28 de noviembre de 2017 21:28

El endeudamiento se discutió en el primer día de debate de la Pro forma 2018

Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico, aseguró que la Pro forma alcanza los USD 34 818 millones. Foto: Pavel Calahorrano/ EL COMERCIO

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Evelyn Tapia
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El debate para aprobar la Pro forma 2018, que inició este martes 28 de noviembre del 2017, se suspendió luego de la intervención de 12 asambleístas. Está previsto que el análisis del documento continúe mañana miércoles en la Asamblea.

Durante su intervención, Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico, destacó que la Pro forma alcanza los USD 34 818 millones, lo que representa una reducción de 5,34% en relación a la Pro forma presentada para este año.

Además, Muñoz añadió que cumple la regla fiscal, puesto que los ingresos permanentes son USD 627,69 millones superiores a los gastos permanentes.

Mientras que Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, señaló que le preocupa la proyección de ingresos permanentes en la Pro forma, que están en el orden de los USD
21 552 millones, pues según el legislador, hay una sobreestimación de USD 700 millones.

El asambleísta indicó que esa sobreestimación dificultaría que se cubran los gastos permanentes que se estiman en USD 20 924 millones. “Es importante determinar cómo se va a financiar el arrastre de obras. Por ejemplo, el Hospital de Ambato que debió costar USD 39 millones aún no concluye y terminaría costando USD 95 millones. En todas las provincias y en todo el país hay una serie de obras inconclusas que debemos ver cómo van a financiarse”, criticó Torres.

La bancada de oposición también cuestionó temas como las necesidades financiamiento que para el 2018 estarían en el orden de los USD 8 000 millones, así como el monto de la deuda pública.

Con el decreto que reforma el reglamento general del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, aprobado en octubre del 2016 por el expresidente Correa, las deudas entre entidades del Estado ya no se contabilizan en el total del endeudamiento público.

La decisión se tomó en momentos en que el país estaba próximo a alcanzar el techo del 40% de endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto (PIB) que establece el Código.

“No puede ser que las obligaciones con instituciones del Estado no sean deudas. Son responsabilidades que se tienen con cumplir. Hay un error en ese reglamento. La deuda con el IESS, por ejemplo, si no lo pagan están llevando al descalabro del seguro social”, dijo Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática.

Mientras que Mae Montaño, de Creo, indicó que su bloque no puede aprobar una Pro forma que no cumple la norma constitucional de endeudamiento.

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