A pocos días de la consulta, la campaña se cerró. Quedó en evidencia una autoridad electoral que no pudo o no quiso ejercer sus facultades para administrar equidad en el proceso y que debe aplicar controles en esta hora de silencio electoral.
Desde la declaratoria de sujeto político al Mandatario, pasando por la inopinada discrecionalidad del uso millonario de la propaganda y publicidad de las entidades públicas, pagadas con dinero del pueblo, hasta el desvergonzado despliegue de vallas publicitarias que denotan el excesivo culto a la personalidad cuanto el claro proselitismo para apoyar la propuesta política, el Consejo Nacional Electoral no fue equilibrado.
En relación a una descabellada limitación de la información y opinión que se resolvió en el alto organismo del sufragio, mostrando el poco cuidado en la redacción y contenidos de documentos de tan alta importancia, se procedió a la rectificación.
Asombra que la autoridad electoral no haya tenido ni el vigor ni la voluntad política de impedir, conforme su propia resolución, la propagación de las cadenas que han acostumbrado al país a propagar la versión oficial en todos los canales y radioemisoras del Ecuador, como si de una verdad incontrastable se tratase. El Gobierno se ha burlado de la autoridad electoral ordenando cadenas cuando el CNE impuso una veda del 2 al 8 de mayo (resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral del 27 de abril).
El Gobierno emitió cadenas sin observar la norma y ha manipulado los contenidos con afirmaciones falsas y tendenciosas e imprecisiones sobre la propiedad de los medios privados. Los medios gubernamentales no han sido democráticos. Ahora solo queda exigir transparencia en el manejo y divulgación de los resultados del 7 de mayo.