Fiscalía busca las últimas 23 versiones por plagio de Balda

Personas se manifestaron el 15 de julio pasado a favor de Balda, en la Fiscalía. Foto. Archivo EL COMERCIO

Personas se manifestaron el 15 de julio pasado a favor de Balda, en la Fiscalía. Foto. Archivo EL COMERCIO

Personas se manifestaron el 15 de julio pasado a favor de Balda, en la Fiscalía. Foto. Archivo EL COMERCIO

La investigación por el secuestro de Fernando Balda entra en la etapa final. El miércoles se cierra la fase de investigación y el Código Penal señala que después viene la audiencia para preparar el juicio (art. 602).

Entre hoy y el miércoles, la Fiscalía convocó a 23 personas para que entreguen su versión libre y voluntaria sobre el plagio perpetrado al también exasambleísta en agosto del 2012, en Bogotá, Colombia.

Por ejemplo, a las 08:00 de hoy ha sido llamado el exjefe de la Secretaría de Inteligencia (Senain), Rommy Vallejo; a las 10:30 deberá comparecer Ricardo Patiño; a las 13:30 el exsecretario jurídico de Carondelet, Alexis Mera; entre otros.

La denuncia sobre este hecho se presentó el 3 de abril del 2013 y desde enero pasado, la Fiscalía ha tomado la versión a 92 personas, entre exfuncionarios públicos, personal cercano al expresidente Rafael Correa y exagentes de Inteligencia y de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia (UGSI).

En los expedientes judiciales aparece una declaración del expresidente, quien reconoce que los agentes de la UGSI dependían de la Presidencia de la República, “para no tener que comunicar o contactar a la Comandancia de la Policía”.

Personal que en ese entonces operó en ese cuerpo policial también es indagado.

A Correa se le preguntó en Fiscalía: ¿quiénes eran los jefes de la UGSI? El expresidente mencionó a Rommy Vallejo.

Pero cuando Vallejo fue interrogado por la Fiscalía señaló lo siguiente: “Yo nunca fui director de la UGSI”.

La defensa de Balda dice que estas contradicciones deben aclararse y que después de toda la investigación Correa será condenado por plagio, un delito que se castiga con cárcel de entre cinco y siete años (art. 161 del Código Penal).

“Este hecho se ha desarrollado en tres etapas. La primera es investigación pura de la Fiscalía. Luego vinieron los testimonios anticipados y la información desclasificada completa el rompecabezas”, señaló Jairo Lalaleo, abogado de Balda.

Dentro de las últimas versiones, mañana están convocadas nueve personas, entre ellas Fernando Balda y su esposa Vanesa Castelo. Desde el 2012, ella ha dicho que su pareja ha sido un perseguido.

Para el miércoles fueron llamadas otras dos personas, entre ellas Fernando Alvarado, ex ministro de Correa.

“Hemos pedido la versión de algunas personas que contradicen completamente todo lo que se ha venido diciendo hasta ahora”, dijo el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa.

Por ahora, la defensa del expresidente también espera que el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia acoja la apelación que se interpuso a la prisión preventiva. El caso deberá ser resuelto por los magistrados Marco Rodríguez Ruiz, Luis Enríquez Villacrés, e Iván Saquicela Rodas.

El pasado viernes, el secretario relator de la Sala Especializada de lo Penal, Carlos Rodríguez, remitió a los tres, copias certificadas del acta de audiencia en la cual se vinculó al exjefe de Estado y el acta de revisión de medidas cautelares.

Hasta el momento no se ha fijado día y hora para conocer la apelación presentada.

Caupolicán Ochoa también pidió a la Corte Nacional de Justicia emitir oficio a la Presidencia de la Asamblea Nacional y/o a la Secretaría de esa función del Estado, para que informe si el fiscal general Paúl Pérez ha tomado posesión de su cargo en la Legislatura, “conforme el articulo 120 numeral 11 de la Constitución”. Esta solicitud obedece a que la defensa del exmandatario ha dicho que lo actuado por la Fiscalía en este caso no tiene fundamento.

La Corte dijo que no le compete a los jueces realizar este tipo de peticiones y que la solicitud de Ochoa debe estar direccionada a la propia Fiscalía.

Alexis Mera señaló que se acusa a Correa por el secuestro en Bogotá, “por una carta que recibió la Presidencia tres años después y que nunca leyó”. No dio más detalles y habló de una “terrible persecución”. “Esto le hace daño a la ya frágil institucionalidad. De eso se tratará más o menos mi intervención el lunes”.

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