9 de noviembre de 2015 17:41

Fiscalía de Colombia revisará indulto a exguerrilleros del M-19

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Agencia AFP

La Fiscalía de Colombia revisará el indulto otorgado en la década de 1990 a exguerrilleros del M-19, que beneficia al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, o al senador Antonio Navarro, reveló este lunes 9 de noviembre, el fiscal general, Eduardo Montealegre.

El ente acusador colombiano examinará “los alcances de cosa juzgada que tienen los indultos que se promovieron hace cerca de 20 años en favor del M-19 (Movimiento 19 de Abril)”, dijo Montealegre a periodistas.

Los miembros de esa guerrilla nacionalista fueron indultados en el marco de un proceso de paz en el que dejaron las armas en 1990, pero la Fiscalía revisará “si esas amnistías abarcan o no delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, dijo Montealegre.

El anuncio ocurre tras cumplirse 30 años de la toma, por parte del M-19, del Palacio de Justicia en Bogotá y de su violenta recuperación por las fuerzas armadas, hechos que dejaron un centenar de muertos -entre ellos, 11 magistrados- además de una decena de desaparecidos.

“Tenemos que determinar si esas amnistías y esos indultos abarcan los hechos del Palacio de Justicia”, insistió Montealegre.

Por las desapariciones forzadas y torturas contra personas que salieron vivas del edificio, ubicado a pocos metros del Congreso y la casa presidencial, el Estado fue condenado el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Como parte de esa sentencia, el presidente Juan Manuel Santos pidió el viernes perdón por los excesos cometidos en 1985, y por la falta de esclarecimiento de lo ocurrido.

El tema generó polémica en Colombia porque mientras algunos militares están detenidos y otros bajo investigación por estos hechos, exmiembros del M-19 gozan de inmunidad.

“Un boquete político”

“Si la Fiscalía llega a la conclusión de que los indultos y las amnistías proferidas a favor de la cúpula del M-19 no abarcan delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, (ésta) podría iniciar inmediatamente investigación” contra aquellos líderes que no murieron en la toma, agregó Montealegre.

En ese caso, la autoridad que podría levantar indultos y amnistías es la Corte Suprema de Justicia, señaló el fiscal.

Para el abogado penalista de la Universidad Javeriana Fabio Humar, el anuncio “abriría un boquete político muy fuerte”, teniendo en cuenta que el proceso de paz con el M-19 es considerado uno de los más exitosos en la historia de Colombia, con algunos de sus antiguos líderes haciendo política desde alcaldías y curules del Congreso.

“Me parece terrible. A los que son políticos los van a terminar procesando 30 años después”, lo que podría tener “fuertes repercusiones” en las negociaciones de paz que el gobierno sostiene actualmente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), principal y más antigua guerrilla del país.

En esos diálogos de paz que transcurren en La Habana desde hace tres años, las partes han llegado a un acuerdo parcial sobre participación política, en el que se contempla que exguerrilleros puedan hacer proselitismo una vez dejen las armas.

Petro, a declarar 

La Fiscalía anunció además este lunes en su cuenta en Twitter que exintegrantes del M-19 serán citados a declarar por la toma del edificio, que en 1985 era sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado (tribunal de lo contencioso administrativo).

En entrevista con Noticias Uno el domingo, Montealegre reveló quiénes serán citados.

“Vamos a llamar a declarar a Antonio Navarro Wolff, a (Gustavo) Petro, a Otty Patiño, a Rosemberg Pabón, a Vera Grabe, como dirigentes del M-19 en calidad de declarantes porque vamos a profundizar en las eventuales responsabilidades históricas por su papel en el Palacio de Justicia”, afirmó.

Montealegre añadió este lunes que cuando finalice la revisión del indulto, “podremos determinar si comparecen en calidad de investigados penalmente o si comparecen para que contribuyan al esclarecimiento de la verdad”.

Además de los exmiembros del M-19, la Fiscalía citó a tres ministros del entonces gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) para dar su testimonio en la investigación.

Los convocados son Jaime Castro, Enrique Parejo y Noemí Sanín, extitulares de las carteras de Gobierno, Justicia y Comunicaciones, respectivamente.

Colombia vive un conflicto armado en el que han participado guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y bandas narcotraficantes, que ha dejado al menos 220 000 muertos.

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