19 de enero de 2017 22:06

Fiscal acusó a familiares de Álex Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli 

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Javier Ortega

El fiscal Juan Carlos Zúñiga se tomó los primeros 15 minutos de audiencia para exponer el grado de participación de cada uno de los 18 procesados por el escándalo de corrupción en Petroecuador.

Primero habló de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos y actualmente prófugo de la justicia. El agente advirtió que el exfuncionario “dirigió una organización” que se benefició de dineros ilegales a cambio de otorgar contratos públicos a empresarios.

Para esto, el sospechoso se asoció con otros tres empleados de la petrolera y activó firmas ‘offshore’ en Panamá, Suiza, Gran Bretaña, Estados Unidos y Bahamas, dijo Zúñiga.

A través de las cuentas bancarias de esas compañías se “captaron” los dineros ilegales que entregaron los contratistas beneficiados en esta trama.

Luego de esa exposición inicial, el fiscal dijo que Pareja Yannuzzelli es “autor directo” de supuesto cohecho, un delito que aparece en el artículo 280 del Código Integral Penal. Además, pidió que se procese al sospechoso bajo el inciso 3 de ese artículo, que establece condenas de entre cinco a siete años de cárcel.

Zúñiga después citó a Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, a quien también lo consideró como “autor directo” en esta red de corrupción.

Según el fiscal, él era el “ejecutor de todo”, pues creó la ‘offshore’ Girbra, domiciliada en Panamá, y también una cuenta a nombre de esa firma en el Helm Bank de ese país.

A esa cuenta llegaron transferencias de contratistas por un monto de USD 13 millones.

Además, por disposición del exministro, Bravo transfirió parte de ese dinero a familiares y personas relacionadas con los contratistas, comentó el fiscal. Aquí entraron los otros dos exfuncionarios de Petroecuador, identificados como Paquita de M. y Arturo E.

Zúñiga aclaró que parte de los USD 13 millones también fueron trasladados a otra cuenta que se abrió en el Capital Bank de Panamá, a nombre de Girbra. Todo esto, por “recomendación” del contratista petrolero Jaime Baquerizo.

Este empresario fue otro de los considerados ‘autores directos’ de cohecho, junto con su hermano Juan y su primo Javier Baquerizo, socios de Oil Services & Solutions, una compañía que firmó 12 contratos con Petroecuador por un monto de USD 44 millones.

En total, Zúñiga acusó a 13 personas en el grado de autores: Bravo, Pareja, los tres Baquerizo, Paquita de M., Arturo E. y otros seis contratistas.

Al resto de sospechosos (cinco personas), el investigador los señaló como coautores. En este grupo están la esposa, madre y padrastro de Bravo: así como el hijo y la hermana de Pareja Yannuzzelli.

El miércoles 18 de enero del 2017, durante un receso, los abogados de los procesados aseguraron que el dictamen de Zúñiga “viola las garantías procesales”, debido a que se desechó el fallo del anterior fiscal Jacinto Tibanlombo, pese a estar ya en el expediente.

El viernes 13 de enero, él tenía previsto no acusar a familiares de Bravo, de Pareja Yannuzzelli y a Paquita de M. y a un contratista petrolero. Por eso, el Consejo de la Judicatura (CJ) lo suspendió por 90 días por “actuaciones irregulares” y “graves ineficiencias”.

Sobre esto, la jueza Karen Matamoros aseguró el miércoles que no existen ‘vicios procesales’, pues la sanción contra Tibanlombo la emitió Gustavo Jalkh, titular de la Judicatura, el jueves 12, a las 10:01. El pronunciamiento del Fiscal fue adjuntado al proceso el jueves a las 13:00, según el expediente.

En entrevista con EL COMERCIO, Jalkh sostuvo que conoció la decisión del fiscal en “horas de la tarde del jueves”, una vez que se incorporó el documento al expediente. Tras enterarse del pronunciamiento, el funcionario dijo haberse reunido con sus asesores para emitir la resolución, que suspendía a Tibanlombo.

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