6 de septiembre de 2015 00:00

Juan Pablo Pozo: ‘No hubo una sola apelación al voto electrónico del 2014’

En la foto, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

En la foto, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Santiago Estrella
Editor
politica@elcomercio.com

En una entrevista con el Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), cree que hay argumentos técnicos, económicos y políticos para no aplicar el voto electrónico para las elecciones del 2017. Cuestiona a aquellos que han criticado el sistema de voto electrónico porque solo han buscado deslegitimar al CNE. Para noviembre quiere dejar lista la planificación para los comicios.

Llama la atención que después de haber anunciado que casi el 50% del país votaría electrónicamente, se informó que se va a votar de manera tradicional...

Lo que debería llamar la atención es no tomar decisiones planificadas y técnicas. En esa medida estamos pidiendo los insumos a las delegaciones provinciales . Ya hemos hecho varios talleres, pero tengo que recordar el éxito que tuvieron los proyectos de voto electrónico en Azuay y en Santo Domingo de los Tsáchilas, en las seccionales del 2014. Son dos proyectos reconocidos por los actores políticos. No hubo una sola impugnación, apelación ni reconteo de votos. Eso nos permitió entregar resultados en dos horas de prefectos, alcaldes, concejales y juntas parroquiales.

Si fue exitoso, ¿por qué no aplicarlo en el 2017?

Hay tres argumentos. Dentro de nuestra planificación operativo-electoral, tenemos que aprobar la planificación de las elecciones un año antes, hasta febrero del 2016. Pero nos hemos propuesto la meta que sea en este mismo año, en noviembre. En ese análisis que hemos hecho, más allá de que se piense que es un retroceso, influyeron temas económicos y la coyuntura.

¿Cuál fue la conclusión?

Uno es el tipo de elección. Esta será diferente al del 2014 porque será de carácter nacional. Si aplicamos el voto electrónico en dos, tres o cuatro provincias, no se puede entregar resultados y por lo tanto serían solamente parte de una estadística. Tendríamos que esperar la votación tradicional de las otras provincias para la entrega de resultados.

¿Cómo afectaría eso?

El impacto del voto electrónico terminaría revirtiendo lo que es su ventaja mayor: la entrega de resultados oportunos y confiables. Al ser una elección de presidente, vicepresidente, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y provinciales, cambia rotundamente el escenario de análisis del voto electrónico. Nosotros creemos que debemos tener un solo tipo de votación para el 2017: el tradicional.

Mucho se dijo del componente económico para tomar esta decisión...

Va de la mano del argumento técnico. Hemos implementado una política de austeridad. Gastar varios millones de dólares en un voto electrónico sabiendo que tenemos que esperar toda la votación nacional para la entrega de resultados, habría sido no ser coherentes con las políticas de austeridad. No se puede invertir en un proyecto que no tendría impacto por el tipo de votación.

También hay argumentos políticos que cuestionan la fiabilidad del sistema...

Hay actores que han reconocido el voto electrónico como proyecto emblemático. Otros han hecho sus críticas, algunos propositivas y constructivas. En el Consejo Consultivo con las organizaciones política se establecieron algunas preocupaciones con respecto al voto electrónico. Otros, en cambio, quieren deslegitimar la institucionalidad y recurren al pretexto de que con el voto electrónico se podría generar algún tipo de alteración a la voluntad popular.

¿Qué se ha hecho para desvirtuar ese pretexto?

Nosotros creemos que en las 24 provincias se vote de forma tradicional en el 2017. Eso nos permitirá trabajar en mejoras de prácticas electorales, controles de calidad, mejoramiento del proceso y concentrarnos en trabajar en la entrega de resultados. En el último proceso tuvimos provincias que entregaron resultados en dos horas y otros en 20 días. Nos concentraremos a trabajar para mejorar esa práctica electoral bajo una política de puertas abiertas y de transparencia, como en la consulta de La Manga del Cura y en la verificación de firmas para las nuevas organizaciones políticas.

¿Por qué el CNE tuvo que tomar en cuenta estas sospechas de los actores políticos sobre la poca fiabilidad del voto electrónico?

No es un tema de dar gusto. Hay que establecer puentes de diálogo en los que cada uno mantenga su rol. El CNE tiene uno muy claro: la rectoría del sistema electoral y el sistema político. Las organizaciones cumplen su rol particular, pero no podemos construir procesos electorales sin organizaciones políticas, el pilar fundamental de la democracia. Ningún organismo electoral debe tener miedo a los debates, a los disensos y a las críticas, pero sí debe exigir que sean de forma propositiva. En Azuay firmamos un acuerdo histórico por la democracia, la transparencia y el apoyo de las organizaciones al voto electrónico. El CNE tiene que invitar a los actores para que conozcan cuál es la mejora y que sea primero conocida y validada y que el CNE tenga capacidad de implementarla.

Se ha cuestionado mucho la independencia del CNE respecto al Ejecutivo y al uso que se podría dar al voto electrónico. Además, las críticas dicen que es un organismo poco confiable...

El voto electrónico tiene que ser un proceso que fortalezca el sistema electoral ecuatoriano. El voto, para la Constitución, es libre, universal, pero también secreto. Y es escrutado públicamente. Esos principios tienen que ser respetados sea cual fuere el sistema de votación. Eso que se ha querido esgrimir no son nada más que falacias para dañar la legitimidad del CNE. Claro que hay debilidades y hay que convertirlas en fortalezas, que también tenemos. Pero el CNE jamás ha irrespetado la voluntad de la gente. A nadie le queda duda que los procesos electorales (2013 y 2014) son el reflejo de la más alta pluralidad política y nadie pudo hablar de fraude.

Hoja de vida
Es abogado. Se dedicó a la mediación en su ejercicio profesional. También fue secretario de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea entre los años 2009 y 2011.

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