14 de junio de 2015 12:12

Fernando Callejas: 'Se envía un mensaje errado y la población se pone en alerta'

Fernando Callejas, exalcalde de Ambato.Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

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Santiago Estrella

El exalcalde de Ambato, Fernando Callejas, habla sobre la ley de Plusvalía y su efecto en los municipios del país. 

¿Qué lectura hace, ya lejos de la función pública, del anuncio presidencial sobre esta ley de Plusvalía?
Hay que mirar las cosas de una manera general, no solamente de qué manera puede afectar este impuesto a la plusvalía a las diferentes municipalidades del país. Había ya un impuesto vigente, que rendía sus frutos si las municipalidades tenían sus catastros actualizados. No nos olvidemos que los catastros por ley tienen que ser avalúos reales y no como antes en que había avalúos comerciales, catastrales, entre otros. Ahora en lo posible se trata de que sea real, aunque siempre va a haber una diferencia con el precio del mercado. No veo la razón ni el motivo para, en un momento de sobresalto, actualizar ese impuesto y aparentemente poner tasas muy altas.

¿Se logrará evitar la especulación de la tierra?
Si es para que no exista acaparamiento de terrenos y se dediquen a proyectos inmobiliarios, está correcto, pero tal vez debía darse un giro distinto a lo que se está planteando.

¿Y cuál sería ese giro?
Ya se tienen instrumentos como un impuesto progresivo al lote no edificado o sin cerramiento, como aplicamos en Ambato. Es imposible controlarlo del todo. Se debe exigir a las municipalidades que tengan sus catastros actualizados. Un alto porcentaje de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) no los tienen y por eso se dan este tipo de problemas como el control inadecuado sobre la tierra, sobre el uso de la tierra urbana y, peor todavía, los municipios no tienen ningún ingreso.

¿Eso quiere decir que se lanza una ley sin estudios completos sobre lo que podría generar esta tasa de la plusvalía?
Creo que no hay un estudio del todo adecuado. Esperemos que la Asamblea cumpla esa labor y que se haga un buen análisis sobre lo que se está proponiendo, no tanto recaudar dinero sobre la plusvalía, porque eso ya existe, sino que se logre controlar de mejor manera el acaparamiento del suelo. Espero que los asambleístas hagan un buen análisis, llamen a los directamente interesados (municipios) para que se pueda hacer un buen análisis.

En esta circunstancia política de movilizaciones, ¿cree que hay voluntad de diálogo?
Debería haber ahora y en cualquier momento político. Es la mejor forma para evitar mayores conflictos y para que las leyes, si no totalmente consensuadas, pasen por lo menos con un apoyo de los GAD y de la propia ciudadanía.

¿Hay el riesgo de que se encarezca el precio del suelo y de las construcciones?
Si se pone un impuesto de plusvalía y el dueño de un terreno o el promotor inmobiliario va a tener un costo adicional, eso se traslada al posible comprador. Así funciona el mercado por más que se diga lo contrario. Sí va a encarecer y perjudicará a la construcción. En lugar de generar nuevos impuestos, si se había detectado evasión de herencias, debió darse los mecanismos para recaudar lo que debe recaudarse. Se pone esta Ley y hay una reacción generalizada porque se cree que estamos en el camino de una estatización del patrimonio de las familias. Contra eso los ciudadanos -y con razón- reclaman y protestan.

¿Hay una valoración moral sobre aquel propietario de un bien que se ve beneficiado por una obra gubernamental?
El enfoque es equivocado. Las municipalidades cobran un valor al beneficio directo, se llaman mejoras directas y generales. Lo justo es que se cobre la obra municipal porque eso permite seguir invirtiendo en otros sectores.

¿Considera usted que esto podría afectar la entrega de asignaciones del Estado a los municipios?
No podría decir eso. Como se cambió la forma de entregar recursos a la ciudades ya no había que hacer este peregrinaje a Quito. Nosotros recibimos cumplidamente las asignaciones de manera mensual y según la distribución en el Presupuesto General del Estado. Es cierto que hay una crisis fiscal, pero para eso debería modificarse la Constitución. Así que no veo que esa preocupación tenga asidero.

Entre varias cosas, hay una serie de políticas que causan preocupación en el país. ¿Cuál es el sentido de estos impuestos?
No es el momento más adecuado porque hay una serie de medidas que ha puesto en alerta a la población, como las enmiendas, luego las del seguro social, el no aporte del 40%, buscar crédito en el exterior a como dé lugar pagando tasas altísimas de interés con la colocación de nuestros bonos soberanos. Luego vino el impuesto a la plusvalía, a la herencia. Se manda un mensaje equivocado y la población se pone en alerta.

¿En qué consiste el mensaje equivocado?
Que todo gire en torno al poder estatal y se deje en nada a la iniciativa privada es un error. Y el impuesto a la herencia es un golpe terrible al emprendimiento.

El Gobierno sostiene que esta medida afecta solo al 2% de la población...
Está mal plantear las cosas bajo ese esquema. Decir que las leyes solo afectan a los ricos o a cierto grupo social es una barbaridad porque crea división. Solo sirve para que hayan encono y confrontación. Y esta ley no solo afecta al 2%, sino a todo el mundo. Quien quiera comprar un departamento o invertir en algún emprendimiento, primero va a pensar bien, ver qué pasa. Por más que el Gobierno o ciertos funcionarios crean que todas estas movilizaciones son parte de una conspiración, no es así: no todo es una restauración conservadora en el país. Lo que sí hay es inquietud. Creo que es hora de que haya serenidad para que el país se tranquilice.

Su trayectoria. Fernando Callejas es un arquitecto graduado de la Universidad Central. Fue alcalde de Ambato entre los años 2000 y 2014.

Su punto de vista.  El impuesto a la plusvalía ya existe. Para que sea efectivo, se requiere que los Gobiernos Autónomos Descentralizados tengan un real catastro de tierras.

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