28 de noviembre de 2017 00:00

Expropiaciones inconclusas durante 28 años

Actualmente se construye la extensión de la av. Simón Bolívar, entre Carapungo y San Antonio de Pichincha. Esta ha requerido hasta el momento de 385 predios. Foto: Julio Estrella/EL COMERCIO

Actualmente se construye la extensión de la av. Simón Bolívar, entre Carapungo y San Antonio de Pichincha. Esta ha requerido, hasta el momento, de 385 predios. Foto: Julio Estrella/EL COMERCIO

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Evelyn Jácome
Redactora (I)
njacome@elcomercio.com

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Lo dice la ley: el bien común prima sobre el personal. Ese es el principio en el que se basan las expropiaciones. Expropiar quiere decir quitar legalmente una propiedad a una persona por motivos de interés público y entregarle a cambio una indemnización. Los más grandes proyectos que se han llevado a cabo en la capital -como vías, intercambiadores, puentes- han requerido cientos de expropiaciones.

El proceso para que uno de esos trámites se lleve a cabo es siempre complejo y en algunos casos no concluye. Hasta el momento hay personas que continúan sin recibir el pago de procesos que se iniciaron hace 28 años. Anny Andrade, directora de Expropiaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, explica que desde el 2016, la Dirección de Expropiaciones ha concluido 13 procesos que estaban estancados de años atrás por un monto de USD 1,7 millones.

No hay un registro actualizado del número de expropiaciones que se iniciaron y no concluyeron años atrás. Pero la Epmmop realizó un análisis y determinó que para pagar todos los procesos de expropiación inconclusos, se necesitaría unos USD 100 millones.

Uno de ellos es el caso de Rodrigo Umatambo, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos por un Futuro Mejor. Explicó que en el 2000, luego de que la Asociación comprara 4 ha, les expropiaron 4 600 m2 para la construcción de la extensión de la av. Mariscal Sucre, en Chillogallo. Unas 300 personas fueron afectadas. Desde entonces inició un proceso que apenas pudo terminar este año.

Cuenta que hubo toda clase de problemas técnicos y legales y que debieron contratar un bufete de abogados para que los asesorara. Debieron demostrar con documentos su propiedad, pero se habían perdido varios archivos.

Sonia Vásquez, otra de las afectadas, asegura que fueron meses de mucho trabajo y desesperación. Todo el año hacían trámites, reunían papeles, pero como algunos demoraban, otros caducaban y debían volver a sacarlos. Finalmente lograron recibir USD 451 914 en abril. Agradecen el apoyo de la actual administración.

Andrade explica que a partir de una resolución aprobada por el Concejo en octubre de 2016, en la que se delega al gerente general de la Epmmop la facultad de modificar o revertir las resoluciones de Declaratoria de utilidad pública, los procesos antiguos que venían rezagados se han agilizado.

La funcionaria explica que se debe en la mayoría de casos a problemas con los inmuebles: propietarios que no lograron demostrar que son dueños, documentos no actualizados, etc.

Otra complicación se da cuando los datos de los documentos no concuerdan con el área real. Antes se calculaba en pasos, pero hoy la tecnología es más precisa lo que marca diferencia de mediciones en cerca del 70% de los predios, según Andrade. En esos casos se debe efectuar un trámite, a veces complejo, por lo que algunas familias se descuidan y heredan el lío a sus hijos y nietos.

Expropiaciones recientes

Los últimos tres años se han llevado a cabo cinco proyectos que requirieron expropiaciones: Ruta Viva, Intercambiador de la Granados, puentes sobre Ruta Viva, extensión de la Simón Bolívar y Quito Cables. Entre todos, hasta el momento, se han requerido 745 expropiaciones. La cifra puede variar ya que los dos últimos proyectos están en ejecución.

La actual administración ha desembolsado, entre el pago a los propietarios de los inmuebles (con quienes se logró negociar ) y la consignación en la cuenta de la judicatura (167 casos que iniciaron procesos judiciales) un valor de USD 81, 7 millones. Pero este monto se puede modificar si en los casos donde hay un proceso legal de por medio, el juez determina que el valor del inmueble es superior al de la ficha técnica.

En los proyectos Ruta Viva y Prolongación de la Simón Bolívar aún hay algunas expropiaciones que no terminan. El presupuesto aproximado para esos trámites asciende a unos USD 5,1 millones.

Sin embargo, entre todos todavía restan 172 expropiaciones por pagar. Juana Paredes, quien vive en Pomasqui es una de ellas. Debió entregar 250 metros de su predio y recibirá USD 3 000. Cuenta que están terminando de legalizar sus documentos para poder recibir el pago. Admite que el valor es poco, y que deberá dividirlo entre sus cuatro hermanos, pero prefiere eso, a tener que enredarse en juicios.

Andrade manifiesta que el retraso se debe a los trámites que se están realizando para legalizar escrituras, o actualizar datos, pero que van por buen camino.

En contexto

El 20 de marzo del 2017 se emitió una reforma al artículo 58 a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública que cambió el trámite de expropiación. Pero aún no se emite una nueva tecnología valoratoria para los predios, lo cual retrasa el proceso actual.

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