó que durante una primera visita realizada a finales de octubre a las poblaciones fronterizas de Sucumbíos no hubo denuncias sobre posibles efectos.

Pero el Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones habla de dolores de cabeza intensos entre los campesinos de pueblos como Providencia, San Martín y Villahermosa. Para entrar a este último pueblo hay que viajar 25 minutos en canoa por el río San Miguel. Los papás también hablan de efectos de los químicos en sus hijos pequeños.

Bolívar López, maestro de la escuela Manuela Espejo, está preocupado porque los 12 niños que estudian allí han bajado su rendimiento y han presentado dolores de estómago, vómito y diarrea.

Más adentro está San Martín. María Pantoja es una de sus dirigente y asegura haber observado a helicópteros sobrevolar el área. En su poblado se siente el olor del químico que “cae del cielo”.

En ese sector más infantes presentan cuadros de fiebre y dolores de cabeza en los últimos días. “No queremos alarmar, pero esa es la verdad”, sostiene la dirigente.

En Barranca, Yamira -una campesina- dice que en los últimos días varias personas enfermaron, pero prefieren no decir nada porque están a la espera de cobrar un bono. Se refiere a la compensación a personas afectadas por las fumigaciones en el país vecino.

Colombia destinó USD 15 millones para reparar los daños en los pobladores ecuatorianos que se presentaron desde el 2000 por el glifosato.

Desde el 4 de noviembre último, largas filas se forman en las ventanillas del Banco Nacional de Fomento de Lago Agrio, en donde se paga a los beneficiarios de los cantones Cascales, Lago Agrio y Puerto del Carmen. El resarcimiento económico además favorece a pobladores de Mataje, en Esmeraldas, y Tobar Donoso, en Carchi.

Los relatos que se escuchan en los pueblos de frontera se repiten en esa larga fila. Gente que aún tiene heridas en los brazos y que no se han curado en una década. Otros que dicen no olvidar los olores que provocaban los químicos usados.

Según Daniel Alarcón, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo de Sucumbíos, en esa provincia se han registrado 4 500 familias perjudicadas. Cada una recibe USD 3 000.

El dinero se entrega tras la presentación de las copias de escrituras de terreno, ­cuya extensión mínima es de 1 hectárea y una certificación de la autoridad que avale que el perjudicado vivió en el 2002 en la zona afectada. También deben presentar cédula y la papeleta de votación.

En la última semana, cada día, entre 230 y 245 campesinos llegan en promedio a Lago Agrio para acceder al pago. Muchos pernoctan en los exteriores de la agencia bancaria. Quienes no han podido realizar los trámites pugnan por ser calificados.

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