Los oficios fueron enviados el 3 de febrero pasado. Los destinatarios son los presidentes de 21 asociaciones profesionales de fútbol en el país. En el documento, de una página y firmado por el Secretario de la Unidad Antilavado de la Fiscalía, se realizan cuatro pedidos.
Por ejemplo, se dispone que se remita una certificación en la que conste de forma detallada, por años, todos los valores recibidos o asignados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, entre el 2010 y 2015.
Esta diligencia es parte de la investigación que se lleva adelante por presunto delito de lavado de activos en la Ecuafútbol y por el que están procesadas tres personas.
La Unidad Antilavado también solicitó que si hubo depósitos se detalle la forma en que se hizo la acreditación, es decir, “si fue en efectivo, pago en cheque o transferenceia”.
De ser el caso -se lee en el pedido- que se especifique el número de cuenta y los bancos ordenante y receptor.
A esto deben sumarse los nombres de los titulares de las cuentas a las que han sido acreditados los dineros de la Federación Ecuatoriana.
La fiscal Diana Salazar, quien está al frente de esta investigación, dio cinco días para que los representantes de las asociaciones respondan.
En medio de estos hechos, la FEF emitió un comunicado en el que dice no compartir las “imputaciones a las organizaciones deportivas”. Se refiere a las declaraciones del fiscal general Galo Chiriboga, tras la reunión de seis fiscales regionales sobre el FIFAgate.
Allí, el Fiscal dijo que las Federaciones “ya no son organizaciones deportivas sino organizaciones criminales”.
La FEF indicó que se le “involucra injustamente”. Y que este ente “recibe ingresos económicos de manera lícita, y provienen sustancialmente de auspiciantes de reconocida trayectoria pública y elevada solvencia moral, así como aportaciones legítimas de la Conmebol y de la FIFA”.
Según la Ecuafútbol, los dineros ingresan por transferencias bancarias, que son “automáticamente analizadas por agentes de lavado de activos de los bancos”.
Otros ingresos son por la venta de los boletos de los partidos que se realizan dentro de las eliminatorias mundialistas, así como citas amistosas.
Por eso, la Federación dice lo siguiente: “No se puede afirmar que la Federación, al igual que las otras de Sudamérica, se han convertido en una organización criminal”.
Ayer, este Diario habló con el fiscal Chiriboga y explicó por qué emitió esa declaración.
“Esto tiene un sustento en una sentencia de tres años en contra del dirigente de la Federación Deportiva de Bolivia, por el delito de organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas en el grado de complicidad”.
Según el Fiscal, en la reunión de los seis fiscales, en Guayaquil, se conoció que “los comportamientos son casi similares (en los países)”.
Por eso, Ecuador pidió información a Bolivia para incorporar al expediente abierto en el Ecuador.
El fin de semana, la Fiscalía se pronunció vía Twitter y señaló que los tres dirigentes de la Ecuafútbol, detenidos desde el pasado 5 de diciembre, “serían responsables del delito de lavado de activos”.
En un informe, fechado al 3 de diciembre del 2015, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) reveló información financiera de los ahora detenidos por supuesto lavado.
Esos datos son analizados, en el momento, dentro de la investigación que está abierta en la Fiscalía.
Los abogados de los procesados dijeron en ese entonces que tienen todos los documentos para justificar lo indicado por este organismo y que sus clientes son inocentes de los señalamientos hechos.