En tres años de Gobierno se han registrado la detención de al menos seis personas que supuestamente agredieron a la majestad del presidente Rafael Correa y el silencio de los organismos de Derechos Humanos. ¿Cómo fortalecer la defensa de los derechos fundamentales?
En esos casos se torcieron las cosas y (los detenidos) se fueron sometidos a la Función Judicial. Allí no se puede actuar. Esa instancia solo acepta a personas legalmente capacitadas. Las ONG no podían estar allí.
Pero, al menos, podían pronunciarse oficialmente.
Eso es un saludo a la bandera.
Pero tampoco lo hicieron.
En esos casos posiblemente no la han hecho, pero han actuado en otros temas menos sonoros.
Hay críticas porque las ONG se mantienen en silencio, porque mantienen alguna relación con el Gobierno.
En alguna ocasión puede suceder. La Aldhu (Asamblea Latinoamericana de Derechos Humanos, a la que perteneció el ex ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea) trabajaba para el Gobierno y no solamente con este, sino desde 1984.
¿Y las otras ONG?
Estas organizaciones hacen poco, porque hay miles de quebrantamientos de DD.HH. en el país.
¿Usted dice que esas organizaciones no tienen capacidad operativa para actuar?
Claro. Quién puede estar en todos los casos que aparecen.
Pero si las ONG actúan parcialmente, ¿qué hacer?
Seguir reclamando, seguir presentando acciones.
Frente a esto, ¿cómo hacer que todos los postulados de DD.HH. establecidos en la Constitución se cumplan?
Más bien la Constitución del 2008 restringe ciertos derechos. No se habla de forma clara de que las personas deben ser juzgadas de acuerdo con las normas que existían en el momento que supuestamente se cometió una infracción. Por ejemplo, si eso se cometió en el 2008, la persona tiene que ser juzgada de acuerdo a la norma vigente de ese año y no con la actual. La Constitución actual no es muy clara y es restrictiva.
¿La Constitución de 1998 respetaba más los DD.HH.?
En la Constitución de 1998 se decía que el Estado es responsable frente a los ciudadanos y que debe responder, por ejemplo, concediendo indemnizaciones por los perjuicios o daños causados a un ciudadano. Pero en la Constitución del 2008 eso desaparece del articulo 1 y ahora está disperso en otros articulados. Posiblemente hubo un trabajo mal hecho y utilizan ciertos principios muy mal elaborados.
Entonces, ¿la ciudadanía es más vulnerable ahora? ¿Si la legislación es ambigua en torno a la responsabilidad del Estado, hay una puerta abierta a más abusos?
Yo veo que, usualmente, en el actual Gobierno se quebrantan frecuentemente los Derechos Humanos. Para nadie es secreto que el Estado es el más grande conculcador en esta materia, es decir, la administración pública, los funcionarios. Pero en el actual período ha crecido esa violación.
Además de las detenciones, ¿en qué basa aquello?
Por ejemplo, los trabajadores no están de acuerdo con este Gobierno, porque se conculcaron ciertos derechos, como las indemnizaciones, beneficios, sindicalización. A los jubilados del sector público no se les está dando la jubilación patronal. Esto se les quitó a través de decretos ejecutivos firmados por el Presidente de la República. Eso no podía darse.
Esos son temas patronales.
Está el caso de la empresa brasileña Odebrecht. Cuando esta firma tuvo problemas en la represa hidroeléctrica San Francisco, el presidente Correa expulsó a sus directivos por decreto ejecutivo. Eso tampoco podía pasar. Si ellos demandan a Ecuador en un tribunal internacional y dicen que les conculcaron los Derechos Humanos, podrían ganar.