8 de febrero de 2018 16:48

Fiscal pidió que se aplazara audiencia de formulación cargos contra Espinel

La audiencia de formulación de cargos contra el exministro Iván Espinel se desarrollará el próximo 9 de febrero del 2018 a las 08:30, en Guayaquil. El esfuncionario del IESS acudirá acompañado de su abogado Héctor Vanegas. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMER

La audiencia de formulación de cargos contra el exministro Iván Espinel se iba a desarrollar el viernes 9 de febrero del 2018 a las 08:30, en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO

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Elena Paucar

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El fiscal Pedro Intriago solicitó que se aplazara la audiencia prevista para este viernes 9 de febrero del 2018 para la formulación de cargos en contra del exministro de Inclusión Social, Iván Espinel. La diligencia es por uno de los siete exámenes especiales que hizo la Contraloría General del Estado, sobre los convenios entre el IESS y las clínicas privadas. Uno de ellos ya fue archivado.

El análisis fue entre el 1 de julio del 2012 y el 31 de agosto de 2015, y detectó una presunta sobrefacturación de USD 393 840 061,06 millones, en perjuicio del Estado. El caso involucra a 20 personas, entre ellos Espinel, por el supuesto pago en exceso de USD 65 702 247,41 a una clínica del centro de Guayaquil.

Hasta la tarde este jueves 8 de febrero el fiscal esperaba una confirmación de si se realizará o no la audiencia. El pedido de aplazamiento lo hizo para que se puedan cumplir los peritajes médicos y contables de los contratos solicitados por la Contraloría, pero que no se han podido hacer porque no se da dado las facilidades para el trabajo de los peritos, señaló Intriago.

Los informes de la Contraloría los responsabilizan a los exfuncionarios por supuestas omisiones de control y por no conformar equipos médicos para verificar las facturas.

Espinel es señalado cuando era subdirector de Control del IESS en Quito, entre el 26 de marzo y el 16 de abril del 2014. El expresidenciable se defiende y asegura que solo estuvo siete días en el cargo. El resto del tiempo, indicó, tuvo permiso médico por un problema de salud.

El exministro es nombrado por la Contraloría como uno de los responsables del contrato con R.DES , auditora contratada por el IESS para verificar la facturación de las clínicas. Espinel lo niega; dice que en el contrato no consta su firma y que entre sus competencias no estaba el pago a los prestadores, una tarea a cargo de los subdirecciones provinciales, según afirmó.

R.DES Servicios Corporativos también defiende su trabajo y rechaza los informes de la Contraloría. La empresa afronta 36 procesos por indicios de responsabilidad civil (24 en Pichincha y 12 en Guayas) y otros diez por indicios de responsabilidad penal (cinco en Guayas y cinco en Pichincha), relacionados con la supervisión que hacían a la facturación de 140 prestadores externos del Seguro.

Carlos Aguinaga, apoderado de la firma, explica que auditaron 46 229 205 prestaciones médicas, que representaron USD 1 196 millones. De ese total, asegura que objetaron el pago de USD127 millones. "Ese fue el ahorro para el Estado", dice.

R.DES implementó la plataforma Prosick desde julio de 2013, con contratos que duraron por tres años. A cambio recibió cerca de USD 6 millones por su trabajo.

Cada prestador debía subir a la plataforma sus expedientes, llenar una hoja con 54 campos, digitalizar y subir los documentos de respaldo, más una firma electrónica de responsabilidad. Si no cumplía todos los requisitos, el proceso era devuelto.

Solo después podía pasar al análisis de pertinencia médica para verificar la aplicación del tarifario, procedimientos, insumos y el valor a cobrar. Si había alguna objeción de la auditora, el trámite era devuelto para la justificación, y tras una última revisión había tres opciones: mantener la objeción, una objeción parcial o la aceptación total.

"La Contraloría dice que las clínicas ingresaban reiteradamente los expedientes, pero porque había un procedimiento así establecido, no es que lo hacían de mala fe pero lo hacen parecer así", afirma Aguinaga. Además insiste en que los exámenes tendrían un alto porcentaje de error porque no se habría confrontado la información de las bases de datos, entregadas por ellos, con los expedientes físicos, que incluye cientos de millones de documentos.

"La información, en el caso de Guayas, corresponde a unos 20 000 millones de caracteres. ¿Cómo la Contraloría, con un auditor informático y un auditor médico, pudo llegar a determinar esto?", pregunta el apoderado.

Además, recuerda que mantenían reuniones con el IESS para mejorar los controles y reducir los errores de las clínicas. Por ejemplo, dice, modificaron el sistema para limitar la facturación de oxígeno diario, que por errores de digitación (poner una coma en lugar de un punto) podía llegar a miles de litros.

"Cuando empezamos, las glosas por objeciones superaban el 40%. Educamos a los prestadores para que no facturen de más y se estabilizó la glosa en 9,5%".

Aguinaga explica que insistieron en finalizar el contrato. Y firmaron las actas de entrega y recepción, en las que dejaron claro que "R.DES cumplió con sus obligaciones".

Entre 2012 y 2017, el monto solicitado por las clínicas al IESS fue de USD 2 022 243 150. La institución explica que por ahora la auditoría está a cargo de la empresa Auditan que en el último periodo no ha detectado irregularidades, "sino errores de trámite de facturación". "Una vez detectados se envía a corregir, caso contrario no se puede cancelar dicha factura".

Las cifras de facturación de clínicas y centros privados descendieron desde el 2015. En ese año el monto solicitado era de USD 447 millones por 3 920 200 atenciones. El 2017 cerró con USD 211 millones, con 1 966 100 atenciones. La reducción, según explica el Seguro, se debe a la repotenciación y creación de unidades internas de atención.

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