5 de septiembre de 2016 15:36

Exministro argentino irá a juicio oral por choque de tren que dejó 51 muertos

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Agencia EFE

El exministro argentino de Planificación Federal Julio de Vido (2003-2015) será sometido a juicio oral y público en la causa que investiga su responsabilidad en el choque de un tren en Buenos Aires que dejó 51 muertos y más de 700 heridos en 2012, informaron hoy, 5 de septiembre del 2016 fuentes judiciales.

El juez argentino Claudio Bonadio decretó así la clausura de la instrucción con relación al exministro y actual diputado por el kirchnerista Frente para la Victoria por los delitos de descarrilamiento de un tren "agravado" por existir fallecidos y heridos "y por defraudación contra la administración pública".

Bonadio también envió a juicio a Jorge Gustavo Simeonoff, exjefe de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren).

El magistrado rechazó varios pedidos de sobreseimiento por parte de la defensa.

El pasado 23 de agosto, el fiscal Ramiro González pidió la apertura del juicio oral contra De Vido al considerar que existe un presunto delito de "administración fraudulenta en concurso con estrago culposo" por parte del exministro.

La Cámara Criminal y Correccional en lo Federal de Buenos Aires había dispuesto también el procesamiento sin prisión preventiva para De Vido al considerar que conocía las "graves falencias" del sistema ferroviario y no adoptó ninguna medida para solucionarlo.

La Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, también había pedido elevar a juicio oral la causa en su condición de querellante y por los familiares de las víctimas.

La "tragedia de Once" se produjo el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea ferroviaria Sarmiento, que conecta la capital argentina con la zona oeste del conurbano bonaerense, se empotró contra un andén de la estación cabecera en la hora punta de la mañana.

En diciembre de 2015, la Justicia ya condenó a ocho años de prisión al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (2009-2012) y a su antecesor, Ricardo Jaime (2003-2009), por un "delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

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