12 de November de 2014 21:09

La enmienda sobre la consulta pasó sin el sustento escrito de Alianza País

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Estefanía Celi R. Redactora
politica@elcomercio.com (I)

El documento, de 31 páginas que Alianza País presentó en junio pasado, no contiene la argumentación para una de las 16 enmiendas que aprobó la Corte Constitucional. Es la que tiene que ver con la consulta popular de iniciativa ciudadana.

El oficialismo busca eliminar la frase “sobre cualquier asunto” en el texto que establece este mecanismo de democracia participativa que establece la Constitución de Montecristi.

La Ley de Control Constitucional, en su artículo 100 señala que todo proyecto de enmienda o reforma constitucional deberá anexar un escrito en el que sugiera el procedimiento a seguir y “las razones de derecho que justifican esta opción”.

Pero a pesar de que el proyecto de Alianza País no da ningún argumento que justifique este cambio, la CC dio luz verde a este y otros 15 cambios que impulsa el oficialismo.

El presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, señala que este incumplimiento de la ley no fue motivo para negar la enmienda porque se aceptó la argumentación presentada en la audiencia pública.

“El proceso de argumentación es durante todo el trámite. Usted, cuando va a hacer el estudio de admisibilidad, hace estudio de forma. No se hace pronunciamiento sobre el fondo y el pronunciarse sobre lo que usted dice es pronunciamiento de fondo” (sic), señala Pazmiño.

Sin embargo, para el constitucionalista Jorge Alvear esta actuación de la Corte es un “pecado capital”, pues se está pasando por encima de la Ley de Control Constitucional, que es la que rige su actuación. “El procedimiento es formalista y si la ley establece que junto al texto hay que poner las razones jurídicas, la CC no podía inventarlas”, señala.

El jurista señala, además, que este tema, como expresa Pazmiño, no se podía resolver en la sala de admisión, sino que era tarea de la jueza ponente, la magistrada Wendy Molina.

La discusión se da en un panorama político complejo, pues mientras se analiza en la Asamblea esta enmienda, la oposición anuncia dos consultas populares justamente para frenar las enmiendas, específicamente la que se refiere a la reelección indefinida.

Sin embargo, Alvear destaca el fallo de la Corte en el sentido de que deja intactos los derechos de los ciudadanos para convocarse a una consulta sobre cualquier materia que no sea tributaria o en lo referente a la administración político administrativa.

“Esa es la parte afortunada del fallo, porque la intención parecía ser en el pedido del dictamen que se limite la consulta ciudadana en otras materias”, asegura.

Sin embargo, Xavier Buendía, presidente del Centro de Observación Ciudadana, aún tiene dudas de que se busque restringir el derecho a la consulta popular establecido en la Constitución. “La eliminación de la frase ‘sobre cualquier asunto’, contemplado en el artículo 104, va en contra del propio espíritu de la Constitución, que señala que no se puede ir en contra de la progresividad de los derechos”. Por ello, considera que esta enmienda sería una regresión.

Buendía cita el caso de Yasunidos, que tuvo la iniciativa de convocar a las urnas a los ciudadanos para que decidan sobre la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní. Para él, este fue el antecedente que impulsó esta enmienda, pues el movimiento logró las firmas necesarias pero no pasaron la verificación del CNE.

Quimsacocha

La comunidad azuaya de Quimsacocha espera desde el 2012 un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre una consulta popular en la zona sobre la explotación minera. El 2 de octubre del 2011 se realizó una consulta comunitaria sin carácter oficial y por lo tanto no vinculante, que contó con veedores internacionales. El 93% de los pobladores de Tarqui y Victoria de Portete se pronunció en contra de la actividad minera. Fue la primera consulta de carácter comunitario que se realizaba sin iniciativa ni aportes del Estado, pero fue deslegitimada por las autoridades. Este proceso motivó a la Federación de Organizaciones del Azuay y a la Ecuarunari a pedir ante el CNE una consulta oficial, que hasta ahora no procede. 

La Concordia

El 5 de febrero de 2012 se realizó una consulta popular para definir si este cantón pertenece a Esmeraldas o a Santo Domingo. El MPD defendió al cantón en Esmeraldas, mientras que País buscaba que pase a Santo Domingo. El cantón originalmente pertenecía a Esmeraldas, pero con la consulta, el 64,92% de votantes (15 084) escogió ser parte de Santo Domingo de los Tsáchilas. Mientras, el 27,78% de la población (6 456 votos) decidió permanecer en Esmeraldas. La consulta fue llamada por iniciativa del presidente Rafael Correa, quien en el 2011 firmó el Decreto Ejecutivo 946, que dio luz verde a la iniciativa, a pesar de la oposición de algunos líderes locales. Sin embargo, después de la consulta, los habitantes.

Yasunidos

El colectivo Yasunidos presentó una iniciativa de consulta popular después de que el presidente Rafael Correa declarara de interés nacional la explotación petrolera de los bloques 43 y 31, ubicados dentro del Parque Nacional Yasuní. Los voluntarios de Yasunidos recogieron 757 623 firmas, que presentaron ante el Consejo Nacional Electoral para su validación. No obstante, tras el análisis y verificación de ese organismo, el CNE no calificó las firmas suficientes, con lo que la iniciativa no prosperó. De su lado, el colectivo Yasuní Vive, cercano al Gobierno y liderado por alcaldes de Alianza País, también recogió las firmas pero, al retirarse la iniciativa de Yasunidos, no las entregaron al CNE sino al presidente Rafael Correa, en un acto masivo en la Plaza de la Independencia.

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