13 de abril de 2016 19:53

Fiscalía pedirá a la Corte Nacional se archive la indagación previa en caso de los helicópteros Dhruv

Los helicópteros Dhruv suspendieron sus operaciones y se los tenía bajo inspección en Guayaquil. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Los helicópteros Dhruv suspendieron sus operaciones y se los tenía bajo inspección en Guayaquil. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

En el examen especial sobre el caso, la Contraloría no determinó indicios de responsabilidad penal. Sin este requisito, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, decidió desestimar la indagación previa por el presunto delito de peculado en el caso por la compra de siete helicópteros Dhruv.

De allí que el Fiscal General remitirá el expediente a la Corte Nacional de Justicia para que el Juez determine el archivo. Así lo informó la tarde de este miércoles 13 de abril del 2016 durante su participación en la reunión a la que fue convocado por la Comisión Permanente de Soberanía de la Asamblea Nacional.

Chiriboga informó que la Contraloría General del Estado realizó un examen especial al proceso precontractual y contractual, de ejecución y pago por la compra de siete helicópteros. Esta adquisición la realizó la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), entre el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2007 y el 30 de junio del 2011.

Luego de su análisis, Contraloría no encontró indicios de responsabilidad penal. Solo hizo recomendaciones administrativas al Comandante General de la FAE de esa época. Dicho informe fue aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante, el 9 de mayo del 2013.

Ante 11 asambleístas que asistieron a la reunión de la Comisión de Soberanía, Chiriboga Zambrano indicó que no se cumple con el requisito de procedibilidad para iniciar una acción penal. Esto se determina en la Resolución del 24 de febrero del 2010 dictada por la Corte Nacional de Justicia, y acogido por el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 581, numeral 3 inciso segundo.

Esta indagación previa se inició en el 2009 luego de la denuncia presentada por el exasambleísta Fausto Cobo, quien entregó la documentación de soporte en copias simples.

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