12 de December de 2009 00:00

Las emisoras apelarán el dictamen

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Redacción Política

El informe de auditoría de frecuencias en período 2003-2005, elaborado por la Contraloría   fue clave para iniciar el proceso de cancelación de los contratos de siete radioemisoras. La razón: el reporte es vinculante y obligatorio.

En los últimos cuatro años, tres instituciones han hecho auditorías sobre las concesiones de frecuencias en el país. Ellas son la Secretaría Nacional de Transparencia, la Comisión Auditora de las Concesiones y la Contraloría.



Los informes
La  Contraloría   General del Estado encontró  un  total de  1  583 irregularidades en  frecuencias de radio y televisión, otorgadas por el desaparecido Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel),   entre  enero de 2003 y mayo de 2005.
La Contraloría señala 127 concesiones sin contratos y 42 sin los estudios de ingeniería. Se autorizaron 31 cambios de matrices a repetidoras y viceversa, 370 renovaciones automáticas y 127 devoluciones de frecuencias.  
 El informe de la Comisión Auditora de frecuencias  puntualiza que de 1995  a 2008,  de las 1  637 concesiones entregadas,  261  son clandestinas y 276 tienen contratos vencidos.  370 renovaciones automáticas  y 127 concesiones-devoluciones de frecuencias. De ese documento se expiden 200 recomendaciones para revertir las frecuencias.

Roberto Aspiazu, miembro del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), explicó que el  tercer reporte  fue usado para precisar  las emisoras que supuestamente consiguieron sus   concesiones sin presentar los informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel).

Sin embargo, Aspiazu señaló que para iniciar el expediente a las emisoras se hizo un estudio de cada caso, porque el informe de Controlaría, si bien es vinculante,  no es infalible. Y,  a la hora de tomar decisiones,  se analizaron también   los otros informes. 

 El titular de la Comisión Auditora de Frecuencias, Guillermo Navarro, está en contra del inicio del proceso para revertir las siete frecuencias.  Él cree  que el traspaso de competencias del desaparecido Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) al nuevo organismo fue   inconstitucional.

 Explicó que mediante  un Decreto Ejecutivo no se puede cambiar la Ley de Radio y Televisión, que entregó la potestad al Conatel para sancionar a quienes incumplan la norma.  “La Constitución es muy clara  al señalar que la única entidad que puede expedir leyes es la Asamblea Nacional. Eso no se puede  hacer a través de Decreto y todo es inconstitucional”, manifestó Navarro.  

Sin embargo,  Jorge Glas, ministro de Telecomunicaciones, dijo que la decisión es legal. “Lo que estamos haciendo  es evacuar toda esa información dentro del marco jurídico vigente, pero primero tenemos la obligación de acoger todas las recomendaciones  de la Contraloría”.

El Conatel detectó dos grupos de emisoras que presuntamente no cumplieron con los requisitos. El primero habla de  siete  estaciones que no entregaron toda la documentación a Suptel y,  el segundo,  de 13 emisoras y canales de TV que no cumplieron  con los pagos por el alquiler de la frecuencia.

 Uno de los señalados  es  Walter Delgado,  gerente de la Radio Unión 1 490 AM de Esmeraldas. Viajó a Quito apenas se enteró de la disposición del Conatel. Su radio tiene 36 años en el aire y “no ha cometido ningún  ilícito”. 

Según el informe del organismo, esa emisora no  presentó a la Suptel un reporte de cambio de dueños. Delgado explicó que  sí hubo ese relevo, pero fue un  caso de herencia y reconoció que no entregó ese documento. “Era el único que me faltaba”.

  El   principal  de  radio Romina Inicial Clásica, de Bahía de Caráquez (Manabí), Fernando Nevares, también se molestó con la noticia. Dijo que su radio  opera con normalidad  durante 14 años.

 Explicó que siempre tuvo en regla todos sus documentos.  Por ejemplo, el 1 de junio de 2005 le entregaron una escritura pública que certifica que su radio ha cumplido con todas las obligaciones legales y económicas.

   El enojo de Nevares fue evidente y aseguró que desde el año pasado tratan de incluirlo en ese listado de emisoras incumplidas. “Ya envié en 2009 las pruebas de descargo con toda la documentación requerida y me llaman nuevamente... No sé qué pasa”.

Ante esa clase de denuncias,   Aspiazu informó que los  propietarios de las emisoras tienen la posibilidad de presentar pruebas de descargo para garantizar la transparencia del  proceso. Ellos tienen un plazo de 30 días.

El  segundo grupo de empresas auditadas corresponde a las que deben  más de seis meses el alquiler de la concesión. Los propietarios de estos  medios también  tendrán 30 días para cancelar sus deudas.

Miguel Villavicencio, administrador de Radio  Popular Independiente de Cuenca, afirma que debía USD 900, y que pagó esa cantidad un día después de aparecer en ese listado. No obstante, espera la  notificación para trabajar con normalidad.      

El costo del alquiler depende de la cobertura que tiene la emisora. Por ejemplo, las  nacionales y provinciales cancelan  USD 150 cada mes; mientras que las estaciones de baja potencia deben pagar mínimo USD 30. Esas son tarifas preestablecidas. 

 En tanto,  las  autoridades del  Conatel, presididas por Jorge Glas, anunciaron que la investigación de las irregularidades en la entrega de frecuencias continuará y no se descartan  que se abran nuevos procesos administrativos en  contra de  otras estaciones. La próxima reunión del Directorio se realizará en 15 días.

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