29 de abril del 2015 00:00

El financiamiento de los partidos políticos siembra desconfianza

Joao Vaccari

El tesorero del partido de gobierno brasileño, Joao Vaccari, fue arrestado el 15 de abril. Foto: AFP

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Redacción EL COMERCIO, 
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El financiamiento a la política en Brasil está bajo escrutinio con el caso Petrobras, un gigantesco esquema de corrupción en el cual se estima se desviaron cerca de USD
4 000 millones en “propinas” a partidos políticos y negociados ilegales con las mayores constructoras del país.

En la llamada “Operación Lava Jato” están siendo investigados 47 políticos, y el 15 de abril, incluso, fue arrestado el tesorero del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari. El tema también ha sido debatido en Brasil, por la creciente atomización de las fuerzas políticas, con un Congreso donde hay 28 partidos representados y que reciben fondos estatales.

En Brasil, los partidos son financiados a través del llamado Fondo Partidario, que es compuesto por dineros públicos y privados. El 5% de estos recursos, que son asignados mensualmente por el Tribunal Electoral, son repartidos en partes iguales entre los grupos, y el otro 95% en proporción a la última elección de la Cámara de Diputados. Para 2015, estos fondos se elevan a 233 285 000 de reales (USD 76,8 millones).

En cuanto a las campañas, se pueden financiar con los recursos propios de cada candidato y por donaciones de personas físicas y jurídicas, con límites que no tienen que ver con una cifra absoluta, sino que con los ingresos de los donantes: un tope de 10% de los ingresos anuales para una persona natural y de 2% para las personas jurídicas.

Están prohibidos los aportes anónimos, por lo que se debe identificar a cada donante y el monto que donó, así como los provenientes de una serie de entidades. Y en caso de faltas en la rendición de cuentas, los partidos que fallen o sean reprobados son excluidos de la entrega de recursos públicos al año siguiente, y si se comprueba una ilegalidad, se le puede revocar el cargo.

Ecuador: gastos insólitos

Préstamos a los militantes, cirugías reconstructivas, compra de medicinas, pago de licores, comida de mascotas, trofeos, tintes capilares, planchas, licuadoras, pasajes aéreos... Estos son algunos de los rubros que se financiaron con recursos del fondo partidario permanente que el Estado asignó a las organizaciones políticas para su promoción, entre 2010 y 2012.

En Ecuador los partidos y movimientos reciben fondos públicos y privados para su funcionamiento. El fondo entregado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) está destinado para promocionar actividades de formación, publicaciones y capacitación.

La última auditoría al ejercicio económico de todas las organizaciones, concluida en 2013, evidenció que el manejo de los recursos fue discrecional, al menos en cuatro agrupaciones. ¿Cuáles son? Sociedad Patriótica (PSP), Pachakutik (PK), Izquierda Democrática (desaparecido y en reconstitución) y el MPD, también extinto. El supuesto perjuicio es de USD 718 110.

La Constitución vigente desde 2008 cambió las reglas de juego para el financiamiento de campañas. Uno de los principales avances fue la asignación equitativa de espacios en medios de comunicación para los candidatos a diferentes dignidades.

La falta de poder coercitivo en la autoridad electoral, así como la divulgación tardía de la información sobre las donaciones particulares para las campañas son dos debilidades del esquema, según Fausto Camacho, quien fue consejero del CNE entre octubre 2008 y noviembre 2011.

Uno de los hechos que recuerda es la campaña para la consulta popular del 2011. En más de una ocasión el organismo le pidió al Gobierno que retirara las vallas que inducían a votar por el sí.

Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, destaca que hay una debilidad evidente del Consejo al momento de controlar el gasto en tiempos de campaña. “No hay una decisión política, porque nadie quiere enfrentarse al poder, al momento de controlar el uso de recursos públicos y privados”.

Pero, el talón de Aquiles de los procesos electorales es, desde el punto de Oleas, que los fondos son utilizados para campañas publicitarias y no para la promoción de los planes de gobierno.

Este medio pidió la versión de las autoridades del CNE, pero no obtuvo una respuesta, hasta el cierre de esta edición
El informe sobre el fondo partidario fue remitido a la Contraloría, que estableció indicios de responsabilidad penal en los cuatro casos, por lo cual envió sus hallazgos a la Fiscalía. Esta entidad mantiene abiertas dos indagaciones previas desde el año pasado.

El caso más notorio es el de PSP. Una histerectomía (extracción del útero), prolapso (descenso de la vejiga) y reconstrucción de la cavidad vaginal, practicada en agosto de 2010, costó USD 1 000, de acuerdo con las facturas revisadas por los auditores.

La dirigencia de este partido asegura que es producto de una retaliación política. Según Gilmar Gutiérrez, asambleísta del PSP, esos informes son una respuesta política a varios intentos de fiscalización al CNE.

El MPD, otro partido en la orilla contraria al oficialismo, no pudo justificar USD 123 970 que se emplearon en publicidad, pasajes aéreos, viáticos. Luis Villacís, dirigente de ese partido, eliminado del registro electoral, sostiene que los gastos sí se justificaron oportunamente de acuerdo con la ley.

Pachakutik, que por coincidencia también es un movimiento crítico al Gobierno, recibió USD 618 335, y no pudo justificar
66 988. Fanny Campos, dirigente de PK, aseguró que nunca hubo irregularidades, sino descuidos administrativos al no presentar todos documentos de respaldo. “Eso ya se ha subsanado, se envió nueva documentación”.

En el caso de la extinta ID no se justificaron USD 62 770. Este Diario buscó la versión del legislador Andrés Páez, pero está fuera del país.

En Perú proliferan las denuncias

Y proliferan las denuncias sobre irregularidades. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, señaló en febrero ante una comisión del Congreso que investiga la infiltración del narcotráfico en la política, que han detectado varias irregularidades en el financiamiento de los partidos, como donantes que no tienen documento de identidad o que están siendo procesados por delitos como estafa o tráfico de drogas. Bajo sospecha, además, están el mismo García, indagado por los llamados “narcoindultos”, así como el presidente Ollanta Humala, quien según cree el 58% de los consultados en una reciente encuesta de la consultora Datum, habría recibido dineros para su campaña del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, lo que él rechaza. Oficialmente, la Ley de Partidos Políticos, promulgada en 2003, permite que los partidos reciban dinero, tanto de fuentes públicas como privadas.

Venezuela: el abuso chavista

Venezuela es uno de los pocos países en la región donde está prohibido totalmente el financiamiento estatal a la política y a las campañas. Esa opción fue eliminada en la Constitución de 1999 para evitar corruptelas de la “partidocracia”. En estos 15 años solo una vez se permitió el aporte público, para el referéndum de la reforma constitucional de 2007, en el que perdió la moción de Hugo Chávez que pretendía habilitar la reelección indefinida. La polarización de la última década empeoró el panorama, ya que la eliminación del financiamiento estatal ha llevado a su continuación bajo otras formas, pero solo en beneficio del partido gobernante. Mientras el gobierno, por una parte, acusa a la oposición de ser financiada por los grandes grupos empresariales, el chavismo -que domina la mayor parte del Estado- es apuntado por utilizar fondos públicos de manera ilegal. Investigaciones periodísticas han mostrado cómo, por ejemplo, se han usado recursos de la petrolera estatal Pdvsa en las campañas del oficialismo.

Chile, sacudido por escándalos

Políticos chilenos de distintos sectores están cuestionados hoy por el financiamiento irregular de las campañas proselitistas. Las revelaciones se suceden día a día a medida que avanzan las investigaciones de la Fiscalía acerca de presuntos fraudes en el Servicio de Impuestos Internos, encargado de aplicar la normativa tributaria, a través de la emisión de boletas “ideológicamente falsas” -esto es, que no correspondían al servicio indicado- y que tenían como objetivo real la entrega de fondos no declarados a candidatos. Hay varios políticos de la oposición de derecha indagados por recibir dineros del grupo empresarial Penta, mientras que dirigentes oficialistas son mencionados en presuntas boletas irregulares que pagó la minera Soquimich (SQM). El Gobierno presentó un proyecto para reformar el financiamiento a la política, a la vez que creó una Comisión Asesora Presidencial que deberá realizar propuestas para regular la relación entre el dinero y la política. La legislación actual en esta materia data de 2003.

En contexto

Las irregularidades detectadas en el manejo de fondos para los partidos políticos en varios países se volvió un problema recurrente. En Ecuador el último caso indagado, que está en la Fiscalía, es el del manejo del fondo partidario que involucra a 4 organizaciones.

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