2 de September de 2014 00:05

En 5 meses, la Fiscalía procesó a 20 personas en el caso Cofiec

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Redacción Seguridad (I)

En cinco meses la Fiscalía procesó a 20 personas bajo la figura penal de peculado. Todas son investigadas por las presuntas irregularidades en la entrega de un préstamo de USD
800 000 al argentino Gastón Duzac, en el 2011.

Para hoy, 2 de septiembre, Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, dijo haber preparado ‘abundante prueba’. La exhibirá durante la audiencia preparatoria de juicio y formulación de dictamen que se desarrollará desde las 08:30 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Entre los indagados están Antonio Buñay, expresidente ejecutivo del Banco Cofiec, entidad que desembolsó el dinero; Pedro Delgado, expresidente del Directorio del Banco Central y exdirector del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad; Gastón Duzac; y exfuncionarios.

La tarde de ayer, el abogado Gonzalo Realpe se reunió con sus clientes Patricia S., Jacqueline J. y Gustavo B., que también son investigados.

Un poco antes de las 15:00 aún preparaban su intervención ante los jueces nacionales. Sin embargo, el judicial adelantó que sus defendidos “no tienen nada que ver”, porque no aprobaron, sino que “solo tramitaron el préstamo”. Por ello, Realpe dijo estar seguro que la Fiscalía se abstendrá de acusar a los tres.
Pero Chiriboga ya vinculó a la exauditora y al exasesor legal externo de Cofiec.

En una anterior audiencia, el Fiscal sostuvo que los dos empleados no reportaron a la Unidad de Análisis Financiero la “inusual entrega del crédito”. Ellos no están con prisión preventiva, pero tienen prohibición de salida del país y deben presentarse cada mes en un juzgado.

Por ahora, lo que ha trascendido públicamente es que Duzac solicitó el préstamo a finales del 2011 para adquirir una plataforma transaccional para celulares.

Poco después, el empresario cayó en mora y abandonó el país. En la actualidad vive en Argentina, donde fue detenido en mayo. Pero ahora está en libertad bajo fianza.

El antiguo Código Penal, con el que son procesados los 20 sospechosos, sanciona el peculado con penas entre ocho y 12 años de cárcel.

En la nueva ley penal se indica que los servidores públicos que abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes serán sancionados con cárcel de diez a trece años.

Durante la investigación se determinó que Duzac no habría entregado datos que sustentaran su situación patrimonial en la solicitud del préstamo. También se detectó que parte de los datos que entregó para abrir una cuenta corriente en el banco eran “ilegibles”.

Una auditoría que se hizo a la forma cómo se otorgó el dinero concluyó que “no constaba información financiera que garantizara la capacidad de pago”.

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