8 de July de 2009 00:00

El Fiscal, sin datos de obras de Fabricio Correa

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Redacción Judicial
judicial@elcomercio.com

La Fiscalía todavía  no ha podido iniciar la investigación a los contratos que el hermano del Presidente, Fabricio Correa, mantuvo y mantiene con el Estado.



La polémica sigue
Fabricio Correa,   hermano del Presidente, señaló que la intención de anular los contratos es meramente política.
Él acusó al secretario  jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, de “perseguirlo” por ser su enemigo personal.
De su lado, Mera  sostuvo que  no ha actuado en contra del hermano del Jefe de Estado.
Correa pidió a la  Fiscalía que se investiguen denuncias en contra de Mera por supuesto  tráfico de influencias.
 Fabricio Correa  se ha negado a informar cuántas empresas tiene. Solo presentó su declaración patrimonial ante la Contraloría y la Fiscalía.

Las estatales Petroecuador, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda no han remitido la información de los contratos que fueron adjudicados.  El fiscal general del Estado, Washington Pesántez, pidió hace dos semanas esa  documentación.
 
Entre  2008 y  2009, las empresas Megamaq, Cosurca, Sidec, Consorcio Rellenos y Plataformas y Consorcio Amazónico firmaron contratos con el Estado, para la adjudicación de obras por  más de  USD 56 millones (ver tabla adjunta). Su trabajo consistía en construir carreteras, edificar puentes, alquilar maquinaria...

Estos contratos fueron cuestionados por el presidente Rafael Correa, quien pidió a la Procuraduría y a la Contraloría que  investiguen la adjudicación y que  anulen los convenios suscritos.

Ayer, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública (Incop), Jorge Luis González, señaló que la Ley de Contratación establece que “no pueden contratar con el Estado los parientes de ciertos funcionarios. Si los contratos  se hubiesen dado en el Régimen anterior de contratación pública, no habría habido ninguna ilegalidad”.

No obstante, seis de los contratos suscritos entre firmas de Fabricio Correa y el Estado fueron posteriores a julio  de 2008, cuando entró en vigencia la nueva Ley de Contratación Pública.   En ese período,  las compañías  obtuvieron obras por USD 38,86 millones. Cinco contratos  fueron firmados este año.

“Si esos contratos hubieran incurrido en la violación de la Ley, es decir que  si hubieran accionistas de las empresas contratistas que tienen parentesco con las autoridades, como el Presidente, se pudiera declarar la nulidad de los contratos”, afirmó González.
Sin embargo, aclaró que el Incop no es un organismo sancionador, solo  ejecutor. Por lo que la Contraloría y la Procuraduría son los encargados de la revisión y de determinar si procede la terminación de los contratos.

El contralor Carlos Pólit se reunió el lunes con el fiscal Pesántez. Allí, Pólit se comprometió a entregar los resultados de los análisis jurídicos y técnicos de los contratos hasta el 16 de este mes.

Este será el punto de partida para el Ministerio Público, a no ser que las empresas estatales  entreguen la información contractual.
Asimismo, la Procuraduría adelantó que está por terminar la  revisión de los procedimientos legales de los concursos de licitación. Su objetivo es analizar si hubo algún tráfico de influencias en la adjudicación de las obras.

Las empresas estatales tenían plazo hasta el viernes último para remitir la información a la Procuraduría y a la Contraloría. Aunque algunas no lo hicieron.

La Procuraduría no informó cuáles de las compañías no han entregado los contratos correspondientes, pero sí aseguró que todavía hay falencias.

Asimismo, el secretario de Transparencia, Alfredo Vera,  también anunció que se inició una investigación en  este caso. No obstante,
hasta el momento no se ha pronunciado sobre los avances, alcances y  límites de su trabajo.
Mientras tanto,  la Fiscalía analiza documentos,  informes, publicaciones de prensa,  la declaración patrimonial que le entregó Fabricio Correa la semana pasada y todo tipo de información del caso, dijo ayer Pesántez.

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