11 de agosto de 2016 17:44

Fernando Villavicencio impugnará la sentencia por el pago de USD 141 000

Para intentar pagar la deuda impuesta a Villavicencio se abrió una cuenta bancaria para donaciones de la ciudadanía. Foto: Adriana Noboa / EL COMERCIO

Para intentar pagar la deuda impuesta a Villavicencio se abrió una cuenta bancaria para donaciones de la ciudadanía. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Adriana Noboa

El exsindicalista Fernando Villavicencio impugnó este 11 de agosto de 2016, el proceso judicial en su contra, en el que se ordena el embargo de sus bienes y cuentas bancarias, así como la prohibición de salida del país.

Esto después de que el martes 2 de agosto del 2016 el juez Edwin Cevallos Ampudia, de la Unidad Civil del Distrito Metropolitano de Quito, ordenara aceptar la petición del presidente Rafael Correa para declarar insolvente a Villavicencio.

La decisión del magistrado se basa en el no pago de USD 141 000 de indemnización y petición de disculpas públicas al que fueron condenados Villavicencio, Clever Jiménez y Carlos Figueroa, por injuriar al Mandatario. Ellos tenían un plazo de 30 días, desde el 17 de marzo de 2015, para cumplir con este dictamen.

El 28 de mayo del año pasado los tres fueron acusados de desacato por parte del presidente Correa. Para intentar pagar la deuda impuesta a Villavicencio se abrió una cuenta bancaria para donaciones de la ciudadanía.

Marta Roldós afirmó que, "como una familia que recolecta el dinero para pagar a un secuestrador", ellos colaborarán con Villavicencio pese a que desconocen la validez de la sentencia.

Además, el exdirigente sindical contó que ya notificaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre esta nueva sentencia, pese a que los tres involucrados cuentan con medidas cautelares a su favor.

Además dijo que hace cuatro meses planteó una demanda por el caso en la ONU. Espera que en los próximos días haya un pronunciamiento de la CIDH. Según Villavicencio su patrimonio se limita al menaje de casa, ya que el lugar donde vive, al sur de Quito, pertenece a su hermana.

Contó que solo tiene una cuenta bancaria que no tendría fondos. El objetivo de embargar sus bienes, sostiene, es llevarse todos sus libros y la información que ha recolectado para sus investigaciones y denuncias a lo largo de estos diez años y dejarlo sin nada.

Para Villavicencio se trata de un ataque contra el periodismo por las constantes investigaciones que ha presentado sobre casos de corrupción. Y también dijo que se intentaría embargar incluso sus correos electrónicos.

Antecedentes


El 14 de enero de 2014, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional negó el recurso de casación que interpusieron Jiménez, Villavicencio y Figueroa, y ratificó la sentencia de la jueza Lucy Blacio, quien en abril del 2013 los declaró culpables del delito de injuria contra el Presidente.

Blacio los sentenció entonces, en calidad de autores materiales, a 18 meses de prisión, mientras que la condena de Figueroa, único que cumplió su pena, fue reducida a seis meses.

Pero el 26 de agosto de 2014, la jueza modificó la pena por la entrada en vigencia del Código Integral Penal y bajó la condena a 12 meses.

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