A mediados de julio de 2014, LA NACIÓN recibió el primer aviso: un periodista del diario tendría acceso a las decenas de miles de cuentas bancarias que el técnico informático Hervé Falciani extrajo del HSBC.
En septiembre de ese mismo año, Hugo Alconada Mon se reunió con una veintena de colegas de todo el mundo en París. Todos estaban allí como integrantes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), al que sólo se puede ingresar por la elección de sus actuales miembros.
En la redacción de Le Monde se acordaron algunas pautas sobre cómo se avanzaría con la investigación grupal y ciertas fechas clave.
Entre otras, se estableció la fecha de publicación, que se fijó para la primera o segunda semana de febrero de 2015. A los pocos días, un equipo de periodistas de LA NACIÓN comenzó a analizar 3,3 gigas de información junto al equipo de LA NACIÓN data. Fueron seis meses de trabajo.
ICIJ enroló a más de 140 periodistas de 50 medios de todo el mundo, como por ejemplo Le Monde (Francia), la BBC (Inglaterra), 60 Minutes (CBS, Estados Unidos), Süddeutsche Zeitung (Alemania), LA NACIÓN y Clarín, entre otros, para que la filtración de la información tuviera réplicas transnacionales.
Mientras se encaminaba la investigación global, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) obtuvo también una copia de las cuentas del HSBC, aunque acotada a los casos de la Argentina, y la filtró casi de inmediato, mientras la presidenta Cristina Kirchner afrontaba serios problemas por la difusión de datos sobre los vínculos entre su sociedad Hotesur y el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
LA NACIÓN consultó entonces a los coordinadores del ICIJ, radicados en Washington, para saber si también podía comenzar a publicar la información. La respuesta, el 27 de noviembre del año pasado, fue negativa: debía respetarse lo que en términos periodísticos se llama “embargo”. Es decir, esperar hasta una cierta fecha para publicar en forma conjunta todos los datos.
Compromiso inicial
“Éste fue el compromiso inicial y es lo que les pedimos aún en circunstancias apremiantes”, indicó una directiva de ICIJ.
“El trabajo de muchos meses será infinitamente mejor, más profundo y relevante que entrar en una guerra de nombres y apellidos con el Gobierno (argentino)”, argumentaron.
Así, mientras el gobierno argentino filtraba ciertos datos -parciales y de manera interesada-, este diario debió mantener bajo reserva la información con que contaba y analizaba desde hacía meses.
Fruto de todo ese análisis de mucho tiempo de trabajo, LA NACIÓN también tomó la decisión de sólo publicar ciertos nombres -por tratarse de figuras públicas o empresas de renombre, con montos elevados en Suiza-, pero mantener en reserva la de cientos de personas sin connotación pública conocida..