15 de septiembre de 2015 00:00

Fuertes sanciones y prevención contra las drogas

Militares que operan en Esmeraldas decomisaron marihuana que era transportada en buses interprovinciales. Foto: Marcel Bonilla/ EL COMERCIO.

Militares que operan en Esmeraldas decomisaron marihuana que era transportada en buses interprovinciales. Foto: Marcel Bonilla/ EL COMERCIO.

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Redacción Seguridad

La criminalización y la represión a los narcotraficantes “han tenido un rotundo fracaso” en todas partes. Esto se lee en la propuesta de la Ley de drogas (pág. 10) que los asambleístas debaten hoy en instancia definitiva. Por eso, la Comisión Legislativa de Salud planteó parámetros para trabajar más en la prevención del problema y en la rehabilitación de personas con adicción.

Pero en elcapítulo denominado Análisis y Razonamiento, del mismo informe, también se habla de reformar el Código Integral Penal y endurecer las penas para los microtraficantes y para las bandas delictivas que se dediquen al tráfico en mediana escala.

En caso de concretarse los cambios penales, quienes vendan alcaloides en pocas cantidades irán a la cárcel de uno a tres años. En este momento son detenidos de dos a seis meses.

En tanto, para quienes transporten y expendan, por ejemplo, hasta 2 000 gramos de marihuana (tráfico a mediana escala) se sancionará con tres a cinco años de cárcel. Hoy son castigados con uno a tres años.

El documento para segundo y definitivo debate fue remitido a la Presidencia de la Asamblea el 11 de septiembre pasado. Es decir, una semana después de que el presidente Rafael Correa pidiera públicamente penas más fuertes para quienes vendan drogas en los barrios. Pero en el proyecto se aclara que los consumidores no podrán ser criminalizados, discriminados ni estigmatizados y señala que se garantiza su “atención integral”. En el país solo hay dos centros estatales para atender la adicción a las drogas.

De allí que también se crea una Secretaría Técnica de Drogas, adscrita al Ejecutivo, que formulará políticas públicas sobre drogas. Esta reemplazará al actual Consep.



La Secretaría Técnica de Drogas


Una vez aprobado el proyecto de Ley de Drogas, esta nueva entidad sustituirá al Consep (Consejo Nacional de Control de Estupefacientes).

Entre las 13 competencias que se detalla en el artículo 23 de la propuesta, se indica que la Secretaría Técnica deberá regular y controlar la producción, exportación, transporte y comercialización de estupefacientes.

El órgano dependerá del Ejecutivo y como tal recibirá los cargamentos ilegales capturados y participará en su destrucción. Además, deberá denunciar delitos relacionados con drogas.

Actualmente el Consep es el encargado de la prevención en esta materia, adscrita a la Procuraduría. Por ello, el sábado el presidente Rafael Correa dijo: “Yo no tengo a cargo el problema de las drogas. Lo tiene Procuraduría. El Consep que pase al poder Ejecutivo y a luchar contra este problema”.

Consumo y cultivo para investigación

Entre las disposiciones generales que establece la Ley de Drogas está la producción, comercialización, distribución y uso de medicamentos cuyos componentes sean estupefacientes, pero solo con fines terapéuticos o de “investigación médico científico”.

Para esto, las autoridades deberán extender una autorización.
De igual forma se indica que la siembra, el cultivo y la cosecha de plantas de sustancias psicotrópicas solamente se permitirá para la producción de medicamentos, que se extenderán bajo prescripción médica. No para consumo de cualquier persona.

La Secretaría de Drogas autorizará por escrito estas siembras, cultivos y cosechas. Y reitera que los permisos se darán exclusivamente para adiestramiento e investigación científica no médica. Esto deberá ser coordinado con las autoridades universitarias.

Nuevas formas de prevención

En el segundo capítulo de la Ley se detalla nueve sectores en los que se plantea realizar acciones concretas para fomentar la prevención.

En la salud no se explica con precisión cuáles son los métodos que se utilizarán para evitar el consumo en mujeres embarazadas, adolescentes, niños y niñas. Sin embargo, en el texto se indica que se promoverá “ambientes, prácticas y hábitos saludables”.

En cambio, en el ámbito educativo, se plantea integrar en la malla curricular de las escuelas y colegios una materia que trate temáticas sobre el uso y consumo de estupefacientes.
En la educación superior, los universitarios antes de graduarse deberán realizar proyectos en pro de la prevención. Los municipios, empresas públicas y privadas también están inmersos en estos programas. El deporte y la cultura son otros actores.

Los procesos de rehabilitación

El diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de adicciones a drogas también está contemplado en la propuesta legislativa.

En el art. 18 se específica que el Estado debe prestar estos servicios a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.

Además se añade que de “manera prioritaria” se implementarán programas destinados a las mujeres embarazadas, jóvenes, adolescentes y niños. En los casos de estos dos últimos grupos, la Ley estipula que los tratamientos deberán contar con el consentimiento de los padres o de una disposición legal de un juez.

En el caso de personas adultas, los procesos de recuperación serán voluntarios. Además, se establece que los centros que brinden estos servicios terapéuticos deberán contar con profesionales especializados.

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