28 de abril de 2016 00:00

Fiscalía acusará a 13 personas por caso Arturo Jarrín

La Comisión de la Verdad, creada en este Gobierno, se encargó de investigar supuestas violaciones a  los DD.HH. Foto: Mario Egas / EL COMERCIO

La Comisión de la Verdad, creada en este Gobierno, se encargó de investigar supuestas violaciones a los DD.HH. Foto: Mario Egas / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad (I)
seguridadec@elcomercio.com

El supuesto enfrentamiento entre Arturo Jarrín, exlíder de Alfaro Vive Carajo (AVC), y la Policía ha estado en duda durante casi 30 años.

¿Fue asesinato o la Policía se defendió de un ataque? Hoy 28 de abril, en la Corte Nacional de Justicia, el fiscal Galo Chiriboga revelará nuevos detalles sobre la muerte del excombatiente de AVC.

En la investigación que maneja la Comisión de la Verdad de la Fiscalía se nombran personas relacionadas con
una supuesta ejecución extrajudicial de Jarrín. Dos son civiles y 11 fueron miembros activos a la Policía Nacional.

En total, son 13 personas convocadas a la audiencia de hoy, en donde la Fiscalía formulará cargos en su contra.

En esta lista consta Édgar Vaca, excomandante de la Policía, procesado también por delitos de lesa humanidad contra Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, exintegrantes de AVC. También están Gonzalo Z., quien fue director Nacional de Investigaciones en 1987; Hólguer S., exjefe del SIC de Pichincha, Jorge E., coronel que habría firmado el informe final sobre la muerte de Jarrín...

Según los informes de la Comisión de la Verdad, que fueron entregados a la Fiscalía, Jarrín se encontraba refugiado en Panamá cuando fue detenido sin orden judicial, el 24 de octubre del 1986.

Dos días más tarde, su familia conoció -a través de la prensa- que supuestamente había fallecido en un enfrentamiento con la Policía, en el sector de Carcelén, en el norte de Quito.

Para Edwin Jarrín, desde el día que su hermano murió, el 26 de octubre de 1986, su familia ha buscado justicia.

“En la funeraria de La Paz, mi madre y mi padre dieron una rueda de prensa, en ella denunciaron que no hubo ningún enfrentamiento. Pidieron a los medios que estaban ahí, que fueran y vieran el cadáver de Arturo, pues identificarían todas las huellas de tortura que había en su cuerpo”, dijo ayer a EL COMERCIO.

Jarrín, vicepresidente del Consejo de la Participación Ciudadana, está convencido que no hubo tal enfrentamiento “como se había hecho el montaje. Eso era un asesinato extrajudicial”, aseguró.

La Fiscalía ha investigado este caso desde el 2012. Ese año se exhumó el cadáver del líder del grupo subversivo. También se recogieron versiones de militantes de AVC y de la guerrilla colombiana M19, que depuso las armas en 1990.

Una de los testimonios que confirmarían que Jarrín se encontraba en Panamá cuando fue detenido la dio Antonio Navarro Wolf, político colombiano y excomandante de la guerrilla del M-19.
Él, junto con otros líderes guerrilleros, intentaron ayudar al excombatiente para que se ocultara mientras preparaba su viaja a Europa. Pues en ese tiempo, en Ecuador, había una campaña violenta contra los integrantes de AVC, dirigida por el entonces presidente León Febres Cordero.

Según Navarro, el 24 de octubre de 1986, Jarrín salió a una cita solo, a pesar de que el M19 le proporcionaba protección. “La verdad es que como resultado de esa cita no volvió a aparecer”, dijo Navarro.

En el Informe de la Comisión de la Verdad se cita también el parte policial que sustenta el supuesto enfrentamiento.

Allí se detalla que la Policía realizaba un patrullaje en Carcelén y que recibieron información de que en ese barrio operaba una casa de seguridad del grupo AVC.

La Policía afirmó que esa noche, los oficiales observaron a tres personas sospechosas armadas. Una de ellas era Arturo Jarrín. “Este sujeto también nos identificó como miembros de la Policía, de tal forma que todo ocurrió tan rápido y repentinamente, que apenas pudimos indicarle la voz de ‘Alto’, en espera que estos sujetos pudieran rendirse y facilitar su captura. Pero por respuesta escuchamos detonaciones de armas de fuego que iban dirigidas hacia nuestra humanidad”, detalla el parte.

La Policía señaló que esa noche hubo un cruce de disparos y que Jarrín tomó la iniciativa de abrir fuego.

Pablo Quintero Reyes, exmilitar de las Fuerzas de Defensa de Panamá, era sargento de Operaciones de Inteligencia en octubre de 1986.

En su testimonio ante la Comisión de la Verdad, reconoció que fue él quien apresó a Jarrín. Afirmó que lo hizo bajo la orden del coronel Bernardo Barrera, jefe del G2. “…viernes 24 de octubre. A eso de las 14:00 me comunicó el coronel Barrera que había mandado varios grupos de vigilancia a ver si localizaban a un jefe de una unidad guerrillera que se encontraba aquí”.

En contexto

En 1986, el presidente León Febres Cordero organizó operativos contra los integrantes de AVC, quienes habrían protagonizado robos, fugas y asesinatos. La consigna de León era: “Vamos a combatir el terrorismo, como la máxima expresión del crimen”.

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