30 de agosto de 2015 00:00

Patricio Moncayo: ‘Hablan de Matriz Productiva, pero recuerdan la devaluación’

Patricio Moncayo es catedrático y analista político. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.

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Santiago Estrella
Editor (I)

Entrevista a Patricio Moncayo, analista político y académico. Es catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y ha cumplido funciones en la otrora Junta Nacional de Planificación y el Consejo Nacional de Desarrollo.

¿Cómo evalúa usted los últimos anuncios de reducción del Estado?

Forma parte de lo que podría denominarse una política de ajuste que responde a una crisis económica. El Gobierno no tomó las precauciones recomendadas a inicios de su gestión con relación a variables que no están bajo su control, como el precio del petróleo. Esta disminución significativa sorprende al Gobierno, que comienza a reaccionar tardíamente.

¿Pueden sorprender estas variables a un economista como el Presidente?

El Gobierno ha prescindido de la planificación, a diferencia de lo que ocurrió con la ex Junta Nacional de Planificación (Junapla) y del Consejo Nacional de Desarrollo (Conades), la Senplades ha cumplido un rol subalterno. Por eso ha actuado intuitivamente y sobre la base de la improvisación y no necesariamente ha sujetado sus decisiones en parámetros técnicos.

¿En qué ha improvisado?

Por ejemplo, en la obra pública. Básicamente ha respondido a ciertos intereses de carácter político. La obra pública se concibió en la perspectiva de la rentabilidad política.

Como todo Gobierno...

Sin duda. Uno de los problemas que afecta al sistema político ecuatoriano es la baja capacidad de gobierno. Esto hace que en un modelo neoliberal o estatista los resultados pueden ser contraproducentes, no necesariamente en razón de uno u otro modelo. Ecuador ha experimentado este problema porque los gobiernos se han sustentado en la improvisación, en el inmediatismo y en acciones orientadas a solucionar la coyuntura.

Este Gobierno sostiene que planifica y por eso defiende el cambio de Matriz Productiva y energética.

Solo que para esos cambios debieron haberse puesto las condiciones fundamentales desde hace ocho años. No se lo puede plantear en momentos en que el Estado se ve acosado por el déficit fiscal.

¿Quiere decir que el modelo del socialismo del siglo XXI funciona en bonanza económica?

El debate de los modelos es ideológico. La derecha reivindica el neoliberal y la izquierda el papel regulador del Estado. Hay un error conceptual. El debate es sobre la capacidad de gobierno que les permita afrontar con acierto los problemas que emergen en una coyuntura como la actual.

Que ahora tiene tres frentes: político, económico y natural. ¿Cómo ha visto la reacción del Gobierno ante ellos?

Están interrelacionados. El Gobierno declara el estado de excepción ante la eventual erupción del Cotopaxi. Pero esto no puede ser afrontado aisladamente, porque hay una crisis económica y movilización social.

¿Cómo se enfrenta el riesgo natural si no se remedian previamente los factores que han generado la crisis económica y, a su vez, la disconformidad social? Tienen que ser enfrentados sistémicamente, pero trata los problemas aisladamente. Ahora hay fenómenos que se juntan. Se habla de que puede venir la desdolarización, que también exige una planificación previa.

¿Cuán positivo resulta criticar la dolarización pero decir que se la va a mantener?

El problema de la dolarización tiene variables que están sujetas al control o no del Estado. El elevado gasto público, más que parte de un modelo económico abstracto, responde a una toma de decisiones equivocada.

El Gobierno ahora habla del achicamiento del Estado luego de que por ocho años infló la burocracia pensando que la eficacia del Estado radicaba en su tamaño, pero esta depende del diseño, los métodos de trabajo.

Es Senplades la que lleva adelante esta reducción...

A diferencia de lo que pasó con la Junapla y el Conades, se trataban de organismos técnicos que tenían autonomía institucional que prestó servicios a gobiernos de distinta ideología. Su autonomía técnica e institucional fue respetada.Cuando la ideología se superpone a lo técnico, el organismo planificador pierde credibilidad.

Se podría pensar que es lógico que los planes de desarrollo deben tener un sustento ideológico.

El plan de desarrollo no puede ser entendido de manera vertical porque la planificación concierne tanto al Gobierno como a la sociedad, la empresa privada, a los partidos, a las cámaras. No se puede pensar en una planificación única, central, como en la URSS porque no funciona en democracia, que no tiene un solo plan, sino una gama de planes.

Una de las explicaciones continuas es que Colombia y Perú pueden devaluar, pero Ecuador no.

Esto responde nuevamente a una improvisación porque el Gobierno, aunque ideológicamente estuvo en desacuerdo con la dolarización, nunca formuló un plan alternativo.

No le convenía...

El problema es que desde la previsión y la coherencia si el Presidente no estaba de acuerdo con la dolarización como muchos economistas, lo pertinente era que propusiera un camino alternativo.

Se caía...

Puede ser. Entonces, no son los modelos los que imperan sino conveniencias de la coyuntura a los que se acomodan los gobiernos. ¿Dónde quedan las perspectivas de mediano y largo plazo, dónde queda el cambio de la Matriz Productiva si estamos pensando en la devaluación en el supuesto de que saliéramos de la dolarización para devaluar?

El cambio de matriz productiva no quiere decir cambiar hacia fuera sino hacia adentro: desarrollar una industria nacional capaz de contrarrestar la dependencia. ¿Dónde queda la orientación ideológica del Gobierno? Hay un conflicto entre el discurso oficial y la práctica de gobierno.

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