Inicia instrucción fiscal contra seis presuntos involucrados en tráfico de influencias

Dos personas recibieron prisión preventiva la tarde de este miércoles 9 de noviembre del 2016 por su presunta participación en una asociación ilícita. Según las investigaciones de la Fiscalía, los implicados habrían estado relacionados con la extorsión a proveedores del Estado a cambio de agilitar pagos a través del Certificado Único de Registro (CUR), emitido por el Ministerio de Finanzas.

El proceso inició el 15 de abril del 2016 con la denuncia del ministro de Finanzas, Fausto Herrera, por un presunto tráfico de influencias. La Fiscalía inició la investigación de este caso en julio del 2016, cuando se detectó que existirían transferencias realizadas por parte de esta entidad del Estado a terceras personas que no tenían ninguna relación comercial, ni de servicios con la entidad.

A esto se sumó la denuncia de Jorge O., quien habría acusado a Ivonne R., y Antonio A., dos de los presuntos implicados, por el cobro de dinero por un trámite público. El Fiscal solicitó que ambos procesos se acumulen y determinó la presunta existencia de una organización dedicada a cobrar porcentajes a los proveedores del Estado. En total son seis los presuntos implicados.

La audiencia de formulación de cargos inició el miércoles a las 14:00. Después de la presentación por parte del representante de la Fiscalía de los antecedentes y de las pruebas que los vincularían con un posible tráfico de influencias, se otorgó medidas alternativas a Luz T., Romina G., Daysi R. e Ivonne R.

Las cuatro presuntas involucradas deberán presentarse cada ocho días, desde este 16 de noviembre, ante el Fiscal a cargo y no podrán salir del país mientras dure la investigación. A Ivonne R. también se le prohibió enajenar bienes y se pidió la retención de sus cuentas.

Por otro lado, a Antonio A. y Rodrigo S. se les dictó prisión preventiva durante los 90 días que dura la instrucción fiscal por relacionarlos directamente con los hechos. Uno de ellos trabaja en una entidad del Estado, por lo que se consideró que podría afectar el curso de la investigación si no se tomaba esta medida. Ambos serán trasladados a un centro de privación de libertad.

Ayer, 8 de noviembre del 2016, se realizó un operativo en el que se allanaron cuatro inmuebles y una dependencia pública. Entre las evidencias encontradas están documentos bancarios, equipos de computación, cheques, depósitos y celulares.

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