29 de March de 2010 00:00

‘Es equivocado renunciar a la fiscalización’

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Arturo Torres. Director de la Unidad de Investigación
atorres@elcomercio.com

 ¿Cómo está evolucionando el caso del fiscal Washington Pesántez en la comisión de Fiscalización, qué se ha decido sobre el juicio?
La Ley establece un procedimiento, que se ha venido cumpliendo desde cuando se hizo la solicitud, que finalmente fue calificada en la Comisión de Fiscalización. Ahora viene la calificación de la prueba, para lo cual tenemos 15 días.  En este período se recibirán las pruebas de cargo y descargo. Podemos requerir pruebas de oficio y testimonios.

¿También podrían llamar al Fiscal, quien está acusado de falta de probidad?
Claro, de ser necesario

Este es un caso sensible, ¿será transparente?
Sí, debemos transparentar todo el proceso, lo manda la Ley. 

¿Cuál será el procedimiento en el juicio político?
Solo se valorarán los temas formalizados como denuncias en la Comisión, nada más. Ya no se pueden incluir otros temas. En menos de un mes se sabrá la suerte del juicio contra el Fiscal.

Por otras actuaciones de la Comisión, en las que se  desestimaron juicios contra otros funcionarios, como los ministros de Obras Públicas y Defensa, hay desconfianza en la independencia de su trabajo fiscalizador
En todos los casos nos hemos ceñido a lo que dice la Ley. Hay una calificación que debe cumplirse de manera rigurosa.

De todas maneras, este caso  es una prueba de fuego para la Comisión de Fiscalización, por la reacción pública que  ha generado.
 Es una prueba de fuego para toda la Asamblea, porque no es justo dejar toda la responsabilidad a la Comisión, donde se reflejan todas las fuerzas de Asamblea, con 11 legisladores. Si esto prospera, será el Pleno el que  podrá tomar la decisión final con base en el juicio político iniciado.

¿Pero hay muchos cuestionamientos por su aparente parcialización con el gobierno de Rafael Correa?
Lo más importante del nuevo sistema es que debe tener resoluciones motivadas,  lo que está en la Constitución y la Ley.   No es solo el voto,  porque luego puede pasar a otra instancia como la Corte Constitucional. No es solo una expresión de rechazo o confianza en un funcionario. En el juicio se debe establecer cuál es la normativa  que se violó y luego contraponerla con la prueba.


HOJA DE VIDA
Silvia Salgado

Es presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.  

Llegó al Legislativo por un acuerdo entre el Partido Socialista Ecuatoriano y Alianza País.
 
La semana pasada anunció la separación del bloque de País, para crear otro de socialistas y miembros de la Fenocin.


Una de las acusaciones contra el Fiscal es su aparente negligencia en el caso que investigó la muerte de la ex ministra de Defensa, Guadalupe Larriva. ¿Cuál es la posición de los socialistas, que han sido los más críticos?
Antes de que ocurra el accidente en el que estuvo involucrada la esposa del Fiscal, mi compañero de partido Víctor Granda había venido insistiendo  en que el fiscal Pesántez  impulsara la investigación.  Lastimosamente, cuando salió el dictamen nos dimos cuenta que era absolutorio para todos los involucrados. No solo eso, ese pronunciamiento cierra la posibilidad de que la parte que acusa en representación de la familia Larriva presente más pruebas y se llegué a una sentencia. Aspiramos a que eso se revea, aún no ha sido valorado ese dictamen en la Corte. No nos sentimos tan bien representados con decisiones como esas.  Por eso hemos requerido la información y en el juicio al Fiscal abonaremos con pruebas para evidenciar cuál fue su papel en este caso.

¿Cuál es su posición frente a las críticas del presidente Rafael Correa por la investigación contra el Fiscal y otros de sus ministros?
Que debería revisar mejor la Ley.  Es una obligación de la Asamblea fiscalizar al Gobierno, para eso y para legislar nos nombró la gente. No creo en el autocontrol que defiende el Presidente, no es suficiente. La Asamblea no puede renunciar a su papel para mantener una relación de respeto con el Presidente.

Este caso, precisamente, ha evidenciado que hay maneras distintas de entender la tarea de fiscalización desde el Gobierno y en la Asamblea. Hay legisladores que impulsan la fiscalización  y otros que solo siguen la agenda del Presidente.
Pero el Primer Mandatario quizá tenga razón en su lógica porque dirige la Función Ejecutiva. Él tiene que defender la gestión de los ministerios.

¿Las gestiones de sus ministros o la Constitución General del Estado y la Ley?
Cuando está de por medio la gestión de un Ministerio, no solo de corrupción sino su desempeño enmarcado en la Ley, pero veo a un Presidente que actúa con desesperación viendo que las cosas no salen, no tienen resultados.

Pero usted dice defender los procedimientos, la Ley y la Constitución.  ¿No le parece que esa misma lógica debe primar en el Ejecutivo y no el espíritu de cuerpo?
Esa es una atribución de la Función Legislativa, nosotros no podemos esperar a que el Presidente nos dé su venia para iniciar nuestra tarea de fiscalización. Él es responsable de la Función Ejecutiva, puede decir cualquier cosa y responder por sus actos en ese campo. Nosotros respondemos por la Asamblea, incluidos los integrantes de Alianza País.

¿Se juegan por el proyecto, no por personas específicas?
A mí me llama mucho la atención cuando el Presidente dice que pone las manos al fuego, que renuncia en defensa de sus ministros, es admirable esa defensa ciega. Podemos demostrar simpatía, amistad, pero cuando hay pruebas lo mínimo que debo hacer es dejar la amistad a un lado. 

La fiscalización, entonces, es un buen negocio para la Asamblea Nacional.
No puedo hacer espíritu de cuerpo porque no solo estoy representando a un grupo político o a un amigo, sino cosas que en política son decisivas. Dejar de fiscalizar puede ser decisivo para el Régimen, para esta Asamblea.

¿Tarde o temprano ese vacío de fiscalización se les puede revertir?
Así es.   Hay que pensar también en que después de tres años vienen elecciones. Tenemos  que rendir cuentas.

¿La factura será para ustedes?
Sí, y permítame incluir  la posibilidad de la muerte cruzada, establecida en la Constitución. Pienso que eso no debería ser lo que nos lleve a actuar en términos de cumplir nuestra responsabilidad política.

¿Cuál es su lectura sobre la actuación de otros legisladores del oficialismo que prefieren defender la agenda presidencial, más allá de cualquier argumento?
Creo que es equivocado renunciar a una obligación  que nos delegó la ciudadanía, nos debemos a la gente. Creo que a pesar de que País llegó a la Asamblea a ser mayoría con un voto de confianza  a un proyecto y liderazgo innegable de Rafael Correa, jamás puede ser correcto priorizar las fidelidades al Gobierno.

¿Son esas contradicciones las que están minando la propuesta política del movimiento Alianza País?
Sí. En País hay que fortalecer más el debate político interno, porque muchas veces son criterios personales los que priman, por eso nosotros tomamos la decisión de  distanciarnos.

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