7 de enero de 2016 00:00

Enmiendas: 2 nuevas demandas irán a la Corte Constitucional

El Pleno de la Corte Constitucional, presidido por Alfredo Ruiz desde noviembre pasado, tiene a su cargo resolver las demandas de inconstitucionalidad sobre las enmiendas. Foto: Flickr Corte Constitucional

El Pleno de la Corte Constitucional, presidido por Alfredo Ruiz desde noviembre pasado, tiene a su cargo resolver las demandas de inconstitucionalidad sobre las enmiendas. Foto: Flickr Corte Constitucional

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Ana María Carvajal

Hasta el próximo 21 de enero se podrá ingresar demandas de inconstitucionalidad con respecto del paquete de 15 enmiendas que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional el pasado 3 de diciembre.

A partir de su publicación en el Registro Oficial, el 21 de diciembre, se inició un plazo de 30 días. Hasta el momento, ya se han presentado tres demandas en la Corte Constitucional: de Unidad Popular (UP), la Contraloría General del Estado y del Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales. Además, el asambleísta Luis Fernando Torres confirmó que en los próximos días entregaría su demanda; el movimiento Democracia Sí se inclina por las consultas populares para resolver el tema.

Estaba previsto que el Parlamento Laboral presente hoy (7 de enero del 2016) su demanda sobre las restricciones a la contratación colectiva, pero ayer, durante una reunión del colectivo, Jaime Arciniega, uno de sus miembros, informó que había mocionado que la demanda sea presentada al final de la semana. Al cierre de esta edición aún no había definiciones al respecto.

Aunque aún se pueden presentar más demandas, para el abogado constitucionalista Héctor Yépez las posibilidades de que la Corte Constitucional las acepte son bajas por “la falta de independencia que ha demostrado esa institución frente a la función ejecutiva”.

Según su criterio, si la Corte fuese independiente, no se habría iniciado el proceso, porque algunas son reformas a la Constitución y no enmiendas. No debían ser aprobadas “en la Asamblea y a espaldas del pueblo. Lo constitucional era que la mayoría de estos cambios se consulten a la ciudadanía de manera democrática”.

El asambleísta Torres (PSC-Madera de Guerrero) afirma que su demanda está en proceso y es diferente a las que ya se han presentado. “Será una demanda por la forma, cuestionando los cambios hechos e inclusive la competencia de la Asamblea para aprobar varias de las enmiendas”.

Pero otras, como la de Unidad Popular, ya están en la Corte. Geovanny Atarihuana, su director nacional, dijo que se aplicaba sobre todo el paquete en general, porque “cuando se cambia la estructura del Estado o se cambian derechos, la vía no son las enmiendas sino una consulta popular y hasta una constituyente”.

Además, UP presentará una recusación a los jueces titulares de la Corte, porque según Atarihuana, ellos ya se han pronunciado públicamente sobre las enmiendas y no pueden conocer ninguna demanda sobre el tema.

En particular, el proceso se inició en contra de cinco enmiendas: la de la reelección indefinida, por afectar el principio de alternabilidad y participación democrática;las de la comunicación como servicio público, la que modifica las funciones de las Fuerzas Armadas, la que restringe la aplicación de consultas populares y la que descarta la contratación colectiva, porque restringen derechos fundamentales.


“Estos cambios restringen libertades y derechos, violando el principio básico de la progresividad. Por doctrina debe ser hacia adelante y nunca para atrás”, sostiene Atarihuana.

Al respecto, Yépez considera que en varias enmiendas se plantean restricciones de derechos humanos que no pueden aprobarse ni por enmienda ni por reforma, porque lo prohíbe la Constitución.

Existe preocupación sobre la enmienda que afecta a las funciones de la Contraloría General del Estado. De hecho, el mismo contralor Carlos Pólit entregó una demanda en contra de los cambios que en los artículos 211 y 212 de la Carta Magna.

Estas impiden al ente regulador auditar el cumplimiento de objetivos de las entidades públicas y las que ofrecen servicios al Estado.

El argumento del Contralor es que no se puede controlar el uso de los recursos públicos si no se puede evaluar también la gestión para invertirlos.

Otros, como el movimiento Democracia Sí, se inclinan por el camino de la consulta popular. La agrupación ingresó un pedido en diciembre del 2014 que no fue admitido. Luego presentó otro en abril del 2015 e insistió en él en octubre y diciembre. “Las siete preguntas que hicimos están dirigidas a proteger la permanencia de la norma constitucional”.

Además, Marcelo Larrea, dirigente del movimiento, asegura que se está estudiando otro proyecto de consulta con el propósito de archivar y derogar las enmiendas, “porque consideramos que son regresivas en la evolución jurídica del país, suprimen derechos fundamentales y diseñan un modelo de estado autoritario”.

5 Enmiendas están en la demanda de UP, liderado por Geovanny Atarihuana: reelección, laboral, FF.AA., consultas populares y comunicación como servicio público.

1 Demanda prepara el asambleísta Luis Fernando Torres, por la forma. Allí cuestionará los cambios sobre el texto y la competencia de la Asamblea para hacerlos.

14 Enmiendas forman parte de la demanda de los movimientos sociales. La presentó Pablo Serrano del FUT. Solo se excluye aquella sobre previsión social.

2 Artículos constan en la demanda de inconstitucionalidad del contralor Carlos Pólit. Expuso su preocupación sobre el tema antes de quese aprobaran las enmiendas.

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