6 de December de 2009 00:00

La Fiscalía detecta indicios de peculado en el caso Quality

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Redacción Judicial

El accionista de la empresa Quality, Cristóbal Accini, fue acusado ayer  por la Fiscalía de haber cometido el delito de peculado.

Durante la audiencia de flagrancia, que se realizó el viernes en la noche,  el fiscal de Pichincha, Iván Ron, aseguró que el imputado “abusó de fondos públicos”, cuando se adjudicó dos órdenes de trabajo con Petroecuador para remediación y limpieza ambiental. Una de ellas en Dayuma y otra en el sector de Guanta.

Según la denuncia de la Secretaría de Transparencia de Gestión y la Fiscalía, para participar en la licitación con la petrolera estatal, Quality presentó documentos que tenían sellos y firmas de la Notaría Primera de Orellana. No obstante, luego de una investigación se determinó que esas certificaciones notariales eran falsas.

“El notario Salomón Merino informó que no existe documento alguno de la compañía; así como tampoco los sellos de certificación y mucho menos las firmas y rúbricas impuestas sobre estos sellos”, sostuvo el fiscal Ron.

Por ello, se solicitó al Departamento de Criminalística de la Policía que  realice un pericia documentológica y grafológica. En el informe final, el perito Juan Bonilla,  determinó que  “las firmas en la impresión sellográfica no guarda similitud gráfica y morfológica con las firmas indubitadas de Salomón Merino (...)”.
Según la Fiscalía, estos actos constituyeron los supuestos delitos de uso doloso de sellos y de uso doloso de instrumentos públicos falsos. No obstante, estos delitos supuestamente tuvieron como fin el cometimiento de peculado.

Las  dos órdenes de trabajo fueron el inicio de la investigación de todos los contratos que se   suscribieron  entre Quality y Petroecuador (siete). En los primeros contratos se pagó a la compañía de remediación USD 405 087. Pero el monto total de las órdenes de trabajo adjudicadas por el Estado asciende a USD 1,5 millones.

“Entre los responsables por  fraude se encuentran incursos aquellos que lo ordenan, ejecutan y los que obtienen provecho de ello. Los contratos fueron adjudicados y es más, ya han sido entregados a Petroecuador”, manifestó ayer Teodoro Sandoya, asesor jurídico de la Secretaría de Transparencia de Gestión.

En los convenios participaron presuntamente Accini, Cristina Muñoz, accionista; y Édwin Gómez, gerente  general de la firma.

Ron pidió al juez de turno, Juan Hernández, que dicte la prisión preventiva. Él fue detenido el viernes en la mañana en el kilómetro 11 de  la vía a Samborondón, en Guayas. Ese mismo día fue llevado  a Quito. Permaneció encarcelado en la Policía Judicial hasta la noche, cuando se realizó la audiencia de flagrancia.

La abogada  de Accini, Laura  Machuca,  sostuvo que se acusó de tres delitos a su cliente y el peculado solamente puede ser cometido cuando “una persona encargada de un servicio público abusa de fondos públicos y no escuché decir al Fiscal  que mi defendido cometió ese abuso”.

El hombre solamente se limitó a decir que cuando lo detuvieron se le mostró un documento en el cual se aseguraba que su captura se debe a un delito de supuesto enriquecimiento ilícito.

No obstante, Hernández aseguró que “existen indicios y presunciones graves sobre la existencia de un delito tipificado y de su participación. Aunque no es funcionario público, recibió dineros públicos por la existencia de un contrato con la entidad pública”.

El Juez dictó la prisión preventiva en su contra, porque Accini “no ha demostrado su arraigo social y familiar en Quito”.

El expediente fue remitido de inmediato a la Sala de Sorteos de la Función Judicial de Pichincha, para que se asigne a un  Juez que conocerá el proceso. Él será el encargado de resolver el proceso.

En 90 días, la Fiscalía deberá presentar su dictamen.

El traslado a la cárcel

Cerca de la medianoche,  la Policía trasladó a Cristóbal Accini hasta el Centro de Detención Provisional (CDP) de Quito.

El hombre estuvo  acompañado desde Guayaquil por su tío y por dos amigos suyos.

En este proceso  se evitó que la prensa tenga acceso a Accini. Cuando el hombre llegó a Quito, se lo hizo entrar tapado por el garaje posterior de la Policía Judicial de Pichincha.

Cuando se lo trasladó  al CDP, en la noche  también se lo llevó cubierto el rostro  y en vehículos con vidrios oscuros.

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