1 de abril de 2016 22:07

Acusan a Fiscalía mexicana de romper acuerdos en caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa

El subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República Eber Betanzos (i) y el experto en fuego Ricardo Damián Torres (d) participan en una rueda de prensa. Foto: EFE

El subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República Eber Betanzos (i) y el experto en fuego Ricardo Damián Torres (d) participan en una rueda de prensa. Foto: EFE

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Agencia DPA

El grupo de expertos independientes que investiga la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México acusó este viernes, 01 de abril del 2016, a la fiscalía de "romper" los acuerdos que tenían al dar a conocer los resultados del estudio realizado en el basurero donde supuestamente fueron incinerados los jóvenes.

A través de un comunicado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que existía un acuerdo de confidencialidad del estudio hasta que se obtuvieran resultados finales y no preliminares, como los anunciados en la tarde en un mensaje a medios.

El doctor Ricardo Torres, representante del grupo de peritos en materia de fuego que realizó un nuevo estudio en el basurero municipal de Cocula, informó hoy que se encontraron restos óseos de al menos 17 personas incineradas en ese lugar y que además hay evidencia de que existió un incendio controlado de grandes proporciones.

Además, sostuvo que hay indicios que permiten establecer la hipótesis de que los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, fueron incinerados en el basurero, "pero que se deben realizar más pruebas para comprobarla científicamente". "Su mensaje hizo alusión a partes del contenido de un informe provisional que ni siquiera han sido analizadas por el GIEI y, más grave aún, señalando públicamente cosas que no fueron explicadas al GIEI durante la reunión, ni son de consenso de los expertos de fuego", señala el comunicado del grupo.

Cocula es un municipio vecino de Iguala, donde la noche del 26 y la mañana de 27 de septiembre de 2014 desaparecieron los estudiantes después de ser perseguidos por policías municipales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos.

Unos meses después, la fiscalía concluyó que habían sido asesinados e incinerados en el basurero, pero el año pasado la versión fue rechazada por el GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En febrero el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense también la rebatió. La fiscalía decidió hacer un nuevo estudio en el basurero y el peritaje estuvo a cargo de los expertos en fuego.

El GIEI asegura que se firmó un acuerdo en el que se establecieron las bases para ese peritaje y que juntos decidirían cómo hacer públicas las conclusiones. "Es claro que alguien tomó la decisión de romper dicho acuerdo de consenso y de no escuchar las propuestas hechas por el GIEI", dicen en su comunicado.

Por su parte, el abogado de los padres de los jóvenes, Vidulfo Rosales, dijo que también se rompió el acuerdo que la fiscalía tenía con ellos de entregarles cualquier información sensible sobre la investigación antes de hacerla pública. "Nos reuniremos con el GIEI para aclarar puntos sobre la conferencia de prensa de la PGR (Procuraduría General de la República, fiscalía)", escribió en su cuenta de Twitter

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