5 de March de 2010 00:00

Fiscal fiscalizado

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Enrique Ayala Mora

No es fácil desempeñar funciones públicas. Quienes las ejercen deben proceder con especial sentido de responsabilidad, sobre todo cuando se dan hechos en que están personalmente implicados, como un inesperado accidente en un vehículo público, con un pariente de por medio y con un muerto como resultado.

El Fiscal General,  una persona de indudable capacidad, formación académica y experiencia profesional, ha hecho gala de conocimiento y severidad en el ejercicio de sus funciones. Pero al mismo tiempo, ha favorecido en forma constante y sistemática a los intereses del Gobierno.

Los ejemplos son numerosos. Pero solo mencionaré uno al que ya hice referencia en esta misma columna. La muerte de Guadalupe Larriva y sus acompañantes nunca quedó del todo aclarada, porque sus responsables no han llegado a ser juzgados. Y fue precisamente una decisión groseramente ilegal del Fiscal la que propició la impunidad. Prefirió seguir echando tierra al caso, como parece ser la consigna de varios en el Gobierno, a que se hiciera justicia.

Ahora el Fiscal General está enredado personalmente en una cuestión de justicia. Luego del accidente en que su esposa estuvo implicada, ha usado el poder de su cargo para entorpecer el curso de las investigaciones.  Entre otras cosas,  ha promovido, o al menos permitido, que sus subalternos, que son nada menos que los encargados de acusar a los responsables de los delitos, hicieren un pronunciamiento de irracional respaldo en masa, que los ha hecho perder la confianza pública.

Ante los hechos, se ha levantado una protesta y rechazo generalizados, que demandan la separación del Fiscal. En la Asamblea Nacional se planteó su salida inmediata y se ha hablado de un juicio político promovido incluso por miembros del partido de Gobierno. El Jefe de Estado, por su parte, ha expresado su ruidoso apoyo a su amigo el Fiscal, como si se tratara de una cuestión de lealtades personales.

Ese juicio político sería un primero y tímido intento por ejercer las funciones de fiscalización, que tiene la legislatura en tiempos de Bolívar, pero  que no han sido ejercidas en el Ecuador desde hace como tres años. No debemos olvidar que cuando la fiscalización es amplia y eficiente, los gobiernos ejercen mejor sus funciones y la democracia es más efectiva.

Si el hecho se produce, es de esperar que el presidente Correa no convierta el tema en una prueba de sus alineamientos en la Asamblea. Creer que hay obligación de “ayudar” a un amigo sin considerar que primero están la justicia y el buen gobierno, parece más una actitud de la vieja política, que de una postura socialista.

El Fiscal General no ha procedido a la altura de sus responsabilidades. Por eso, la Asamblea debe cumplir con su obligación de fiscalizar. Y,  sobre todo, el sistema judicial debe proceder con imparcialidad y celeridad.

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