22 de noviembre de 2014  00:00

Familiares de víctimas viven otro calvario en juzgados de tránsito

En la residencia de la familia Bastidas hay fotografías, medallas, camisetas, cuadros que evocan la memoria de Carlos Jr.. Murió el 12 de mayo del 2011.
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Javier Ortega

Justicia. La palabra la repiten durante toda la entrevista. Carlos Bastidas y Verónica Galarza no se conocen, pero sus historias son idénticas. Los dos perdieron a sus hijos en accidentes viales y batallan contra la impunidad.

En la casa de la familia Bastidas, cada rincón evoca la memoria de Carlos Jr. Fotografías, revistas deportivas en las que él escribía, medallas, camisetas con su imagen. En su habitación todo sigue igual como él lo dejó el 12 de mayo de 2011.

Esa noche, el estudiante de periodismo -de 22 años- salió con dos amigos a Monteserrín, una zona residencial del norte de Quito. Estacionaron el auto en una calle sin salida. Carlos Jr. se bajó y, en ese momento, otro vehículo apareció y lo atropelló. Luego se impactó contra un poste. Las investigaciones revelaron que el conductor iba a exceso de velocidad.

Hace dos meses, es decir, tres años y medio después del accidente, la Corte Nacional sentenció a cuatro años al chofer. Pero ahora él está prófugo.

Para conseguir esa resolución, la familia Bastidas invirtió tiempo y dinero. Calculan que gastaron USD 60 000 en abogados e investigadores privados. Los detectives localizaron a dos testigos clave: el guardia de seguridad de un conjunto privado ubicado cerca de la zona del accidente y al policía que elaboró el parte.

Al primero lo encontraron en el sur de Quito, y al agente, en la casa de un familiar en el Guasmo de Guayaquil. Sin ellos, el juicio contra el sospechoso se habría extinguido.

El ‘calvario’ en los juzgados también se alargó porque la primera fiscal que siguió el proceso se excusó y la reemplazaron. “Demostramos 18 errores graves. No le hizo el análisis de sangre al sospechoso, el examen físico lo elaboraron en su oficina, videos editados, falsos testimonios... irregularidades gravísimas”, comenta Bastidas.

En enero del 2013, el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) reconoció la impunidad detrás de los delitos de tránsito. Fernando Yávar, vocal del ente, advirtió que las sentencias no llegaban ni al 1%. Frente a esa realidad, ese organismo elaboró un proyecto denominado Disminución de la impunidad en delitos de tránsito.

Este Diario solicitó el martes 18 de noviembre una entrevista con funcionarios de la Judicatura y estadísticas de las causas que llegaron a sentencia o se archivaron. En la tarde de ayer, 21 de noviembre, el CJ aseguró que estaban en “proceso de consolidación de las cifras” a escala nacional.

Solo remitieron datos de los procesos que se conocieron en Pichincha. Entre enero y octubre de este año ingresaron
82 108 causas y se solucionaron 106 037
. “La diferencia se explica porque se resolvieron procesos que estaban represados de años anteriores”, dijeron.

Guillermo Abad, de Justicia Vial, mira con recelo esas cifras. Para él, en el 90% de los casos de tránsito no hay una sentencia. “No creo que en un año y medio (desde la denuncia de Yávar en enero del 2013) haya variado más del 10%”.

Otro fenómeno que incide en la impunidad -precisa Abad- son los acuerdos reparatorios, una figura legal que se prioriza en los juicios de tránsito. “Se llega a un acuerdo con familias de las víctimas por USD 1 200, 1 500, 2 000... Es una barbaridad que se trate de reparar una vida por ese monto”.

En el caso de Verónica Galarza, su abogada le sugirió llegar a un acuerdo reparatorio con el conductor que atropelló a su hijo, Fernando de 17 años. Le dijeron que le pagaría USD 5 000 si desistía de la demanda. “Cómo voy a quitar la acusación particular si estamos hablando de mi hijo, no golpearon a un carro, mataron a mi hijo”, cuestiona la mujer.

La familia Galarza se negó a “poner un precio a su hijo” y continuaron con el proceso. Fue una larga batalla. Fernando murió el 24 de enero del 2009 y, cuatro años después, la Corte Nacional de Justicia condenó al conductor a 36 meses de prisión y a cancelar una indemnización de USD 4 360.

Pese a la sentencia, la familia Galarza ahora abrió un nuevo juicio para exigir ese pago. En los últimos meses recopiló certificados bancarios, de propiedades y comprobó que el conductor es insolvente. “Han pasado 5 años 10 meses desde que inició el proceso, transfirieron, cambiaron las propiedades. Se dieron cuenta que no íbamos a arreglar”.

El juicio también se dilató porque el chofer escapó. Verónica tuvo que ir con policías al barrio donde se presumía que vivía el sospechoso, pero no hubo rastros de él.

Actualmente, en Quito, solo cuatro agentes del Servicio de Accidentes de Tránsito (SIAT) se encargan de localizar a los conductores que huyen tras un siniestro vial. En diciembre, otros 25 uniformados se sumarán a esas tareas. Desde septiembre reciben capacitación.

Mauricio Maya, jefe del SIAT, reconoce que una de las principales causas para formar a estos 25 policías es la alta incidencia de conductores que se fugan.

Carlos Bastidas y Verónica Galarza no son los únicos que exigen justicia. La familia Hurtado hará hoy una rifa de solidaridad para recaudar fondos y solventar los gastos de su hijo. Fue atropellado hace dos semanas en el centro de Quito. El conductor está prófugo.

Familiares de los 15 fallecidos en la vía Alóag - Santo Domingo se unen al clamor de la justicia. Ayer mantuvieron una reunión con Ledy Zúñiga, ministra de Justicia. Pidieron que cierren de forma definitiva a la cooperativa Panamericana, cuya unidad provocó el siniestro.

También se niegan a recibir los USD 8 000 que la aseguradora se comprometió a cancelar a cada una de las familias .

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