En las proximidades del destacamento Teniente Ortiz, muy cerca de Perú, en la mitad de la selva, el calor es insoportable. Pero Ángel Alomoto, un cabo del Arma de Ingeniería del Ejército, parece no inmutarse, concentrado en hundir en el fango una sonda, en la búsqueda manual de una mina antipersonal.
Su misión es delicada y conlleva riesgo, por eso encima de su traje de camuflaje lleva una armadura de 14 kilos, hecha de kevlar -aleación metálica capaz de contener la onda de un explosivo-. Él lo sabe, porque desactivó minas en pleno conflicto.
Alomoto desminó el destacamento Cóndor Mirador en 1995, al final del conflicto bélico con Perú. No utilizaba sondas, sino que pasaba un rastrillo y luego incrustaba su machete para sacar las minas, sin vestir armaduras. Tras la firma de la paz, en 1998, no solo que recibió su traje de protección, sino también cursos de desminado, impartidos por la OEA a 900 militares de la Brigada de Ingenieros.
La meta del Ejército es liberar los territorios de Morona Santiago de minas antipersonales. En el sector hay letreros con el mensaje ‘tiwi’, que significa peligro en shuar, porque en la zona habitan indígenas de Kaputna, que viven de actividades de pesca y caza.
‘La prensa ha sido nuestra aliada para defender los DD.HH.’
ENTREVISTA A JAIRO GARCÍA
ACTIVISTA EN DERECHOS HUMANOS
Redacción Tulcán
Usted, como representante de los Derechos Humanos, ¿cómo ha seguido el debate de la Ley de Comunicación? ¿Cree que es vital esa norma?
Las leyes deben ser creadas para llenar un requerimiento y necesidad de la colectividad. No solo del Gobierno de turno. Los defensores de los derechos, tanto colectivos como individuales, estamos convencidos de que las instituciones públicas y privadas deben trabajar en conjunto.
¿Está de acuerdo con que se cree un Consejo de Comunicación para que regule a los medios de prensa?
No. Sorprende que en el proyecto de ley Comunicación se quiera crear una instancia con estas características. Si se mantiene el proyecto que fue presentado por la comisión, ese Consejo se convertiría en mordaza para los comunicadores. No puede haber instancias paralelas que puedan sancionar. No es ético.
¿Por qué?
Tenemos organismos que administran justicia y, aunque sean débiles, son los que poseemos. No podemos crear consejos paralelos que puedan regular y sancionar a los medios. La creación de un Consejo que tenga esas características es un riesgo. Cualquier gobierno podrá usar ese organismo de acuerdo con sus intereses políticos.
El proyecto legal contempla la posibilidad de que el Estado obligue a los medios a un registro. ¿Cree que atenta contra la libertad de expresión?
No está claro para qué se quiere un registro de los medios de comunicación. Tengo la impresión de lo que se pretende es mantener el control,
poner una especie de censura a los medios de comunicación y también para sus periodistas. El registro también sería peligroso para la libertad.
¿Usted siente que los medios de comunicación nacionales responden a intereses económicos o políticos, como ha sido el cuestionamiento permanente del presidente Rafael Correa?
Para nosotros los medios de comunicación: televisivos, radiales y escritos han sido un puente de comunicación entre la colectividad y los organismo de derechos humanos. Por ejemplo, a través de los medios se han podido denunciar abusos, atropellos que se han cometido en contra de nuestros compatriotas en Colombia. Quienes somos activistas de los Derechos Humanos en Carchi consideramos a los medios de comunicación como nuestros aliados.
Pero esa no es opinión del Gobierno. ¿Usted cree que eso afecta a la prensa?
Por unos pocos medios que pueden responder a ciertos intereses no se puede crear una Ley general que pudiera afectar a todas las personas que realizan periodismo. La gente necesita estar bien informada y por eso acudimos a los medios para sentirnos representados y para conocer que nuestros problemas se escuchen.
¿Cuál ha sido el aporte de los medios en relación con los temas de DD.HH.?
Los medios de comunicación nos han dado todo el apoyo y nos han permitido difundir nuestras actividades masivamente. Nos han ayudado para rechazar la violencia y han presionado a las autoridades para que se investiguen asesinatos y desapariciones.
¿Los organismos de derechos humanos no tienen una espacio permanente para que se conozca su trabajo ?
Por ejemplo, en la provincia no hay un medio de comunicación oficial del Gobierno que se identifique con nuestros requerimientos. Si se hace una encuesta, las radios del Gobierno y los canales son menos sintonizados porque tienen una información direccionada a los intereses del actual Mandatario. La gente quiere sentirse identificada dentro de un colectivo social.
¿Por qué no han exigido un espacio en los medios de comunicación estatales?
Más que exigir tenemos derechos y sería beneficioso que a través de un medio del Estado se pueda difundir lo que hacemos para beneficiar a la colectividad. Actualmente, los medios a los que el Presidente de la República califica de privados son los únicos que nos dan la mano. Del Gobierno no se ha recibido nada.
¿Qué debería contener la Ley de Comunicación?
Esta norma, como otras, se olvida de que lo principal es el ser humano. Por ejemplo, en estas zonas fronterizas las leyes no se discuten abiertamente con los actores sociales, como se lo hace en Quito. A las provincias de frontera solo llegan los textos con las resoluciones. No se habla con la gente, no se escuchan sus pedidos, no se discute sino que se impone y eso es atentar contra la libertad y los derechos humanos
¿Usted como activista cree que las Leyes ya promulgadas se cumplen en el país?
No y creo que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Somos reconocidos como una nación pluricultural que cobija a todos los estamentos del Estado. Para la creación de las nuevas leyes debe primar los requerimientos de la colectividad.