10 de febrero de 2016 13:30

Exmilitares se reunieron en Guayaquil en defensa del Issfa

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Washington Paspuel

Un grupo de miliares en servicio pasivo se citó la mañana de este miércoles 10 de febrero del 2016, en el sur de Guayaquil para exigir que se respeten los fondos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).

Un grupo de 30 militares retirados de la Federación Huancavilca, que agrupa a exoficiales de Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro se citó en los exteriores de la Primera Zona Naval para reclamar por la decisión del Gobierno de transferir USD 41 millones del Issfa al Ministerio del Ambiente, por un supuesto pago excesivo en la adquisición del predio donde actualmente se levanta el parque Samanes, en el norte del Puerto Principal. “Es evidente que el Estado tiene problemas de financiamiento, de allí el desacierto de disponer la devolución de ese dinero que supuestamente se canceló de forma indebida al Issfa”, manifestó Sergio Figueroa, representante del grupo de exmilitares.

El presidente Correa publicó el pasado sábado 6 de febrero en su cuenta de Facebook que “los politiqueros de siempre ya se metieron” en el caso del ISSFA. Argumentó que cualquier imprecisión será aclarada por la Contraloría, en el informe al respecto.

El contrato de compra-venta de los terrenos lo firmó, por parte del Ministerio del Ambiente, la extitular de esa cartera y actual vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga.

Figueroa manifestó que la negociación se realizó el 7 de septiembre del 2010, por USD 48 220 391, con un avalúo que se hizo sobre 220 hectáreas (66 lotes), mediante contrato de compra-venta. “Fue suscrito en escritura pública, voluntariamente, y en mutuo acuerdo entre las partes”.

El militar retirado aludió a la Constitución para precisar que los fondos del seguro social universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir los fines de su creación. “Si el Ministerio del Ambiente no observó que el avalúo a considerar era el del Municipio de Guayaquil, que actualmente está sobre los USD 7 300 000, fue negligencia del funcionario”.

La Federación Huancavilca anunció que se sumará a las movilizaciones de protestas contra la decisión del Gobierno.

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